Los refugiados rohingya, pocas armas y mucho riesgo ante el coronavirus

A medida que los países cierran sus fronteras y piden a sus ciudadanos que se queden en casa para evitar la propagación del coronavirus, las organizaciones de ayuda humanitaria advierten que el impacto de la Covid-19 en los campos de refugiados rohingya en Bangladés “puede ser enorme”. El 24 de marzo, se confirmó el primer caso positivo en Cox's Bazar, ciudad que alberga una de las concentraciones más densas de personas refugiadas del mundo. Ahora, es solo cuestión de tiempo hasta que el virus alcance los campamentos, aunque ningún caso ha sido oficialmente registrado en los 34 que hay en la región, según AFP.

Este jueves, el Gobierno ha declarado los campos "en confinamiento total", no se permite ninguna entrada ni salida "hasta que la situación mejore". Solo la distribución urgente de alimentos y los servicios médicos pueden seguir funcionando. Una limitación que se suma a la restricción del uso teléfono e Internet que ya se había decretado en septiembre de 2019. Así, casi un millón de rohingyas luchan por prepararse incluso con la información más básica para prevenir el virus y evitar rumores falsos, transmitidos de uno a otro en los campamentos.

El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró pandemia a la Covid-19, la enfermedad causada por una nueva cepa de coronavirus. Por ahora, ha habido más de 1,5 millones de casos confirmados y más de 87.000 muertes en el planeta. Bangladés, hogar de casi 165 millones de personas, ha confirmado (hasta este jueves) 218 casos y 20 muertes, pero los críticos creen que esas cifras están subestimando el impacto real. Como se ha demostrado en los países más afectados, el virus puede propagarse rápidamente y, en su mayoría, sin ser detectado en las etapas iniciales.

El llamado distanciamiento social que muchos países están practicando para prevenir el nuevo coronavirus parece una broma cruel para los más de un millón de rohingyas que viven en los campos  superpoblados de Cox’s Bazar. La mayoría de ellos huyeron de los ataques liderados por el ejército de Birmania en 2016 y 2017, y en la actualidad, residen en malas condiciones sin acceso a agua limpia o saneamiento adecuado, lo que los pone especialmente en riesgo, ya que no pueden mantener la higiene mínima necesaria.

Bangladés impuso un bloqueo total el 25 de marzo para frenar la propagación de la enfermedad. Se suspendieron los viajes por agua, ferrocarril, avión y carretera, unas restricciones decretadas después de que diversas organizaciones internacionales mostraran su preocupación porque el Gobierno de Dacca no estaba tomando medidas suficientes. Incluso cuando el país registró su primera muerte por coronavirus a mediados de marzo, decenas de miles de personas se reunieron en el sur de la ciudad de Raipur para rezar versos del Corán con la creencia de que así protegerían a la población.

Bangladés está mal equipado para manejar una crisis de salud entre su propia gente, dicen los expertos consultados para este reportaje; mucho peor es la situación entre los cientos de miles de refugiados rohingya que se han refugiado aquí. Desde el comienzo de la ola actual de atrocidades en 2016, y durante muchos años antes, las respuestas de la comunidad rohingya a las emergencias han sido muy efectivas. Pero el apagón en la red de teléfonos móviles está empeorando las cosas innecesariamente. "No pueden usar WhatsApp para comunicarse entre ellos, y los trabajadores de salud tampoco pueden informar si algún refugiado está experimentando síntomas", dice Chris Lewa, directora de la ONG Arakan Project.

La restricción a la telefonía móvil impuestas por el Gobierno es una dificultad añadida y una violación de los derechos fundamentales de la población refugiada contra la que varias organizaciones, como Amnistía Internacional, ya han protestado. En septiembre de 2019, el organismo regulador de telecomunicaciones del país ordenó a los operadores dejar de ofrecer servicios móviles en los campamentos, citando temores de seguridad y uso ilegal de dispositivos móviles. Las tarjetas SIM locales están prohibidas para los refugiados; ahora solo los bangladesíes con documentos de identidad nacionales pueden usarlos. Si las autoridades encuentran a una persona rohingya con un teléfono, lo confiscan. Los refugiados no solo no pueden conectarse a Internet, sino que ni siquiera pueden hacer llamadas.

