“El acoso, la violencia y la violación conyugal son los mayores desafíos de las sudanesas”
La periodista, que se enfrenta a la pena de muerte, pide presión internacional para terminar con la violación de derechos humanos en su país
El 10 de diciembre de 2017 por la tarde, mientras la periodista sudanesa Wini Omer esperaba en una estación de autobuses de Jartum, la capital de Sudán, un policía de paisano que no estaba de servicio la agredió, arrestó e introdujo en su vehículo privado acusándola de llevar “ropa inapropiada” y caminar indecentemente. Era el Día Internacional de los Derechos Humanos y Omer vestía una recatada falda larga, bufanda y blusa. Pero las acusaciones no le pillaron por sorpresa.
El artículo 152 del Código Penal de Sudán permite a la Policía detener a toda persona que no vista de forma adecuada, aunque en la ley no se defina qué se considera indecente. Esta periodista dice estar acostumbrada a ser blanco de las autoridades sudanesas por su activismo contra las leyes de orden público del país, que criminalizan decisiones del ámbito privado de las mujeres y las niñas.
“Este régimen es un peligro para las sudanesas. Los derechos básicos de las mujeres son violados sistemáticamente, con juicios injustos y castigos inhumanos”, opina Omer, editora de la revista cultural Alhadatha alsudanya y periodista freelance.También organizaciones como el Human Rights Watch han denunciado en repetidas ocasiones que la legislación sudanesa discrimina a mujeres y niñas mediante la aplicación de la ley islámica (sharia) por "crímenes de moralidad", como el adulterio o violaciones del código de vestimenta, y tipifica como delito la actividad sexual entre personas del mismo sexo con penas severas, como la cadena perpetua o la muerte.
Desde Jartum, la activista asegura por correo electrónico que no existe voluntad política para ofrecer soluciones a los más desfavorecidos. "Hay una alta tasa de pobreza en Sudán [más del 53% de la población se encuentra en situación de pobreza multidimensional según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo], y otros factores como los conflictos, los desplazamientos internos o el desempleo complican la situación. El Estado no tiene un sistema de seguridad social efectivo o redes de apoyo para los ciudadanos y la mendicidad está prohibida. En este marco, las mujeres —para las que la mendicidad puede ser la única forma de mantener a sus hijos— son doblemente discriminadas”.
Aunque Omer pertenece a la clase media y educada de Sudán, cree que su condición de mujer y su voluntad de transformar el país la tienen en la lista negra. A pesar de que el juez retiró los cargos por vestir de forma indecente tras tres audiencias judiciales, dos meses más tarde, nueve policías vestidos de paisano entraron por la ventana de su domicilio mientras se encontraba con unos amigos (otra mujer y dos hombres). Los arrestaron, confiscaron sus ordenadores y teléfonos y los enviaron cinco días a prisión acusándoles de prostitución. La ley no define esta práctica, por lo que deja abierto a interpretación cualquier acto social en el ámbito doméstico entre hombres y mujeres.
“La policía de orden público tiene derecho a irrumpir en las casas para arrestar a los ciudadanos. Últimamente ha habido detenciones por haber celebrado reuniones o recibido invitados por la tarde. Vivimos en un estado policial y el Gobierno utiliza todo su poder para oprimirnos y controlarnos”, cuenta.
La última acusación tuvo lugar el pasado 24 de julio, cuando un juez hizo públicos ocho cargos contra la periodista, incluidos crímenes contra el Estado y espionaje que, de ser ratificados, comportarán la pena de muerte. Omer se ha negado a aceptarlos por falsos y se encuentra en plena campaña contra una ley que tacha de “obsoleta y humillante”. Pide abolir el régimen de orden público y asegurar que las leyes sudanesas garanticen los derechos humanos.
Los derechos humanos en Sudán
Las autoridades llevan meses acusando y deteniendo a activistas por presuntos crímenes contra el Estado y se les aplican leyes draconianas de seguridad nacional. 2018 está siendo un año complicado para la población, que ha protagonizado varias protestas tras la aplicación de políticas de austeridad que destinan el 75% de los fondos nacionales a las milicias y al aparato de seguridad del régimen. El encarecimiento de los precios de productos básicos como el pan, las medicinas, el combustible o la electricidad ha provocado un colapso de los mercados, la moneda nacional y el sistema bancario.
Organismos como el Fondo para la Igualdad de Derechos llevan años denunciando cómo la ideología promovida por el presidente Omar al-Bashir, que ascendió al poder en 1989 tras un golpe de Estado, degrada la diversidad social y cultural de Sudán a favor de una visión estrecha de un país singularmente árabe, islámico y dominado por hombres. Muchas son las voces contra la intolerancia gubernamental en Sudán, que ha institucionalizado la discriminación por razones de religión, etnia, opinión política, género u orientación sexual.
