56 niñas que no olvidan en Guatemala

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Brendy Susana Cuy Urizar crió a su sobrina Yohana Desiré desde que tan sólo tenía un año y medio. La adolescencia fue una etapa complicada para ella y decidió irse de la casa. La familia respetó la decisión de Yohana con la esperanza de que cambiara de actitud y decidiese regresar con el tiempo. Pero la vida de Yohana y la de otras cuarenta niñas más terminaron el 8 de marzo de 2017 en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en Guatemala. Ese día ardió el centro en el que vivían. 41 niñas murieron calcinadas y 15 sobrevivieron con graves quemaduras, de las que hoy se siguen recuperando.

“A ellas se les calló la voz y por eso estamos nosotras acá, y gracias a Mujeres Transformando el Mundo que nos están apoyando como guerreras”, dice Brendy Susana. A su lado se encuentra Paula Barrios, directora de la organización: “Necesitamos de la denuncia y del acompañamiento internacional”, sostiene Barrios. Ambas visitaron Madrid a finales de junio para participar en el Encuentro Internacional De las violencias contra las mujeres en Guatemala y Centroamérica a la (des)protección internacional.

Ante los asistentes denunciaron el maltrato y las malas condiciones en las que vivían en el centro adscrito a la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno de Guatemala aproximadamente 600 menores, aunque tenía capacidad para 400.

Ningún conflicto con la ley

La vida de Yohana y la de otras cuarenta niñas más terminaron el 8 de marzo de 2017 en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en Guatemala. Ese día ardió el centro en el que vivían

Hartas del hacinamiento, los abusos sexuales, las violaciones, la comida en mal estado y las condiciones insalubres, el 7 de marzo de 2017, 104 menores, en su mayoría niñas, se fugaron del centro, pero fueron capturadas por la Policía Nacional Civil tras el aviso del director. Como castigo, encerraron a las 56 niñas menores en un aula de 46 metros cuadrados. Tras pasar toda la noche bajo llave sin poder salir al baño, a las nueve de la mañana una niña prendió una colchoneta para que les abrieran la puerta. Pero tardaron en hacerlo nueve minutos, tiempo suficiente para que 41 niñas murieran calcinadas y las otras 15 sufrieran quemaduras de hasta el 80%.

Yohana Desiré tenía 15 años, cuenta muy afectada su tía Brendy. “En el proceso penal se nota el estigma que había hacia las niñas y se quiere justificar lo que sucedió con que eran problemáticas, según los argumentos de los abogados de las personas que están siendo investigadas”, sostiene Paula Barrios. Según la organización, los menores no tenían conflicto con la ley y la obligación de funcionarios y trabajadores era garantizarles, paradójicamente, un hogar seguro.

Buscan una condena justa

Ya ha pasado más de un año de la tragedia y la investigación judicial continúa. Las partes querellantes, entre las que se encuentra MTM y los familiares de las niñas, piden que las tres piezas separadas en las que de desarrolla la investigación se unifiquen. En el primer grupo investigado se encuentran el exsecretario de la Secretaría de Bienestar Social, Carlos Rodas, la exsubsecretaria de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia, Anahí Keller, y el exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, Santos Torres.

Estos responsables se enfrentarán al primer juicio por este caso el 11 de febrero de 2019. Se les acusa de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, homicidio culposo, lesiones culposas y maltrato contra personas menores de edad. “Nuestro interés es que se juzgue por tortura, que tiene una pena de hasta 30 años”, matiza Barrios.

En el proceso penal se nota el estigma que había hacia las niñas y se quiere justificar lo que sucedió con que eran problemáticas

La Procuraduría General de la Nación (PGN) –que es la entidad que se encarga de la representación legal de todos los órganos estatales– está presente en el proceso penal con distintas participaciones: se encuentran del lado de los acusadores, de los acusados y las víctimas, ya que representan a las niñas que no tienen familiares que lo hagan. En la última audiencia, los querellantes pidieron al juez que instruye la causa, Pedro Rodolfo Laynez, que revisara la decisión de considerar al Estado como víctima, que se declaró debido a las pérdidas de patrimonio producidas por el incendio, ya que no garantiza la independencia y la defensa de las víctimas, según los denunciantes. Sin embargo, Laynez se opuso y mantuvo que el Estado seguirá como víctima en el proceso. Desde MTM, consideran que hay una colisión de intereses ya que “no puede estar la misma institución representándose como víctima y victimario” en un mismo proceso.

Por su parte, el Gobierno de Guatemala, presidido por Jimmy Morales – electo en enero de 2016, con el partido Frente de Convergencia Nacional, y que ostenta el cargo en la actualidad – no ha hecho nada para reparar a las víctimas y a sus familias en este año y casi cinco meses después de la tragedia. Ni ha recibido a las niñas sobrevivientes ni les ha apoyado económicamente para que puedan recuperarse tanto física como psicológicamente. Desde el Congreso de Guatemala hay una propuesta de Ley para otorgar una pensión vitalicia para las 15 niñas sobrevivientes. Sin embargo, la última sesión en la que se preveía aprobarla, el pasado 18 de julio, fue suspendida por falta de quórum: acudieron 77 de 158 diputados.

Brendy Susana Cuy asegura que las familias están mal porque sienten que el proceso no avanza y lo único que quieren es justicia. Paula Barrios cree que se traslada a la sociedad el mensaje de que estas muertes pueden quedar impunes: “La problemática es muy compleja, no solo las 15 niñas supervivientes, todos los menores que están institucionalizados (dependientes del Gobierno) en Guatemala no tienen una atención integral y no han cambiado sus circunstancias a partir de este caso”, sostiene Barrios.

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