La batalla por el aire de Europa
Así intentó sabotear la normativa europea el grupo de presión del carbón. Estuvo a punto de salirse con la suya
Los intrincados estratos de la burocracia de la Unión Europea pueden parecer el sitio perfecto para esconderse, pero el ojo experto es capaz de ver a través de ellos. Por eso, cuando el personal de la Unidad Europea de Greenpeace se enteró de lo que estaba sucediendo en el Grupo Técnico de Trabajo para la Directiva de las Emisiones Industriales, se dio cuenta de que algo no funcionaba como debería.
Los Grupos Técnicos de Trabajo (TWG, por sus siglas en inglés) están compuestos por comités de expertos convocados por la UE para que debatan los pormenores de sus políticas. En este caso, la principal tarea del grupo consistía en establecer los estándares conocidos como Documentos de referencia europeos de las mejores técnicas disponibles (BREF, por sus siglas en inglés) y establecer las normas para las emisiones generadas por las grandes centrales de combustión interna. Entre ellas figuraban los límites para los contaminantes del aire tales como la materia particulada, el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno y los metales tóxicos como el mercurio y el plomo.
Ahora bien, en este grupo en concreto, gran parte de los denominados expertos presionaban a favor de una normativa indulgente que permitiese que las centrales eléctricas de carbón emitiesen estos contaminantes a unos niveles nocivos para la salud de la población europea.
Apelando a la libertad de información, los trabajadores de Greenpeace presentaron una serie de solicitudes y descubrieron datos adicionales que los dejaron estupefactos. De los 352 miembros del grupo de trabajo, 183 eran empleados directos de las empresas energéticas o cabilderos pagados para promover sus intereses. En total, los representantes retribuidos por el sector formaban más de la mitad del comité, lo cual otorgaba a las industrias contaminantes el máximo poder de decisión sobre las condiciones en las que se autorizaría su actividad.
En abril de 2015, Greenpeace publicó los resultados de su investigación en un informe titulado Smoke & Mirrors: How Europe's biggest polluters became their own regulators (Humo y espejos: De qué manera los máximos contaminadores de Europa se convirtieron en sus propios reguladores). Sus conclusiones eran duras: los estándares de contaminación del aire considerados por la Oficina de Control de la Contaminación de la UE eran más permisivos que los de Japón, Estados Unidos y hasta China, con toda su dependencia del carbón.
Aparte de los 137 delegados de las empresas enviados ex profeso al grupo de trabajo para representarlas, muchas de las delegaciones nacionales también estaban compuestas total o parcialmente por operadores de centrales eléctricas o empleados de compañías energéticas. Todos ellos obtendrían ventajas directas de unas normativas sobre emisiones poco exigentes que no les exigirían que gastasen dinero en acondicionar sus instalaciones. La decisión demuestra, cuando menos, poca visión de futuro. En el caso de China, se prevé que la mera adopción a gran escala de tecnologías para reducir las emisiones resulte más que rentable.
Sebastian Mang, asesor de política climática y energética de la oficina de Greenpeace en la Unión Europea y participante en el informe, afirma que el grado de influencia de la industria superó todo lo que había visto hasta entonces: "Esta captura del regulador también sucede en otros sectores, pero por lo general no con asuntos tan importantes", denuncia. "Esta vez el proceso fue especialmente malo. Fue increíble".
Al mismo tiempo que las empresas contaminantes inundaban el grupo de trabajo de la Agencia Europea de Medio Ambiente con el fin de desbaratar el control de las emisiones, el organismo advertía de que miles de millones de europeos morirán prematuramente debido a la contaminación del aire si los Gobiernos de los Estados miembros no actúan.
Imaginen una ciudad europea pequeña pero importante, como Toulouse en Francia, Bratislava en Eslovaquia, Edimburgo o Liverpool en Reino Unido o Gdansk en Polonia. Ahora imaginen que la población de una de ellas muere en un año y nosotros seguimos subestimando —con un margen de decenas de miles— el número de habitantes del continente que fallecen antes de tiempo debido a la contaminación atmosférica.
Según un informe del Tribunal de Cuentas de la Unión, se calcula que en la UE se producen cada año 510.000 muertes prematuras a consecuencia de la contaminación del aire. La cifra es enorme, y convierte el problema en la primera causa ambiental de muerte prematura en Europa con diferencia. El número de víctimas es más de 10 veces superior al de muertes por accidentes de tráfico.