Vivimos en un Estado policial y el Gobierno utiliza todo su poder para oprimirnos
“La fuente principal de las leyes sudanesas son los principios islámicos, que han sido la ideología del Estado desde 1989 hasta hoy, seguida de un proceso de islamización de toda la vida pública y privada. Por ello, el secularismo es un factor clave para la igualdad de género y la justicia social, y para alcanzar una ciudadanía igualitaria. Hay una relación dialéctica entre leyes, legislaciones y aceptación social, y necesitamos trabajar en ambas direcciones para poder lograr una transformación democrática y adquirir nuestros derechos”, manifiesta Omer.
Las acusaciones falsas contra activistas para intimidarlos forman parte del modus operandi de al-Mu'tamar al-Waṭanī, el partido del Congreso Nacional, tal como denuncia el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). Mientras, al-Bashir, que ha sido acusado por la Corte Penal Internacional de crímenes de lesa humanidad, acumula dos órdenes internacionales de detención por su papel en el genocidio de Darfur, que se saldó con casi medio millón de vidas entre 2003 y 2008.
Sudán también ha dado muestras de hostilidad a la libertad de prensa. El hostigamiento de periodistas se ha intensificado desde comienzos de este año, tal y como sostiene la organización Reporteros Sin Fronteras, quien ya el pasado mes de enero denunció el arresto de 18 periodistas, incluidos corresponsales de medios de comunicación extranjeros, por cubrir las protestas de la oposición.
La detención de Wini Omer coincide, ahora, con la denuncia que el Foro de Editores Africanos realiza a la represión de la libertad de prensa en Sudán después de que las autoridades confiscaran todas las tiradas del periódico Al Jareeda durante 15 días y sin orden judicial previa por informar sobre la escasez de pan y combustible en el país.
“La situación de las mujeres está directamente relacionada con el marco legal y las dinámicas sociales que intentan limitar su participación en la vida pública en Sudán. Cuestiones como el acoso sexual, la violencia doméstica y la violación conyugal son los principales desafíos que enfrentan las sudanesas”, expresa Omer “Los derechos de las mujeres mejorarán en un estado democrático y secular, esta es la única garantía. Un entorno democrático proporcionará la atmósfera adecuada para exigir derechos y desafiar el statu quo”.
Persecución a las mujeres
Más de 15.000 sudanesas fueron sentenciadas en 2016 a la flagelación, usando el acto de orden público de forma arbitraria, según datos de la Iniciativa de No Opresión a las Mujeres, un grupo de acción local. Recientemente, una joven de 19 años —Noura Hussein—, se ha salvado de la horca después de que un tribunal de apelaciones revocara la sentencia de muerte que enfrentaba por matar a su marido —un matrimonio concertado con el primo de su padre cuando Noura tenía 16 años— mientras este la intentaba violar. A pesar de las enmiendas de 2015 al Código penal, las autoridades judiciales no reconocen la violación conyugal como un delito. Después de que el caso diera la vuelta al mundo y de que las redes sociales se hicieran eco del procedimiento, la pena capital fue conmutada a cinco años de cárcel.
El de Noura no es un caso aislado. En 2014, Mariam Yahyia Ibrahim, una embarazada de ocho meses, fue condenada a muerte acusada de apostasía por afirmar ser cristiana y recibió 100 latigazos por un delito de adulterio por haberse casado con un no musulmán. Tras su indulto, se refugió en la embajada de Estados Unidos y posteriormente, se trasladó al país norteamericano con su esposo y sus dos hijos.
Ahora, tras la reciente puesta en libertad del defensor de los derechos humanos y profesor Matar Younis Ali Hussein, Omer tiene la esperanza de que se le retiren los nuevos cargos, tal como pide la Coalición Regional de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos en Medio Oriente y África del Norte. Mientras tanto, cree que es importante que el mundo sepa lo que está ocurriendo en Sudán. Por ello, en las últimas semanas ha utilizado su caso para pronunciarse públicamente.
“Creo que la comunidad internacional debería presionar más al Estado para que se comprometa con los derechos humanos y supervisar las violaciones que comete. Muchos medios de comunicación extranjeros ya han destapado los problemas de las mujeres en Sudán”, apunta Omer. Aunque admite que las defensas más firmes llegan desde el mismo continente: “Recibo mucho apoyo de activistas africanos, defensores de los derechos humanos y entidades árabes también. Además, tengo un excelente equipo de abogados sudaneses”.
Mientras espera el juicio por sus supuestos crímenes contra el Estado y ante una posible sentencia a pena de muerte, la periodista es consciente de que de cualquier escenario es posible. “No estoy segura del veredicto final, todas las opciones están sobre la mesa”, asevera. Pero se muestra decidida a seguir plantando cara al régimen de al-Bashir: “Esta es la batalla que tenemos que librar por nuestra dignidad y libertad. Estoy segura”.
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