El método danés contra los refugiados

Es cierto, sin embargo, que por muy polémicas que puedan resultar algunas de las propuestas —o incluso contrarias a los parámetros de Bruselas— Dinamarca tiene en ciertos temas la sartén por el mango. El obstáculo, pues, a que estas durísimas medidas antirrefugiados salgan adelante está en la propia política nacional. El Gobierno —actualmente en minoría— necesita 90 votos a favor del documento. El Partido en el Ejecutivo (Partido Liberal) sólo tiene 34 escaños pero si se les suma los 56 de sus socios de Gobierno —37 pertenecen al Partido Popular Danés, muy duro en cuanto a Inmigración— harían 90 justos. Sin embargo, se augura una dura negociación. "Hay discrepancias serias entre ellos", confirman fuentes diplomáticas.

Una de las medidas que el Gobierno del primer ministro Lars Løkke Rasmussen quiere implementar es la cárcel incondicional durante dos semanas (14 días) por mendigar en las calles. Eso sí, la propuesta no especifica si es aplicable a los inmigrantes, a los solicitantes de asilo o a ambos. "Es crucial que los ciudadanos ordinarios se sientan a salvo para caminar en la vía pública", justifica el documento. La medida, además, se trata de una de las más restrictivas al no hacerse necesario un aviso policial o judicial para trasladar de inmediato al migrante que pide dinero, ayuda o comida por la calle —incluso sin antecedentes—, a la cárcel.

El hecho de residir en campamentos improvisados y espacios públicos —una imagen nada extraña en las localidades francesas de Calais y Dunkerque; en un parque de Bruselas; en la estación de tren de Budapest y, hasta hace meses, en Idomedi (Grecia), por poner algunos ejemplos— también "será criminalizado", aunque el documento no especifica cómo.

Se trata de una medida, según el Ejecutivo danés, "inspirada" en las prácticas noruegas (país que no forma parte de la UE) que Copenhague ha llamado "freno de emergencia". Consiste, ni más ni menos, en cerrar la puerta de entrada al país  —esto es, en la frontera— de aquellos miles de personas que piden protección y que, tras un estrepitoso viaje desde Oriente Próximo y Asia por tierra, mar y aire, han conseguido alcanzar el norte de Europa. Se trata de una medida excepcional —e ilegal para la UE— que el Gobierno asegura sólo aplicará "si se desencadena una situación de crisis que desemboque en demasiada presión en la zona fronteriza (...) como ocurrió en septiembre de 2015". 

El aspecto de la devolución en la propia frontera es clave puesto que aunque Dinamarca mantenga sus competencias sobre Inmigración frente a Bruselas, no las mantiene en fronteras, en las que se especifica que este tipo de retornos son ilegales. El Gobierno buscará, pues, "provisiones legales" para poder "enviar de vuelta" solicitantes de asilo en la frontera. Estas devoluciones no serán factibles, advierte el Consejo de Refugiados danés (DRC), porque entre otros aspectos, "Alemania no aceptaría el retorno de solicitantes de asilo en su territorio".

Dinamarca es uno de los países que decidió el año pasado reintroducir controles fronterizos con otro país Schengen. En los 68 kilómetros de línea divisoria que comparte con Alemania ya no hay libertad de circulación. En mayo de este año, el Gobierno decidió extender durante seis meses más, hasta el próximo noviembre, la suspensión de Schengen, pero el Ejecutivo danés quiere ir más allá con esta propuesta y extender durante 2017 los controles entre el país escandinavo y Alemania, algo que deja en entredicho uno de los pilares fundamentales de la UE: el libre movimiento de personas. "[La extensión se aplicará] si continúa habiendo una ausencia de control en las fronteras exteriores de la UE", condiciona el Gobierno.

El Consejo de Refugiados de Dinamarca (DRC, por sus siglas en danés) aunque ha sido muy crítico con el plan del Gobierno no cree, sin embargo, que el país sea capaz de cerrar a cal y canto su frontera con Alemania. "Es muy difícil en la práctica cerrar la frontera", declara el DRC.

Debe haber "en todo momento" presencia policial en los alrededores de los centros de acogida. Pero el documento hace una especial referencia al centro de Kærshovedgård (en medio de la península de Jutlandia). Se trata del lugar elegido por las autoridades danesas para que aquellos cuya solicitud de asilo ha sido rechazada pero que aún tienen el derecho a permanecer en el país residan en un futuro. Son los conocidos como tolerados, una figura que en España, por ejemplo, no existe. 

Aquellos solicitantes de asilo menores de edad no se librarán del endurecimiento de la ley que propone el Gobierno liberal, apoyado por el Partido Popular Danés, la Alianza Liberal y el Partido Conservador. "Debemos asegurarnos de que [los menores] sean bien tratados mientras permanezcan en Dinamarca", sostiene el Ejecutivo. Pero si los niños y adolescentes no se comportan, deberán "atenerse a las consecuencias", según repite varias veces el Ejecutivo en su propuesta. Unos castigos que, según el documento, van desde retirarles la paga que reciben del Estado hasta poner trabas en su proceso de solicitud de asilo o rebajar las limitaciones para un potencial uso de la fuerza —incluida física— contra ellos.

El Gobierno quiere otorgar a los trabajadores de centros de menores no acompañados el derecho y la potestad para entrar en las habitaciones de los solicitantes de asilo y registrar sus pertenencias con el pretexto de buscar "drogas ilegales".

El Gobierno quiere ampliar de seis a ocho años el tiempo necesario de haber vivido en el país para obtener la residencia. Además, "los solicitantes de asilo cuyas solicitudes hayan sido rechazadas no tienen el derecho de residir en el país y deben irse", sentencia uno de los capítulos de la propuesta de 20 páginas, algo habitual en otros países salvo por la particularidad de que en Dinamarca (y también Alemania) existe el estado de tolerado: aquellos cuya solicitud de asilo ha sido rechazada pero cuya residencia en el país es permitida mientras la situación en el país de origen no permita un retorno seguro.

Además, habrá una rebaja de un año a seis meses del tiempo necesario de no haber pasado por prisión para poder solicitar la residencia. En caso de haber estado en la cárcel, la ley actual requiere al migrante cuatro años y seis meses de espera para volver a solicitar la residencia. El Ejecutivo quiere aumentar esa barrera a 12 años (es decir, triplicarla) desde el momento de salida de prisión.

Pero por si lo anterior no hubiera hecho mella en el extranjero y el migrante hubiera adquirido el permiso de residencia, el Ejecutivo tiene preparada una batería de incentivos para que vuelva a su país de origen de forma voluntaria. El Ejecutivo danés, sin embargo, es consciente de que existen dificultades en los países de origen que motivan al migrante a evitar a toda costa su retorno. Por eso Copenhague ya está trabajando para establecer programas de devolución con Afganistán, Irak y Somalia.