Los presidentes autonómicos urgen al Gobierno para que fije los criterios de reparto del fondo de 16.000 millones no reembolsables

La preocupación de los presidentes autonómicos por el impacto del coronavirus en la economía española aumenta conforme avanza la desescalada y se reduce el drama de víctimas diarias: 87 fallecidos en las últimas 24 horas. Los barones del PSOE y del PP han urgido a Pedro Sánchez en la décima conferencia de presidentes durante el estado de alarma a que aclare los criterios para el reparto del fondo de 16.000 millones de euros no reembolsables. El presidente del Gobierno anunció su aplicación hace dos semanas, tal y como le solicitaban las comunidades presididas por los populares, pero desde entonces hay un encendido debate sobre qué razones deben primar más, como la población o los gastos sanitarios provocados por la pandemia. Comunidades con presidentes del PSOE, PP o nacionalistas han coincidido en proponer que el uso de la mascarilla sea obligatorio en espacios públicos.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que el fondo se repartirá según el gasto sanitario registrado en cada caso, con criterios técnicos y equitativos de acuerdo con el gasto sanitario generado por la pandemia y la caída de ingresos. “Si no resolvemos la emergencia sanitaria el crecimiento será endeble”, ha advertido Sánchez al cierre de la reunión, que no ha llegado a las cuatro horas. El presidente ha subrayado que el Consejo de Ministros del martes aprobará una nueva línea de créditos ICO de 20.000 millones -será la cuarta, por un montante acumulado de 80.000 millones- para pymes y autónomos.

El presidente del Gobierno ha trasladado a los presidentes autonómicos su intención de “equiparar” la flexibilidad horaria para salir de casa en las localidades de hasta 10.000 habitantes con las de 5.000. La principal novedad es que supondría eliminar las franjas horarias en 7.378 de los 8.131 municipios españoles. De esta manera sus habitantes podrán hacer deporte y salir a pasear sin horarios determinados “ya que no hay ningún peligro de aglomeraciones”, ha explicado el presidente. Sánchez ha destacado además que se ha incorporado la petición de muchos de los Gobiernos autónomos de permitir la caza y la pesca en la fase 1.

Al contrario que en anteriores reuniones, la presidenta de Madrid se ha quedado sola en su estrategia de confrontación con el Ejecutivo. Isabel Díaz Ayuso ha afirmado que la Comunidad “cumple todos los parámetros” y tendría que haber pasado a la fase 1 de desconfinamiento. La dirigente del PP calcula que cada semana se pierden 18.000 puestos de trabajo en la región. “Vamos a ir a la quiebra absoluta”, ha pronosticado según fuentes de la reunión. Ayuso ha acusado al Gobierno de falta de transparencia por desconocer la identidad de los expertos que deciden el paso de fase y no poder contrastar el informe sobre Madrid con los de otras autonomías. “La Comunidad de Madrid se ha enterado por los medios de comunicación del detalle del informe. No es forma de trabajar, no es de recibo”, ha reprochado sobre el informe que adelantó EL PAÍS. El Ministerio de Sanidad concluyó que la red de atención primaria madrileña no está preparada para una detección rápida de positivo en un posible rebrote del coronavirus. Con 8.847 muertes contabilizadas, Madrid representa el 32% de los 27.650 decesos en España. Sánchez ha recalcado al final de la reunión que nadie debe poner en duda el esfuerzo de transparencia. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha afirmado que los informes serán públicos cuando todas las comunidades pasen una misma fase.

Salvo la excepción de Madrid, la participación de las comunidades en la toma de decisiones y su ejecución durante la desescalada de la crisis, dentro de lo que La Moncloa ha bautizado como cogobernanza, ha pacificado la conferencia de presidentes. El ring en que se había convertido la cumbre semanal, con los presidentes nacionalistas y los del PP abanderando las críticas al Gobierno, ha dado paso a unas reuniones de contenidos más técnicos. Y ante todo económicos. Al revés que en otras ocasiones, la propuesta de prorrogar, esta vez por un mes, el estado de alarma se ha tratado de pasada. El president catalán, Quim Torra, ha sido el único que lo ha sacado a relucir. Torra ha adelantado, pese a que ya se sabía, que Junts per Catalunya votará en contra. Lo que no se esperaban en el Gobierno es que la Generalitat presentara una reclamación al Estado de 4.000 millones por el gasto extra generado por la covid-19.

El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha sido el primero en pedir que se cierren este mes los criterios de reparto. “Si lo dejamos para después del verano, no vamos a poder ejecutar esos fondos”, ha afirmado. El presidente de la Xunta ha insistido en que “se fijen ya” los criterios de reparto de todos los tramos para que los territorios “sepan exactamente cuánto van a recibir desde mayo y podamos empezar a generar crédito”, según fuentes presentes en la reunión. El presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, también ha pedido que se detalle el reparto “en el menor tiempo posible”. Tras insistir en un plan nacional de rescate del sector turístico ha vuelto a solicitar la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, un órgano que no tiene periodicidad y que no se reúne desde febrero. También lo ha hecho Alfonso Fernández Mañueco. El presidente de Castilla y León ha agradecido el esfuerzo del Gobierno para que la negociación con Bruselas no implique una aportación insuficiente para Política Agrícola Común y para los Fondos de Cohesión.

