La pandemia paraliza la repatriación de 54 españoles encarcelados en el extranjero

La crisis sanitaria ha paralizado la repatriación de 54 españoles encarcelados fuera de la UE cuyos expedientes para cumplir la parte final de sus condenas en España estaban en marcha o, incluso, finalizados. El 31 de enero, había 946 españoles presos en el extranjero (831 hombres y 115 mujeres), en su mayoría por tráfico de drogas. De ellos, 117 habían pedido su traslado, según una respuesta parlamentaria al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu.

De los 54 expedientes de repatriación a España ahora paralizados, 43 habían recibido ya la autorización del Gobierno. En parte de ellos el traslado estaba a la espera de que el recluso cumpliera el requisito de haber cumplido en el país de la detención el tiempo mínimo de la pena fijado en los acuerdos antes de proceder a su traslado. En otros, esta condición ya se había cumplido y existía autorización por ambos países para proceder a la repatriación. El traslado estaba pendiente únicamente de que fuera ejecutado por “las autoridades policiales” encargadas del mismo, según la respuesta parlamentaria. Los otros 11 expedientes estaban aún pendientes de autorización por parte del Gobierno, aunque en cinco casos este trámite iba a producirse “en las próximas semanas”. En los seis restantes, España aún no había recibido la documentación que debe remitir el estado donde el recluso recibió la condena para continuar con la tramitación del expediente.

El Ministerio de Asuntos Exteriores atribuye la actual paralización por culpa de la pandemia a una instrucción de Interpol (un organismo policial internacional que engloba a 194 países, entre ellos España), “que se encarga de la ejecución de estos traslados y que ha anunciado la suspensión de las comisiones de servicio hasta nueva orden”. La paralización general del tráfico aéreo dificulta también estos desplazamientos, aunque el ministerio sí propicia los vuelos de retorno de los españoles a los que las restricciones de movilidad sorprendieron de turismo en el extranjero. Las mismas fuentes de Exteriores añaden que las embajadas y consulados “siguen atendiendo a los presos españoles, pese a las dificultades ocasionadas por el coronavirus”.

La cifra de los 946 ciudadanos españoles presos en el extranjero (572 detenidos por tráfico de drogas y 374 por otros delitos) es sensiblemente inferior a la de los últimos 10 años. En 2011 había 2.519 encarcelados, fundamentalmente en Perú, Brasil, Marruecos y Francia. Desde entonces, la estadística se ha reducido. Al año siguiente eran 2.460, para bajar en 2013 a 2.027. En 2014 se redujeron a 1.735 y, un año más tarde, a 1.534. En 2016 eran 1.328. Buena parte de este descenso es fruto de los convenios bilaterales firmados con otros estados.

Para que un español condenado en el extranjero pueda solicitar el traslado se requiere que su sentencia sea firme, que le resten al menos seis meses de cárcel y que no esté sujeto a otras causas penales. Y la aceptación no es automática; dependerá de que tanto el Estado donde ha sido condenado como España accedan. Existen dos modelos: los de países de la UE, con un trámite más ágil desde 2014 que se realiza sin intervención del Ministerio de Justicia -solo con el visto bueno del juez-, y los de terceros Estados, que dependen de que exista un convenio bilateral o multilateral entre los dos países afectados. España tiene acuerdos con 36 países, además de los 47 que forman parte del Consejo de Europa.

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