Considerando estos datos impactantes, cabría esperar que los Estados miembros hiciesen todo lo que estuviese en su mano por paliar los efectos de un fenómeno con unas repercusiones tan drásticas para la salud de la ciudadanía. Por el contrario, los Gobiernos nacionales a menudo conspiran para boicotear las medidas de restricción de la contaminación que, sin lugar a dudas, salvarían vidas.
A este respecto, hay países peores que otros, y un selecto grupito aparece una y otra vez en la lista de los que se oponen a la regulación. Reino Unido es uno de ellos. En 2016, después de que la Unión Europea acordase rebajar los objetivos de contaminación atmosférica de aquí a 2030, un diplomático reveló a The Guardian que este país había sido fundamental para la formación de una coalición de algunos de los mayores contaminadores contra la propuesta.
Unas normas más estrictas paras las emisiones de las grandes centrales eléctricas pueden salvar alrededor de 20.000 vidas al año
Polonia también se ha mostrado particularmente activa en el mismo frente. En marzo de 2018 emprendió acciones legales contra la Comisión Europea dirigidas a cuestionar los estándares de contaminación atmosférica para las grandes centrales eléctricas. La acción contó con el apoyo de Bulgaria, que en 2013 tenía la peor calidad del aire de Europa, pero que más adelante fue superada por Bosnia-Herzegovina y la República de Macedonia.
La oposición a las medidas para solucionar el problema puede parecer censurable por sí misma, pero la historia no acaba aquí. Por si esto fuera poco, además del importante grupo de países que intenta obstaculizar la normativa, los que registran las tasas de emisiones más elevadas gastan en conjunto miles de millones anuales en subvencionar la industria del carbón, contribuyendo activamente a que las empresas contaminantes sigan con su actividad.
Un informe del Instituto de Desarrollo de Ultramar, un centro de estudios mundial ideológicamente independiente, descubrió que, entre 2005 y 2016, los 10 países europeos que producen el 84% de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía concedieron una media de 6.300 millones de euros anuales en subsidios al carbón. Todos ellos —Alemania, Polonia, España, Holanda, Reino Unido, Grecia, Chequia, Hungría, Italia y Francia— otorgaron alguna forma de ventaja fiscal a las empresas que participaban en las diversas fases de la cadena de suministro del carbón, incluida la minería, el procesado/refinamiento y la explotación de las centrales eléctricas, lo cual abarató los costes del uso de esta fuente de energía.
A pesar de estas ayudas, la rentabilidad del carbón no ha dejado de descender, mientras que otras formas de generación de energía se vuelven cada día más eficientes y económicas. En Europa, las energías renovables están despegando sin nuevas subvenciones de los Gobiernos, y una reciente cosecha de proyectos de generación de electricidad prospera por sus propios medios. Por eso la industria del carbón, en un último y débil estertor —y prescindiendo de las consecuencias para la salud pública—, ha intentado sabotear una normativa que amenazaba con acelerar el declive de los combustibles fósiles.
Al final, aun habiendo inundado el grupo técnico de trabajo con una mayoría de representantes de la industria, el sector del carbón no logró introducir las enmiendas que esperaba. A raíz de investigaciones como el informe Smoke & Mirrors de Greenpeace y las campañas de muchos otros grupos ecologistas, como la Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB, por sus siglas en inglés), en 2017 se impuso un conjunto de normas más estrictas paras las emisiones de las grandes centrales eléctricas. Estas medidas pueden salvar alrededor de 20.000 vidas al año, que es el número de personas que morirían de enfermedades causadas o agravadas por la contaminación del aire si la normativa fuese más tolerante.
Los países que registran las tasas de emisiones más elevadas gastan en conjunto miles de millones anuales en subvencionar la industria del carbón
Lamentablemente, aunque la reglamentación para la industria se haya endurecido, las infracciones de las normas europeas más generales en materia de contaminación que afectan a la calidad del aire son constantes. En este aspecto, Londres es uno de los peores infractores. En 2018, la ciudad alcanzó el límite anual de días de contaminación atmosférica grave a finales de enero. Además, el año anterior los niveles de calidad del aire superaron los límites legales en 50 puntos de la ciudad.
La falta de uniformidad en el sistema de aplicación de la normativa en los diferentes miembros de la UE complica aún más la situación. "A escala de los Estados miembros no se observa el impulso inmediato necesario para garantizar que se alcancen los objetivos establecidos por la legislación comunitaria", denuncia Margherita Tolotto, responsable de la política de calidad del aire de la EEB. "El asunto es todavía más complicado cuando se trata de Estados en los que el gobierno está fragmentado".
