Egipto declara la guerra a la BBC por un reportaje crítico
El Gobierno ordena a las fuentes oficiales que boicoteen a la cadena por denunciar abusos
El Gobierno egipcio se ha aplicado aquella máxima futbolística de Johan Cruyff de que “la mejor defensa es un buen ataque”. Después de reaccionar habitualmente a la defensiva después de cada reportaje o informe sobre las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos que cometen sus fuerzas de seguridad, ampliamente documentadas por ONG locales e internacionales, el régimen de Al Sisi ha pasado a la ofensiva. Tras la emisión del reportaje multimedia La sombra sobre Egipto por parte la cadena BBC, en la que los familiares y abogados de personas desaparecidas o torturadas cuentan sus historias, las autoridades egipcias no solo lo han calificado de “fabricación”, sino que han instado a todas las fuentes oficiales a boicotear a la cadena negándose a ofrecer ninguna declaración.
La airada reacción egipcia llegó después de que un conocido programa de la televisión egipcia emitiera una entrevista con una joven cuya madre había asegurado en el reportaje de la BBC que había sido víctima de una desaparición forzosa y de torturas desde el pasado mes de abril. La chica, llamada Zubeida, afirmó que hace un año que no habla con su madre y que vive con su marido y su hijo. Según su versión, fue detenida durante cuatro meses en 2014 junto con su madre por participar en una manifestación antigubernamental, pero no sufrió abusos en la cárcel. Por su parte, la BBC ha expresado su confianza en la integridad periodística de los reporteros que realizaron el reportaje.
El fiscal general ya ha aprovechado la polémica para ordenar medidas contra los medios que publican noticias falsas, lo que pueden representar una nueva vuelta de tuerca en el acoso a la prensa independiente en un país considerado de los más peligrosos del mundo para la prensa. Más allá de cuál sea la historia real de Zubeida, es curioso ver el celo de la fiscalía en combatir las “noticias falsas”, mientras ignora las desapariciones forzadas, una práctica ilegal según la Constitución de 2014.
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