La Cooperación Española debe mojarse

La situación difícilmente entendible de la Cooperación Española en agua y saneamiento parece estar echando por tierra los resultados, capacidades y aprendizajes acumulados. En la última década, España ha tenido un papel destacado entre la comunidad internacional de desarrollo en el ámbito del agua. Durante años ha liderado, junto con Alemania, el impulso y reconocimiento de los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento en Naciones Unidas, y apoyado los mandatos de dos Relatores Especiales sobre estos derechos humanos. Los 1.500 millones de dólares comprometidos a finales de 2007 a través del Fondo de Cooperación en Agua y Saneamiento en América Latina (FCAS), aunque todavía no totalmente ejecutados, han situado a España como uno de los donantes de referencia a nivel global en la promoción del acceso universal al agua y al saneamiento, al tiempo que han permitido acumular experiencia y aprendizajes de considerable valor.

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En lugar de aprovechar las capacidades y nivel de influencia atesorados para profundizar y extender su compromiso con las metas de agua y saneamiento de la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los últimos años, la contribución española ha ido adelgazando de manera desproporcionada hasta convertirse en una “política demacrada”. Lo ha hecho con la excusa de la crisis. Esta situación coloca a la Cooperación Española ante un futuro incierto que requiere un tratamiento revulsivo urgente para evitar, en este como en otros ámbitos, la muerte clínica.

Según WASHwatch, entre 2008 y 2015 España redujo en más de un 90 % su inversión anual en cooperación en agua y saneamiento, tendencia que ha continuado en los últimos años y que no parece remontar. A esto se suma la incertidumbre actual que se desprende del nuevo Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021 que, en lo referente a agua y saneamiento, no parece haber tenido demasiado en cuenta la experiencia adquirida por los propios equipos de la Cooperación Española en sede y en terreno.

La apuesta del Plan Director por una priorización de la construcción de infraestructuras contradice lo señalado en la evaluación intermedia del FCAS, que evidencia la condición necesaria de las infraestructuras, pero insuficiente para garantizar el acceso de los más vulnerables a agua y saneamiento. Olvidar, por tanto, cuestiones como el fortalecimiento institucional, la igualdad de género, el desarrollo comunitario o la protección de los recursos hídricos puede llevar a la Cooperación Española a retroceder años y no orientar adecuadamente sus intervenciones hacia resultados eficaces y sostenibles que pongan a las personas en el centro.

Tampoco en el pronóstico resulta alentadora la prioridad que se le quiere dar a la financiación no reembolsable para apalancar créditos a países de rentas medias, en lugar de orientar preferentemente los recursos a los países más pobres. Esto desvirtúa la lógica que debe impulsar a la Cooperación Española como impulsora de reducción de la pobreza y garante de los derechos humanos, poniendo el foco en los colectivos más vulnerables. Esto ha pasado en parte de la cartera de proyectos del FCAS, y amenaza con acentuarse si el Fondo para la Promoción del Desarrollo pasa a ocupar un lugar preponderante en la cooperación frente a instrumentos y programas más orientados a los países más vulnerables.

Por estos y otros motivos, evitar la muerte clínica de la Cooperación Española en agua y saneamiento pasa por que esta ejecute la totalidad de la financiación comprometida para el FCAS y que todas las acciones promovidas se desarrollen desde un enfoque basado en derechos humanos. Parte fundamental del tratamiento de choque debería reeditar el compromiso de la pasada década con el FCAS y destinar al menos 1000 millones de euros, principalmente de fondos no reembolsables, para que durante la próxima década se implementen programas, además de agua, de saneamiento e higiene, muchas veces en segundo plano, con una clara orientación a las regiones más desfavorecidas, especialmente las zonas rurales de África Subsahariana y los colectivos más vulnerables, prestando especial atención a las mujeres.

Pero también deben impulsarse mejoras cualitativas. Políticas y medidas que promuevan la participación de las poblaciones locales en la toma de decisiones, que aseguren las capacidades locales y la sostenibilidad frente a aquellas centradas únicamente en la inversión en infraestructura. También que limiten el carácter reembolsable de los fondos y que prioricen el saneamiento y la higiene como elementos clave para la igualdad de género, promoviendo el empoderamiento y la participación de las mujeres en las políticas de agua.

Frente a los 2.100 millones y 4.500 millones de personas en el mundo que no tienen acceso, respectivamente, a agua y saneamiento gestionados de forma segura, la Cooperación Española debe mojarse con el ODS6 de agua y saneamiento.

De momento, su situación se encuentra en pronóstico reservado, dentro de la gravedad.