Hoja de ruta para garantizar el derecho a la ciudad

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El derecho a la ciudad se define como ese que tiene la ciudadanía (presente y futura; permanente y temporal) de usar, ocupar, producir, gobernar y disfrutar de ciudades, pueblos y asentamientos justos, inclusivos, seguros y sostenibles definidos como bienes comunes. Generalmente es considerado como un derecho colectivo, cuyos principios pueden aplicarse tanto en entornos urbanos como en asentamientos humanos en general, incluidos pequeños pueblos, ciudades rurales y áreas metropolitanas.

Según las organizaciones que lo promueven, como la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad y la Coalición Internacional para el Hábitat, visualiza el cumplimiento efectivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados internacionalmente, al tiempo que aborda específicamente una dimensión de problemas urbanos que los estándares clásicos de derechos no abordan. A saber: la exclusión espacial, sus causas y consecuencias. Al mismo tiempo, proporciona un enfoque territorial que contribuye a mejorar la pertinencia y coherencia de las políticas.

Concretamente, reclama la función social de la propiedad y la ciudad; espacios públicos de calidad; vínculos rurales-urbanos equilibrados y sostenibles; una economía diversa e incluyente; una ciudadanía inclusiva con mayor participación política; y derechos relacionados con la no discriminación, la igualdad de género y la diversidad cultural.

Un desafío importante al que pretende dar respuesta es precisamente la creciente financiación de las ciudades, con las implicaciones que tiene sobre la gentrificación y la crisis de la vivienda. La primacía de un modelo urbano basado en el crecimiento económico no suele privilegiar el uso social de la tierra, la propiedad y la ciudad. Por lo tanto, existe una necesidad urgente de regular el mercado inmobiliario, fomentar la vivienda pública y formas alternativas de producir y gestionar espacios habitables (como las cooperativas y otras formas colectivas), al tiempo que se aseguran vecindarios inclusivos y sostenibles.

Otro aspecto relevante son las desigualdades territoriales y sociales. El derecho a la ciudad reivindica un enfoque solidario dentro del ecosistema de los territorios urbanos, que de respuesta a las desigualdades dentro de los países y ciudades y aporte soluciones a la fragmentación urbana y a la polarización territorial. Tal y como comenta Lorena Zarate, actual presidenta de Habitat International Coalition: "El derecho a la ciudad implica la realización de los derechos humanos en la ciudad, pero también el reconocimiento y fortalecimiento de los derechos de las ciudades, como entes políticos colectivos y autónomos frente a poderes nacionales, organismos internacionales, instancias multilaterales y actores económicos y financieros globales".

Asimismo, existen grandes desafíos relacionados con la actual crisis climática, que junto con la expansión urbana, hace que sea necesario invertir mayores esfuerzos para proteger la biodiversidad, los hábitats naturales y fomentar vínculos rural-urbanos más equilibrados. Este último es un factor clave para garantizar sistemas alimentarios sostenibles y soberanía alimentaria.

Igualmente, sus propuestas hacen hincapié en la lucha por la democracia como respuesta al aumento del racismo, la misoginia, los discursos de odio y la extrema derecha. Concibiendo a las ciudades como lugares donde los diferentes grupos e identidades comparten su espacio vital, el derecho a la ciudad invita a los gobiernos locales a fomentar la cohesión social y luchar contra la proliferación de la discriminación impulsando la participación ciudadana en la toma de decisiones.

En definitiva, la implementación del derecho a la ciudad se enmarca dentro de los esfuerzos globales emprendidos para localizar los ODS e implementar la Nueva Agenda Urbana (NUA). En este contexto, el pasado noviembre en el marco del Congreso Mundial de CGLU que se llevó a cabo en Durban, la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad y la Coalición Internacional para el Hábitat, respondiendo a la petición de CGLU, presentaron un informe-recomendación sobre políticas públicas necesarias para incorporar los componentes del derecho a la ciudad y alinearlo con las obligaciones de derechos humanos. Algunas de sus propuestas más relevantes se describen a continuación.

1. Lograr una ciudadanía activa, diversa y cohesionada: Asegurar elecciones libres y democráticas así como garantizar el derecho a la información pública fomentando la participación ciudadana, en especial alzando la voz de las personas y grupos tradicionalmente marginalizados.
2. Promover instituciones gubernamentales comprometidas: establecer una visión estratégica en diálogo con las y los ciudadanos para hacer realidad el derecho a la ciudad, dentro de las recomendaciones y compromisos internacionales y locales existentes.
3. Asegurar un sector privado comprometido: Promover transformaciones para garantizar que las actividades económicas promueven el bienestar social y la sostenibilidad, dentro de los compromisos internacionales de derechos humanos y cambio climático.
4. Promover una voz polifónica para los gobiernos locales y regionales a nivel global: Asegurar la representación de diferentes tipos de gobierno territorial (metrópolis, pueblos, ciudades intermedias, ciudades periféricas, pequeñas aldeas) en las agendas globales y fomentar la creación de foros que permitan compartir inquietudes y experiencias, construir una narrativa común y participar en procesos de aprendizaje entre pares.

Como reflejaron los debates organizados por CGLU en el cabildo público del Congreso de Durban, y tal y como constata la Declaración de Durban que aprobó el Congreso, el futuro del movimiento municipal internacional se construirá con la vista puesta en el derecho a la ciudad, ya que en definitiva, el principio se basa en que todas las personas puedan acceder a una vida digna: defendiendo la igualdad y prestando especial atención a quienes más la necesitan.