Evasión tecnológica

Las grandes compañías tecnológicas mundiales, como Microsoft, Amazon, Google, Facebook o Apple, han encontrado en Europa un mercado donde pueden colocar cómodamente sus productos de alto valor añadido y, a través de prácticas fiscales relativamente sofisticadas, ahorrarse el pago de los impuestos que corresponderían a los ingresos que obtienen. Los últimos cálculos conocidos, referidos al año 2017, indican que mientras en ese periodo obtuvieron unos beneficios netos superiores en el 11% a los del ejercicio anterior en España, pagaron el 8% menos; y que las declaraciones de ingresos, maquilladas por estructuras societarias de elusión fiscal, son entre tres y cuatro veces inferiores a las reales en territorio español.

El problema de esta elusión fiscal constante, conseguida situando las sedes de las compañías en países fiscalmente favorables como Irlanda, Luxemburgo u Holanda, afecta a toda Europa. Tiene consecuencias económicas y financieras de gran alcance, porque el dinero eludido es gasto social o inversión o cancelación de deuda que se niega a los países afectados. A pesar de que los mecanismos de elusión se conocen —constituir las filiales nacionales como comisionistas de la sede europea situada en un limbo fiscal europeo o extraer las rentas nacionales mediante royalties ficticios—, las autoridades europeas han sido incapaces de construir una legislación homogénea que cierre el paso a lo que en la práctica puede considerarse como una evasión, por muy legal que sea.

La idea frustrada de imponer una tasa a los ingresos por publicidad, la tasa Google, ilustra a la perfección las dificultades para ponerse de acuerdo frente a la fuga de impuestos. Los países beneficiados por las sedes se resisten a aceptar una imposición fiscal correctiva que podría multiplicar como mínimo por 10 la recaudación que cada país obtiene de las grandes tecnológicas. Puesto que la fuga fiscal es evidente y pertinaz y no hay argumentos técnicos que justifiquen las prácticas de minoración ejecutadas por los gigantes de la tecnología, es evidente que el problema es político; y que una parte de ese problema es el miedo a las represalias de Estados Unidos.

La solución óptima es que la OCDE o la Comisión Europea construyan una legislación tributaria donde estén claras las obligaciones de pago en cada país; y que esta norma tenga el acuerdo de todos los países del área. No es admisible el dumping fiscal entre países de una unión económica. La segunda opción, menos satisfactoria, es que se aplique una tasa correctiva bajo los auspicios de la OCDE. La situación actual no es sostenible; a medio plazo, la evasión tecnológica acabará por convertirse en un problema político y social.