Falso debate

La red de colegios concertados y las asociaciones que la representan han querido ponerse la venda antes que la herida. O al menos eso parece. El discurso de la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, en la inauguración del congreso de Escuelas Católicas, no supone cambio alguno en las políticas educativas mantenidas por el Gobierno socialista y tampoco es un indicador de futuras modificaciones. La ministra se limitó a señalar en su discurso que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o un centro educativo concertado no emana del artículo 27 de la Constitución, algo que por otra parte ha ratificado el Tribunal Constitucional en numerosas ocasiones.

La ministra ha insistido en que las familias no tienen nada que temer y ha ratificado la actual capacidad de elección de los padres dentro de las disponibilidades de la programación educativa. La reacción que ha suscitado no debe entenderse como la legítima defensa de unos intereses amenazados, sino como un ataque preventivo, una forma de presionar y advertir al Gobierno que se forme. Se trata de un falso debate orientado a condicionar la política educativa mediante un anuncio de movilizaciones que no están justificadas.

A pesar de las aclaraciones de la ministra, la polémica ha continuado. El PP se ha apresurado a capitalizarla sin tener en cuenta que la posición del Gobierno sobre la enseñanza concertada es lo que figura en el proyecto de ley que presentó al Congreso en febrero pasado y que quedó suspendido por la convocatoria de elecciones. Lo que está ocurriendo es un mal síntoma, pues denota que el principal partido de la oposición está dispuesto a situar de nuevo el debate sobre la educación en el terreno de la confrontación ideológica cuando lo que necesita el maltrecho sistema educativo español es un gran consenso sobre la mejor forma de lograr un avance significativo en la calidad de la enseñanza. Los resultados escolares reflejan desde hace tiempo los vaivenes legislativos y el cansancio de la comunidad educativa.

La red concertada y la labor educativa que desempeña merecen todo el respeto. También los padres que eligen un colegio religioso, porque consideran que es la mejor opción educativa para sus hijos. Pero los responsables de la enseñanza concertada no pueden esperar privilegios que les den ventajas sobre la red pública y han de ajustarse a las normas de un sistema financiado con fondos públicos que es universal y gratuito. Participar del sistema educativo público da derechos, pero también obligaciones respecto de la equidad de acceso y otros parámetros importantes para la cohesión social. La Administración, por su parte, tiene la obligación de asegurar que la red pública cuenta con las plazas y los medios necesarios para atender las necesidades educativas de la población.