Salvar el gueto de Copenhague

Cada mes de diciembre el Gobierno de Dinamarca publica la lista de las zonas residenciales del país que considera guetos. Actualmente hay 28, la mayoría repartidas por los suburbios de las principales ciudades, como Copenhague. Para ser clasificadas así, estas zonas deben cumplir unos requisitos: la tasa de desocupación tiene que ser superior a la del resto de la ciudad o la media de ingresos de sus vecinos ha de ser inferior. También se mide el nivel de educación y escolarización de los jóvenes y los índices de criminalidad. Pero hay un criterio diferencial: la mitad de los residentes tienen que ser de origen o descendencia de países no occidentales, incluso si han nacido en Dinamarca.

Vivir en un gueto tiene sus consecuencias. El anterior gobierno conservador bautizó el plan como “Una Dinamarca sin sociedades paralelas: Sin guetos en 2030”. Con el nuevo Ejecutivo socialdemócrata de Mette Frederikksen, esto se ha traducido en un conjunto de durísimas leyes de inmigración y de políticas de vivienda. Entre otros, los niños mayores de un año tienen que atender en clases sobre “valores daneses” durante 25 horas semanales, y las sanciones por algunos delitos leves cometidos por vecinos de los guetos pueden ser dobles o comportar penas de prisión. Pero sin duda, la más drástica de todas es la eliminación del 40% de las viviendas públicas de estas zonas, lo que supone el derribo de muchos barrios con mayoría de población trabajadora, musulmana o refugiada, que es obligada a trasladarse hacia otros lugares más alejados del centro de las ciudades.

Para hacer frente al plan, desde Mjølneparken, en el norte de la capital, un grupo de vecinos ha empezado una batalla legal contra el Ministerio de Transportes y Vivienda para salvar su barrio.

Asif Mehmood llegó tres décadas atrás a Dinamarca desde Pakistán, y hace 27 años que vive en el número 30, un bloque de cuatro pisos uniformes delante de un parque infantil rodeado por decenas de bicicletas aparcadas: “Me gusta mucho vivir en Mjølneparken, es una mezcla de gente de todas partes y hablamos el danés para entendernos”. “Aquí los vecinos nos conocemos entre todos y siempre puedes pedir ayuda a alguien, no sabría vivir en ninguno otro lugar”, asegura, a pesar de las historias de bandas y drogas que a menudo salen en los medios de comunicación daneses. “Tenemos el metro, los autobuses, el hospital y la escuela a cinco minutos, aquí han nacido mis tres hijas”. Y reflexiona: “La integración, la criminalidad... Todo son excusas que usan porque nos quieren echar para construir nuevos pisos y hacer negocio, pero nosotros también tenemos derechos”.

Susanne Poulsen es otra vecina que también ha decidido defender el barrio por la vía judicial. Ella hace ocho años que llegó a Mjølneparken con su pareja cuando nació su hija: “Cuando oigo la palabra gueto me viene a la cabeza un lugar peligroso, sucio y ruidoso... No el barrio donde vivo con mi familia”. En diciembre de hace dos años la empresa de vivienda social Boa-Vita que gestiona la venta de los 260 pisos del barrio a un inversor privado, le comunicó que su apartamento estaba en la lista de los afectados para derribar: “Desde entonces, mi hija me pregunta: ¿Cuándo me tendré que cambiar de escuela?”. “Por eso decidí apoyar la demanda, nos sentimos discriminados por vivir aquí”.

“Somos parte de la sociedad, pero ahora nos quieren echar”

Muhammad Aslam es uno de los primeros vecinos que llegaron al barrio cuando se construyó a finales de los años ochenta. Desde el principio los bloques se llenaron de jóvenes daneses y de familias de países de Oriente Medio y el Norte de África, a menudo llegados como refugiados o como inmigrantes, y atraídos por el bajo precio de alquiler de los pisos. Hoy Mjølneparken está plenamente integrado en Nørrebro, el distrito multicultural de Copenhague lleno de nuevos bares, restaurantes y vida en la calle, y que también sufre la gentrificación. Aslam es también el portavoz de la asociación de vecinos y uno de los impulsores del litigio: “Hemos vivido toda la vida aquí, mis hijos son daneses, somos parte de la sociedad, pero ahora nos quieren echar”. Aslam asegura que, más allá de querer defender Mjølneparken, el caso “afecta la libertad de todos los daneses y al derecho de escoger donde queremos tener nuestro hogar”.

Desde la Plataforma de Afectados Almen Modstand (Resistencia Común, en danés), Fátima asegura que esto no tiene nada que ver con la integración: “Cualquier persona que piense que se puede integrar a alguien obligándola a marchar de su casa, está delirando”. En cambio, ella denuncia las nuevas políticas neoliberales que pretenden erradicar la vivienda social en Dinamarca, una forma de propiedad muy común en el país y que hasta ahora había garantizado la accesibilidad a los pisos de alquiler.

Para María Ventegodt, del Instituto Danés por los Derechos Humanos, el plan claramente vulnera las leyes y la constitución danesa y confía que los vecinos podrán ganar el caso. “El Gobierno está enviando un mensaje muy claro” dice Ventegodt: “Seremos muy duros con las minorías étnicas y no los consideramos daneses”. Y añade: “Hasta ahora y a pesar del cambio de Ejecutivo, el clima político de racismo contra la inmigración no ha parado de crecer en Dinamarca, y esto es muy peligroso”.