Los misteriosos apagones en Internet cuando se protesta

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En lo que va de año se han documentado en África cortes de Internet, al menos, en Camerún, en la República Democrática del Congo y en Chad. En todos los casos, los apagones han coincidido con protestas en las calles. Se trata de una circunstancia sobre la que incluso las Naciones Unidas han llamado la atención, recordando que el acceso a un Internet libre y seguro tiene la consideración de derecho fundamental y que su protección merece una atención especial. Las organizaciones de defensa de los derechos digitales denuncian que, cuando se apaga internet, lo que las autoridades pretenden es silenciar a los testigos para poder violar otros derechos básicos.

Una de las estrategias más recientes de estas organizaciones es poner el acento sobre las acciones de las empresas implicadas en el suministro de Internet. La ONG Internet Sans Frontières ha publicado recientemente un informe que analiza la actitud de estas empresas en África a la hora de respetar los derechos de los consumidores. Uno de los resultados más preocupantes del informe es que las rutinas de las empresas estudiadas no resisten ni siquiera el examen más superficial. Las pesquisas concluyen que “Orange Senegal y Safaricom no respetan los estándares internacionales, y a veces ni siquiera los nacionales, en materia de protección de la libertad de expresión en línea y la vida privada de los usuarios”.

La organización de defensa de los derechos en internet ha estudiado las dos compañías como referentes en África occidental y oriental. Ambas son filiales de grandes multinacionales con sede en suelo europeo: la francesa Orange, en el primer caso, y la británica Vodafone, en el segundo. Esta relación empresarial con las matrices en los países del norte global, más allá de la fórmula de relación orgánica entre ellas, permite a la organización denunciar, además, un doble rasero con relación al respeto a los derechos humanos. Mientras las empresas de los dos países africanos hacen oídos sordos a los protocolos internacionales y a la normativa nacional sobre la publicidad de las condiciones de uso de sus servicios o la política de privacidad, “estas prácticas se diferencian claramente de las de sus empresas madres”, señala el estudio.

Las rutinas de las empresas estudiadas no resisten ni siquiera el examen más superficial

Preguntados sobre las irregularidades detectadas y denunciadas por Internet Sans Frontières, el servicio de prensa del grupo Sonatel, en representación de Orange Senegal, ha enviado una respuesta a través de correo electrónico a este medio. Asegura que las condiciones generales de venta son comunicadas a los clientes "incluidos los servicios de prepago y Orange Money" y precisa que "tiene en sus agencias comerciales todos los formularios" con estas condiciones, las cuales "se comunican a los clientes en el momento de la suscripción". El texto señala igualmente que "estas condiciones informan a los clientes sobre las modalidades de tratamiento de sus datos personales". En cuanto a la web, la compañía asegura que esas mismas condiciones legales de tratamiento de los datos de los clientes están disponibles en la plataforma digital a través de este enlace que, sin embargo, no funciona. La declaración insiste en que, en todos los contratos con sus proveedores, la compañía "toma garantías sobre la confidencialidad e impone a esos mismos suministradores el compromiso de respeto a la legislación en materia de datos personales de sus clientes". La empresa keniana Safaricom, por su parte, no ha contestado a los requerimientos de este medio.

La comparación se establece sobre la base del Ranking Digital Rights que analiza la actividad de empresas relacionadas con internet de todo el mundo (solo una hasta el momento en todo el continente africano). Internet Sans Frontières ha empleado esa misma metodología, por un lado, para poder establecer una comparación y, por otro, para garantizar el reconocimiento del estudio, en el que también ha contado con la colaboración de la ONG, AccessNow.

Julie Owono, directora ejecutiva de Internet Sans Frontières, explica que esta exigencia de comportamiento ético se enmarca en los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos que, desde que se adoptaron en 2011, establecen las responsabilidades de los Estados y las empresas en la defensa de los derechos humanos. Este documento es tremendamente directo y exige, por ejemplo, que las empresas “eviten que sus propias actividades provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos y hagan frente a esas consecuencias cuando se produzcan”; o bien que “traten de prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos directamente relacionados con operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales, incluso cuando no hayan contribuido a generarlos”.

Y de esta manera Internet Sans Frontières advierte que, al margen de la colaboración con las autoridades, estas empresas de telecomunicaciones no están poniendo las medidas necesarias: “Hemos demostrado que ninguno de los dos operadores objeto de este estudio detalla el proceso interno que se pone en marcha para responder a cualquier petición de suspensión del servicio. Esto es problemático porque los operadores se pueden convertir en cómplices de cortes totales o parciales del acceso a la red de internet, una tendencia que aumenta de manera exponencial en el continente africano”.