"Por ejemplo, en Italia hay regiones responsables del establecimiento de planes de calidad del aire, y tenemos que asegurarnos de que los objetivos se cumplen. Es difícil identificar quién hace qué. El Estado miembro es responsable ante la Comisión Europea, y las regiones tienen la responsabilidad de actuar sobre el terreno", añade.
Además, entre los estándares de las distintas jurisdicciones para medir la contaminación del aire e informar al respecto existen sorprendentes diferencias. En algunos casos, las ciudades definen como buenos unos niveles de calidad del aire que para los criterios de la Unión Europea son "deficientes".
La Comisión Europea, cansada de que los Estados miembros eviten por sistema combatir los perjudiciales niveles de contaminación del aire, anunció en mayo de 2018 que iba a llevar a seis países ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por infringir sus normas de manera reiterada. La primera demanda suele acabar en una advertencia, pero las posteriores pueden tener como consecuencia sanciones multimillonarias. "Los Estados miembros pueden decidir si les sale más barato cumplir las normas o pagar las multas", señala Tolotto.
Aun así, en agosto, un grupo de 11 países, entre ellos Francia, España, Alemania y Reino Unido, causaron estupor al pedir a la Comisión que elevase los objetivos de emisiones de manera retroactiva para evitar las sanciones. Lo que pretendían en la práctica era que se los eximiese de la responsabilidad por su pasada inacción frente al problema.
Cuando se contactó con el portavoz del Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales de Reino Unido en relación con el tema, declaró lo siguiente: "Si bien la calidad del aire ha mejorado significativamente desde 2010, entendemos que sigue suponiendo un riesgo para la salud humana y somos conscientes de que queda mucho por hacer. Estamos actuando para combatir la contaminación atmosférica con más rapidez que cualquier otra gran economía desarrollada a través de un ambicioso plan de reducción de las emisiones nocivas dotado de 3.500 millones de libras, una audaz Estrategia de Aire Limpio, y una nueva normativa legal básica en nuestro próximo Proyecto de Ley de Medio Ambiente que incluye disposiciones para mejorar la calidad del aire".
Frente a la relativa pasividad de los Estados miembros, hay numerosos inicios de que los ciudadanos quieren controles más estrictos de la contaminación atmosférica y están dispuestos a tomar la iniciativa allí donde los Gobiernos no lo hagan. Para demostrarlo, Tolotto cita la tendencia a la "ciencia ciudadana", consistente en proyectos económicos a gran escala como el belga CurieuzeNeuzen, en el que 20.000 habitantes de la región de Flandes muestrearon la calidad del aire en el exterior de sus viviendas.
Efectivamente, un informe del Tribunal de Cuentas de la UE —el mismo documento que calcula que más de medio millón de habitantes de la Unión mueren prematuramente cada año debido a la contaminación atmosférica— señala lo siguiente: "Una muestra de la creciente importancia de la acción ciudadana son los recientes procesos judiciales impulsados por la ciudadanía y las ONG contra sus autoridades nacionales. Los tribunales de la República Checa, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido han fallado a favor del derecho de los ciudadanos al aire limpio, y han reclamado a los Estados miembros afectados que adopten más medidas para combatir la polución".
Todavía queda mucho por hacer, y hay mucho en juego. Numerosas organizaciones ecologistas están empeñadas en que la Unión Europea siga por el buen camino. "Mis compañeros y otras ONG se esfuerzan al máximo para garantizar que las normas se aplican debidamente, lo cual significa cerrar centrales [alimentadas con carbón], sobre todo en el este de Europa y en Alemania", afirma Sebastian Mang, de Greenpeace.
Gracias a estos esfuerzos, el plan inicial del grupo de presión del carbón para hacerse con el control del Grupo Técnico de Trabajo para la Directiva de las Emisiones Industriales fracasó y se salvaron miles de vidas. Es fácil olvidarse de que, si queremos que algo tan fundamental e invisible como el aire siga siendo seguro, demos mantenerlo y conservarlo cuidadosamente. Ahora bien, la ausencia de unas normas claras que protejan el aire que respiramos permitirá que los contaminadores hagan recaer los costes de sus industrias nocivas sobre la población en general.
Allá donde existan incentivos para que se dé prioridad al beneficio económico sobre la gente, la salud pública estará en peligro, a menudo sin que la ciudadanía sea plenamente consciente de ello. Por eso es vital disponer de una normativa ambiental rigurosa. Nuestra seguridad y nuestro derecho a respirar aire limpio son demasiado importantes como para dejar nada al azar.
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