El poder no necesita explicaciones

Pedro Sánchez llegó al poder en 2018 gracias a una moción de censura. Fue, en cierto modo, un triunfo de la rendición de cuentas. El Congreso cumplió su función de fiscalización del Gobierno y echó a un presidente de su cargo. Si durante décadas el turnismo había sido una especie de fenómeno natural, esta vez el cambio de Gobierno se produjo gracias a un parlamentarismo bien engrasado. El Congreso no solo tiene una función legislativa.

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Fernando Garea, presidente de Efe, tras ser destituido: “Una agencia pública de noticias no es una agencia del Gobierno”

El nuevo presidente surgido tras la votación sabía que el equilibrio entre las fuerzas a favor de la moción era muy débil. Por eso actuó como si tuviera más poder del que tenía (ahí están las palabras de Adriana Lastra tras la moción: “Tenemos 84 diputados que valen por 176”). La rendición de cuentas, el control y la fiscalización que le ayudaron a llegar al poder se convirtieron en obstáculos exóticos que impedirían la buena gobernanza. El Gobierno batió récords en el uso de decretos leyes.

Sánchez sabía desde el principio que la rendición de cuentas clásica, la tradicional fiscalización del poder, está pasada de moda. Es una idea anticuada, de un liberalismo decimonónico. Lo contemporáneo es el decisionismo y la voluntad política combinados con la guerra cultural psicológica. Después de dos elecciones y tras la formación de un gobierno de coalición, esta deriva se ha acelerado. El gobierno ha nombrado como fiscal general a una exministra que ha hecho campaña por el PSOE. En su comparecencia en el Congreso dijo que el “trabajo en el ministerio ha sido un factor que ha enriquecido mi perfil, dándome una visión general del sistema de Justicia”. También pidió que no se “estigmatice la política”, cuando son las puertas giratorias entre el ejecutivo y el judicial las que estigmatizan la política.

El presidente de Efe, Fernando Garea, nombrado por el Gobierno en 2108, ha sido destituido. En su despedida afirmó de manera poco ambigua que “una agencia pública de noticias no es una agencia del Gobierno”. El responsable de su despido, el secretario de Estado de comunicación Miguel Ángel Oliver, antiguo presentador de telediario (hace meses acusó a los periodistas de ser “activistas” y de tener una “tendencia enfermiza” a preguntar) depende de Iván Redondo, el plenipotenciario jefe de gabinete de Sánchez, convertido en una especie de vicepresidente sin control parlamentario. El Gobierno ha asumido una visión cínica y, al mismo tiempo, efectiva de la gobernanza: el poder no debe explicarse. El poder se explica ejerciéndose. La rendición de cuentas, las ruedas de prensa sin preguntas, la falta de independencia de agencias oficiales de noticias y de la fiscalía, el poder sin control democrático de Redondo solo interesan a los periodistas y a los tuiteros que siguen la política como si fuera una serie. Asumiendo esta realidad, el Gobierno tiene todos los incentivos para seguir coqueteando con el iliberalismo, que sale más barato que el liberalismo.