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La política de reducción de daños es una de las principales aliadas en la lucha contra el VIH, cuya expansión está disparada entre quienes se inyectan opioides. Consiste en asumir que las drogas están ahí y, sin necesidad de legalizarlas, propone atender a quienes las consumen para que lo hagan de la forma más segura posible. Ya sea mediante terapias de sustitución de heroína por metadona, la provisión de jeringuillas esterilizadas, asesoramiento en centros especializados o, incluso, el análisis de las sustancias para asegurarse de que no están adulteradas (con elementos que podrían hacerlas aún más dañinas que los propios estupefacientes).

A pesar de que está científicamente demostrado que la promoción de locales seguros para inyectarse reduce el contagio de VIH, hepatitis y otras enfermedades, mejora la seguridad urbana y reduce la mortalidad de los adictos, son contadas las ciudades del mundo que cuentan con alguno. Según el censo de la Red Internacional de Locales de Consumo de Drogas, presentado en la 22ª Conferencia Internacional de Sida a finales julio en Ámsterdam, no suman ni un centenar. La mayoría están concentrados en Holanda (20), Suiza (18), Alemania (26) y España (15, en su gran mayoría en Cataluña). Australia, Canadá, Francia, Dinamarca, Noruega y Luxemburgo son otros países que tienen centros de este tipo.

En este terreno, la ideología se ha impuesto a la ciencia. Un ejemplo claro es Europa del Este —especialmente Rusia—, donde la política de criminalización del consumo no ha hecho más que aumentar la expansión del virus. Esta región del mundo es donde más crece, y lo hace fundamentalmente entre los drogadictos y sus parejas. Michel Kazatchkine, miembro de la Comisión Global de Políticas sobre Drogas, lamenta que muchos gobiernos no apliquen la reducción de daños pese a la “amplia evidencia”, por el estigma asociado al consumo. “Esto debe cambiar”, afirma.

Como explica Chris Beyrer, epidemiólogo especializado en la lucha contra el VIH y los derechos humanos y expresidente de la Sociedad Internacional del Sida (IAS, por sus siglas en inglés), el mundo lleva varias generaciones tratando de implantar la idea de un planeta libre de drogas. “Se ha pensado que se podría conseguir con [políticas de] tolerancia cero. Para ello se han invertido billones de dólares. ¿Qué hemos conseguido? ¿Un mundo libre de drogas? No. Hay más producción que nunca, incluso de heroína. Deberíamos asumir que estas políticas han fracasado y que muchas incluso tienen consecuencias negativas en la salud global”, asegura.

Aunque están demostrados los beneficios de la promoción de locales seguros para inyectarse, existen menos de un centenar en el mundo

A pesar de que la política de reducción de daños es la respuesta adecuada en opinión de la comunidad científica y de las propias Naciones Unidas, que la apoya con varios programas, un estudio presentado en Ámsterdam por la ONG Harm Reduction International mostraba que las aportaciones de los donantes internacionales —que suponen dos terceras partes de todos los fondos— para este tipo de planes han caído un 25% en la última década. Según sus datos, en 2016 se destinaron 188 millones de dólares, lo que es solo un 13% de los 1.500 que Onusida considera necesarios en los países de ingresos bajos y medios. “Es evidente que los usuarios de drogas están siendo olvidados en la respuesta global contra el VIH. La caída en la financiación de la reducción de daños está dejando a esta ya de por sí marginada comunidad con un mayor riesgo de contraer el sida y la hepatitis C. Y cuestiona si los donantes se toman en serio sus objetivos en salud global”, subraya Catherine Cook, coautora de este documento.

En materia de sida, la meta es erradicar la epidemia en 2030, fecha límite para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para eso, el primer paso sería que para 2020 se consiga lo que la comunidad científica denomina 90-90-90: que el 90% de los portadores del virus conozca su condición, el 90% de ellos la trate y, de estos últimos, el 90% tenga una carga viral ínfima que impida su transmisión. Esto ya se da por imposible, en buena medida, por culpa de la expansión del virus entre los drogadictos y sus parejas.

La comunidad internacional está teniendo un intenso debate en materia de política de drogas. En 2016, por primera vez, la Asamblea Anual de la ONU dedicó una sesión al tema. Y el mundo está dividido en dos bandos. Por un lado, los que abogan por una revisión de las políticas ante la ineficiencia de la guerra contra los narcóticos, integrado por países de Europa, Latinoamérica y el Caribe; y, por otro, los que creen que este fracaso se debe a una insuficiente dureza y quieren destinar todavía más dinero a ser aún más restrictivos. Aquí se alinean las potencias del Este, con Rusia y China a la cabeza.

El mundo está dividido en dos bandos: los países que quieren ser aún más restrictivos en la lucha contra las drogas y los liberales

Canadá se convirtió el pasado junio en el primer país del G-20 que legalizó la marihuana con fines recreativos. Esta es una buena noticia para quienes defienden mayor tolerancia con los estupefacientes como solución al problema. Ann Fordham, del Consorcio Internacional de Política de Drogas lo ve como un “paso adelante”. “A Rusia no le ha hecho ninguna gracia esta medida. Es importante porque vemos que por fin algo se mueve”, asegura.

Si Rusia está en el extremo conservador en asunto de narcóticos, Holanda se sitúa claramente en el opuesto. En el país europeo han llevado la reducción de daños a un nivel superior, y no solo atienden a los adictos, sino que también hay centros con financiación pública que analizan las sustancias de uso recreativo para asegurarse de que los consumidores no ingieren algo todavía más peligroso que la droga que buscaban. “Sirve como herramienta de salud pública, porque nos permite saber lo que hay en el mercado, las tendencias de consumo y los riesgos que existen”, explica Daan van der Gouwe, del Departamento de Monitoreo de Droga (DIMS, por sus siglas en inglés) del Instituto Trimbos. Hace dos años circularon unas pastillas de éxtasis, conocidas por su aspecto (supermán rosa), que eran potencialmente mortales. Así que hicieron un llamado público de advertencia.

Cualquiera que lo desee, por 2,5 euros, puede acudir a que el laboratorio del DIMS analice su droga para saber qué contiene. Las más frecuentes son éxtasis y MDMA. Neils, un usuario del centro, asegura que es una forma de consumir “con más seguridad”, algo que él hace ocasionalmente, “unas ocho veces al año”. Si la sustancia está en la base de datos, los resultados tardan tan solo unos minutos. De lo contrario, se demoran alrededor de una semana.

Este tipo de instalaciones son todavía más escasas en el mundo que los de consumo seguro de heroína y tampoco están exentos de polémica. Son lo más radical en políticas de reducción de daños y todavía no existen estudios que certifiquen que realmente sirvan para mejorar la salud pública. Pero hay otros muchos pasos anteriores, como los antes descritos, que sí cuentan con evidencia que los respaldan. Y, aún así, la mayoría de los países siguen ignorándolos.

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