La científica que denunció los contratos ilegales gana su batalla judicial

La científica Cristina García acaba de conseguir una victoria agridulce en su batalla legal contra el Estado. Esta licenciada en química especialista en protección radiológica trabajó durante una década en el Centro de Investigaciones Energéticas, Tecnológicas y Medioambientales (Ciemat), uno de los siete organismos públicos de investigación que dependen del Ministerio De Economía. Llegó a ser supervisora de dos de sus laboratorios, entre ellos el que calibra las máquinas de radioterapia que se usan en muchos hospitales para tratar a enfermos de cáncer. Durante una década encadenó contratos temporales con cargo a diferentes proyectos de investigación. En 2016, cuando expiraba su último contrato y sin tener la garantía de que tendría uno nuevo, la científica denunció su situación. Los tribunales declararon sus contratos en fraude de ley y condenaron al Ciemat a indemnizarla o readmitirla.

Su caso no es ni mucho menos único, pero sí especial. Hay cientos de sentencias similares que han dado la razón a los denunciantes. En el Ciemat hay varios casos parecidos pero muy pocos deciden dar la cara por miedo a represalias o a quedarse en el paro.

Tras la primera sentencia favorable, la abogacía del Estado recurrió en representación del Ciemat. Uno de los argumentos de la abogacía del Estado fue que la ley de la ciencia ampara este tipo de contratos. Esta norma, aprobada en 2011, hace ciertas excepciones al estatuto de los trabajadores para que científicos y técnicos puedan encadenar contratos temporales. Ahora, el tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado el recurso de los abogados del Estado. Su fallo, tomado el pasado miércoles, confirma que el contrato de García está en fraude de ley y condena a la Administración a abonar las costas del letrado de García, de 400 euros.

Decidí contar mi caso porque no quiero que esto le pase a otra gente, algo tiene que cambiar, hay que modificar las leyes

La decisión del tribunal confirma que García tendrá que ser readmitida o indemnizada por despido improcedente. Fuentes del Ciemat han explicado hoy que aún no han recibido la notificación de la sentencia y que hasta que eso suceda no se comunicará a García la decisión del centro.

La sentencia se puede recurrir ante el Tribunal Supremo. “Para conseguir que se admita a trámite un recurso como este hay que demostrar que hay una sentencia previa de un caso idéntico pero de fallo contrario, generalmente nunca se recurren casos así”, explica Raúl Maíllo, letrado de García.

La falta de nuevas plazas fijas y los recortes en los presupuestos de investigación han favorecido que esta situación se agrave. El a veces complicado encaje del trabajo científico dentro de la normativa de la Administración y la creciente fiscalización por parte del Ministerio de Hacienda han recrudecido la situación de algunos científicos y técnicos. El problema supone además un creciente coste para las arcas públicas. En 2016, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), contabilizó un total de 617 readmisiones por sentencia entre sus trabajadores que supusieron un coste de 2,6 millones de euros. En el Ciemat, en 2017 hubo unas 30 denuncias y un tercio de los demandantes tuvieron que ser readmitidos.

“Decidí contar mi caso porque no quiero que esto mismo le pase a otra gente, algo tiene que cambiar, hay que modificar las leyes”, explica García, de 44 años y con una hija de menos de un año de edad. Su situación es algo menos crítica desde que decidió denunciar, pues acaba de encontrar un puesto de trabajo como especialista en protección radiológica en otro centro de investigación, en principio con un contrato temporal de cuatro años.