En el caso de Senegal, el informe señala tres episodios de persecución por parte de la justicia de actividades en las redes sociales

Durante la investigación, la ONG además ha podido constatar riesgos concretos. En el caso de Senegal, el informe señala tres episodios de persecución por parte de la justicia de actividades en las redes sociales: El caso de la rapera Déesse Major que, en junio de 2016, fue temporalmente arrestada y acusada de atentar contra los valores religiosos y morales de Senegal a causa del tamaño del escote y de los pantalones que lucía en un vídeo colgado en Snapchat: en mayo de 2017, cuatro jóvenes eran detenidos por ultraje al presidente de la República después de haber compartido en un grupo de WhatsApp un fotomontaje de Macky Sall. Finalmente, en agosto de 2017 otra cantante, Amy Collé Dieng, fue también arrestada con la acusación de haber ofendido al jefe del Estado y de difundir noticias falsas después de compartir en WhatsApp un vídeo en el que aseguraba que Macky Sall había ganado fraudulentamente las elecciones de 2012. Internet Sans Frontières advierte que Orange Sénégal no ha estado directamente implicada pero señala que el control de las redes es suficientemente controvertido como para tomar todas las medidas para garantizar la seguridad de sus usuarios.

En el caso de Kenia, la ONG basa sus reticencias y sus recomendaciones en episodios en los que, aparentemente, Safaricom tuvo una responsabilidad más clara. El informe menciona las sospechas de que el proveedor de servicios de telefonía hubiese reducido discretamente el ancho de banda de sus usuarios durante el escrutinio de las elecciones presidenciales del pasado 26 de octubre. La organización señala que durante su análisis se ha fijado en un corte de internet, en la red de Safaricom, ocurrido en abril de 2017 y que todavía no ha sido esclarecido.

La gestión de los datos personales es otro de los elementos que resulta preocupante en cuanto al respeto de los derechos humanos por parte de las empresas de telecomunicaciones. Internet Sans Frontières, además, recuerdan que en muchos países africanos las condiciones de seguridad son todavía más delicadas. Por ello, su informe también incluye el análisis de esta explotación de los datos. En primer lugar, la ONG llama la atención sobre el hecho de que en Senegal y Kenia se exige una inscripción previa, es decir, la entrega de un documento de identidad para la activación de una tarjeta SIM, incluso de prepago. Esta condición constituye un riesgo potencial, según la organización: “Un número creciente de gobiernos no dudan en utilizar las bases de datos de los operadores para enviar SMS no solicitados a los abonados: en Kenia, por ejemplo, muchos usuarios se han quejado de recibir mensajes no solicitados por parte de políticos. Lo mismo ha ocurrido en Camerún, donde en enero de 2017 el Gobierno ha utilizado la red para enviar SMS recordando de los riesgos de difundir noticias falsas en internet”.

El informe de Internet Sans Frontières apunta que ninguno de los dos ejemplos estudiados hacen pública su política de confidencialidad. Esta confirmación hace “imposible verificar cuáles son los datos recogidos, con quién se comparten y si se toman todas las medidas de seguridad para asegurar que los mencionados datos estén fuera del alcance de cualquier desaprensivo”.

La gestión de los datos personales es otro de los elementos que resulta preocupante en cuanto al respeto de los derechos humanos

“La combinación de entornos legislativos débiles en el continente africano, de reguladores que cuentan con recursos limitados para actuar, de sociedades civiles poco sensibilizadas sobre la cuestión de los derechos digitales, ayuda a comprender el escaso desempeño de las dos empresas estudiadas en materia de respeto de la libertad de expresión y del derecho a la vida privada en línea de sus usuarios”, detalla la ONG.

La activista camerunesa responsable de la organización, Julie Owono, ha destacado además la necesidad de extender este tipo de estudio y la elaboración de una clasificación más completa que ponga de manifiesto el compromiso de las empresas de telecomunicaciones con los derechos humanos.

Owono señala que una clasificación de ese tipo ofrece a los usuarios y, por tanto, a la ciudadanía en genera, dos beneficios fundamentales. Por un lado, una sensibilización necesaria con relación al respeto a los derechos humanos en el mundo digital. Por otro lado, el efecto que provoca en las empresas la certeza de que sus actividades son controladas. Owono considera que ese es el camino para conseguir la mejora del servicio y el respeto a esos derechos de los consumidores. “Si analizando la actividad de estas dos empresas líderes en países bien considerados aparecen estos resultados, imaginad empresas menos importantes en contextos menos democráticos”, alerta Owono.

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