Una guerra de palabras librada sobre los cuerpos de las mujeres

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La Asamblea General de las Naciones Unidas celebró hace no mucho una reunión de alto nivel para que los Estados miembro se comprometieran a ofrecer cobertura sanitaria universal (CSU), que incluya protección de riesgo financiero y acceso a servicios de atención médica esenciales, medicamentos y vacunas para todos. Pero el grado de compromiso de los países para brindar servicios que satisfagan las necesidades únicas de las niñas y las mujeres como parte de su implementación todavía es objeto de debate.

Al adoptar una declaración política sobre la cobertura sanitaria universal, los países acuerdan asignar financiamiento de sus presupuestos nacionales para crear un futuro en el que la diabetes en todas partes reciba insulina, en el que no se permita que el VIH arrase a las comunidades y en el que todos los niños reciban vacunación esencial. En ese futuro, hasta las comunidades más vulnerables contarían con un acceso confiable y asequible a los servicios que necesitan, y toda la sociedad estaría más sana y sería más productiva.

Sin embargo, las necesidades médicas únicas de las niñas y las mujeres, en particular sus necesidades de salud sexual y reproductiva, siguen siendo una cuestión de contención política, que durante mucho tiempo hizo que su atención médica estuviera subvalorada y no contara con los recursos suficientes. En entornos de asistencia humanitaria, por ejemplo, hay un acceso muy limitado a atención médica sexual y reproductiva. Y, en muchos lugares, las jóvenes tienen dificultades para ejercer sus derechos reproductivos.

Las mujeres, y esto mina aún más su salud, muchas veces están mal representadas en las pruebas médicas, lo que lleva a diagnósticos y a tratamientos inadecuados de las enfermedades. Hasta los programas que están destinados específicamente a atender a niñas adolescentes suelen estar diseñados sin una participación significativa de las jóvenes; como resultado de ello, muchas veces no satisfacen las necesidades de los usuarios objetivo y, a veces, hasta refuerzan estigmas nocivos.

Pero para que la cobertura sanitaria universal sea verdaderamente universal y transformadora, debe abrazar la igualdad de género en todas sus formas —y eso también implica ofrecer garantías explícitas de salud y derechos sexuales y reproductivos (SRHR, en sus siglas en inglés)—. Esto incluye contracepción moderna, atención pre y postnatal, tratamientos de infertilidad, aborto seguro, prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual y cáncer de órganos reproductivos. También incluye el derecho a sexo consentido y a estar protegida de la violencia de la pareja.

Vacunar a las niñas contra el virus del papiloma humano (VPH) evitaría más de tres millones de muertes de cáncer cervical en los próximos diez años 

Estos servicios médicos salvan vidas. Si se satisficiera la necesidad de una contracepción moderna en las regiones en desarrollo, y las mujeres y recién nacidos recibieran cuidados esenciales, los embarazos no intencionales caerían un 75%, las muertes maternas disminuirían un 73% y las muertes de recién nacidos caerían un 80%. Vacunar a las niñas contra el virus del papiloma humano (VPH) evitaría más de tres millones de muertes de cáncer cervical en los próximos diez años en 72 países de ingresos bajos y medios. Y, por supuesto, las madres más saludables tienen hijos más sanos.

Proteger la salud de las mujeres y garantizarles una autonomía sobre sus propios cuerpos, su sexualidad y su fertilidad es la base de la igualdad de género. Las garantías de salud y derechos sexuales y reproductivos permiten a las mujeres alcanzar su pleno potencial, entre otras cosas, participando en sus economías, políticas y sociedades. Esto impulsa el bienestar de las familias y las comunidades, contribuyendo así al crecimiento económico general y al desarrollo sostenible.

A pesar de estos enormes beneficios, la experiencia sugiere que a menos que los derechos sexuales y reproductivos, los llamados SRHR, estén explícitamente protegidos en las declaraciones de las Naciones Unidas, es más probable que queden afuera de las deliberaciones de políticas y de los presupuestos. Garantizar esas protecciones es una batalla cuesta arriba, porque los Estados miembro conservadores de las Naciones Unidas presionan para retirar palabras como “género” y “salud y derechos sexuales y reproductivos”, y a veces hasta “derechos humanos”, de varias declaraciones internacionales.

Existe una guerra de palabras que se está librando en el sistema multilateral, y los cuerpos de las mujeres son el campo de batalla. Es por eso que la Alianza por la Igualdad de Género y la CSU —que incluye más de 100 organizaciones de la sociedad civil de 46 países— ha venido instando a los Estados miembro de las Naciones Unidas a no permitir una victoria de quienes se proponen minar la salud y los derechos de las mujeres. La eliminación de esas palabras tiene consecuencias muy reales.

“Atención médica para todos” incluye salud sexual y reproductiva, y “todos” incluye a cada persona, sin importar la raza, la etnicidad, la edad, la habilidad, la condición migratoria, la identidad o expresión de género, el indigenismo, la condición de salud, la clase o la casta. Para tener alguna posibilidad de brindar esto, los SRHR deben ser reconocidos, financiados y manifestados en cada país y comunidad en el mundo.

La lucha ahora pasa de las palabras en una página a la acción. Si los gobiernos hablan en serio sobre la cobertura sanitaria universal, deben comprometerse a crear y financiar sistemas de atención médica integrales que sirvan para todo el mundo, incluidas las niñas y las mujeres. El resultado será un mundo más saludable, más rico y más equitativo.

Katja Iversen es presidenta y CEO de Women Deliver, un grupo global en defensa de la igualdad de género y la salud y los derechos de las niñas y las mujeres. Copyright: Project Syndicate, 2019.

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