El acceso a las tarjetas SIM ha sido vital para los rohingyas durante años, explica Matthew Smith, CEO de la ONG Fortify Rights. "Los rohingya estaban conectados no solo en los campos, sino también a nivel internacional", dice. "Hay grupos de WhatsApp, algunos bastante grandes, y comunicaciones en una variedad de otras plataformas, todos utilizados para mantenerse informados".

Desde que los refugiados se enteraron de que alguien dio positivo por Covid-19 en Cox’s Bazar, "han entrado en pánico", describe Lewa, que ha estado monitoreando su difícil situación durante años. Aunque no se sabe con certeza si la razón está relacionada con el coronavirus, la experta señala que "algunos miembros de la diáspora han decidido en estos días regresar a Birmania", a pesar de que las condiciones no han mejorado desde que huyeron hace unos pocos años.

El cierre de los campos de refugiados rohingya llegó el día en que se confirmó el primer caso en Cox’s Bazar: una mujer de más de 60 años que había regresado de Arabia Saudita el 13 de marzo después de realizar el umrah (el peregrinaje a La Meca de los musulmanes). Las operaciones en los campamentos han sido suspendidas desde entonces, pero los servicios de emergencia relacionados con alimentos, salud y medicina continúan como de costumbre.

El doctor Husni Mubarak Zainal, coordinador sanitario de Médicos sin Fronteras, explica que está "extremadamente preocupado" por los rohingya en los campamentos, así como por otras poblaciones vulnerables en Bangladés. El distrito de Cox's Bazar y los 34 campos dentro de él están especialmente en "alto riesgo de exposición", afirma. "Alrededor de un millón de refugiados subsisten encajonados en solo 26 kilómetros cuadrados. Viven muy juntos en refugios de bambú superpoblados donde las familias comparten una o dos habitaciones, y el acceso al agua limpia y al jabón es limitado".

Lewa, del Proyecto Arakan, también teme que la propagación del virus en los campos pueda tratarse solo "de una cuestión de tiempo". Ella no puede imaginar "lo desastroso que será" si eso sucede. "Parece que los refugiados han entendido el problema, pero es algo por lo que ellos y los trabajadores humanitarios están realmente preocupados", expresa.

Los grupos humanitarios están distribuyendo jabón, han aumentado el número de instalaciones para lavarse las manos y han ido de casa en casa pidiendo a los refugiados que no se muevan mucho por los campamentos y que mantengan la distancia entre ellos, algo difícil en estas circunstancias. Están siendo informados a través de altavoces, carteles y folletos sobre cómo pueden protegerse a sí mismos y a sus familias, y qué deben hacer para buscar atención médica si presentan síntomas. Pero como señala Lewa, las restricciones en las comunicaciones están complicando la tarea.

Represión con consecuencias

Se ha especulado que la represión del Gobierno contra el uso de teléfonos móviles en los campamentos podría ser en respuesta a incidentes que involucraron a varios rohingya hace varios meses. Todo comenzó con un intento por parte de las autoridades de Bangladés de repatriar a los refugiados a Birmania (su país de origen) en agosto de 2019, algo que fracasó porque los interpelados sentían que aún era inseguro regresar.

Unos días después, miles de refugiados participaron en una reunión pacífica para conmemorar el segundo aniversario de la campaña de limpieza étnica del ejército de Birmania en el estado de Rakhine. Posteriormente, un político local fue asesinado, presuntamente por rohingya, y los oficiales mataron a cuatro personas de esta etnia que, según ellos, estaban involucradas en el asesinato.

La construcción de cercas por parte del Gobierno de Bangladés para encerrar los campos donde esta minoría reside también ha creado "mayor angustia y temor, lo que plantea mayores riesgos para la salud pública y el acceso humanitario", según Fortify Rights.

Con la Covid-19 y la temporada de ciclones y monzones que se acerca, la comunicación será indispensable. Smith explica que si el virus llega a los campos, "probablemente se va a propagar rápidamente y, si lo hiciera, de manera exponencial". Si eso sucede, puede abrumar a los profesionales de la salud, que ya están trabajando en circunstancias difíciles y con recursos limitados en los campamentos. "Muchos rohingya ya sufren problemas de salud preexistentes, y correrían un riesgo particular", dice Smith.

Para él, "el acceso a la información no solo es un derecho que se extiende a los refugiados rohingya, también es esencial para la salud pública en general". Y proteger los derechos de los refugiados y prevenir un brote de enfermedades "van de la mano" para evitarlo.

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