La petición de determinar los criterios del fondo de 16.000 millones no es exclusiva de los líderes territoriales del PP. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha defendido como la semana pasada que se priorice la financiación en función de los gastos ocasionados por la covid-19. “El gasto que directamente viene de Europa es para financiar el impacto claro por el coronavirus y me parece de justicia y sentido común que tenga que ir en relación al esfuerzo que se ha producido en el gasto objetivo”, ha esgrimido. “No podemos presumir al mismo tiempo que no tener casos y querer tener dinero. La movilidad y la conectividad es lo que ha hecho que el virus esté más en un sitio que en otro. A efectos de la pandemia, mi región en vez de tener cinco provincias tiene seis: en abril hemos despachado 200.000 recetas con tarjeta sanitaria de Madrid frente a las 15.000 en el mismo mes del año pasado. Las cosas son como son, no tiene vuelta”, ha apostillado García-Page.

Otro barón del PSOE, Javier Lambán, ha apuntado que el fondo de 16.000 millones “será insuficiente para acometer necesidades como la educación" a partir de septiembre, dando por sentado que habrá un rebrote “que originará sobrecostes”. El presidente de Aragón ha emplazado a Sánchez a que el Gobierno cumpla la ley de dependencia y pague el 50% de su coste. Ahora mismo las comunidades asumen entre el 70% y 80%. La Comunidad Valenciana es partidaria de que el fondo de 16.000 millones prime en función de la población. Su presidente, Ximo Puig, ha remarcado que este año los ingresos públicos sufrirán una caída de 50.000 millones mientras el gasto aumentará en 60.000 millones. “Eso supone un enorme esfuerzo de ser eficientes y priorizar las actuaciones. En definitiva, debemos acertar bien en las decisiones que tomemos en política económica para aprovechar al máximo los recursos de los que dispongamos”, ha intervenido. Puig ha pedido que en los criterios de reparto se tenga en cuenta la corresponsabilidad fiscal: Valencia acusa a Madrid de “dumping fiscal” por su política impositiva (es la única comunidad que mantiene la bonificación del 100% sobre el impuesto de patrimonio, el tributo que grava la riqueza).

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, comparte que se deben establecen mecanismos de control para impedir que haya comunidades autónomas que traten de computar como pérdida de ingresos por la crisis del coronavirus, lo que en realidad son pérdidas de ingresos por sus rebajas fiscales. Barbón reclama que el reparto del fondo extraordinario no considere solo la población en términos absolutos, sino que atienda a criterios de “población ajustada o protegida equivalente”, para reconocer el coste añadido de la atención a la población mayor de 65 años. La ministra de Hacienda considera que se trata de una medida razonable. Como que se compute la totalidad de pruebas PCR realizadas y no solo las que hayan dado positivo.

Miguel Ángel Revilla ha defendido que se tenga en cuenta “el esfuerzo de cada una de las comunidades para tener ahora unos resultados positivos”. "Hay que primar a las autonomías en las que se ha hecho un esfuerzo superior y que ha conseguido que en esos territorios la pandemia no haya sido tan grande”, ha esgrimido el presidente de Cantabria, líder del partido regionalista PRC que cogobierna con el PSOE.

Torra ha lamentado la demora en el pago “a miles de trabajadores” a los que se ha aplicado un ERTE. Montero ha señalado que la financiación que ha llegado a pymes y autónomos es de 32.000 millones. Además, Torra ha criticado la restricción de derechos fundamentales en el estado de alarma y ha reclamado derogar la ley mordaza. “Hay que garantizar el derecho a la manifestación”, ha afirmado mientras insistía en reivindicar “el derecho de protesta” y criticaba el “rastreo de las redes sociales” para evitar situaciones que supongan “conflictividad social o separatista”. “Quien quiera protestar tiene que poder ejercer este derecho”, ha concluido. Como en anteriores ocasiones, Torra ha pedido que los Ayuntamientos puedan utilizar su superávit. La presidenta de Baleares, la socialista Francina Armengol, coincide en que los municipios, diputaciones, cabildos y consells puedan emplear sus remanentes, como solicita la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Como hizo dos semanas atrás, el responsable de Junts per Catalunya le ha dicho a Sánchez que su partido votará en contra de la quinta prórroga del estado de alarma. El Gobierno propone que en esta ocasión sea por un mes y no 15 días.

Iñigo Urkullu ha pedido que se establezca un nuevo marco legal que integre el modelo de cogobernanza que se está aplicando en la desescalada para el refuerzo de las políticas activas de empleo, el ingreso mínimo vital y la educación. El lehendakari ha propuesto que se fije un criterio general para el uso de mascarillas en espacios cerrados o donde no se garantice la distancia. También ha planteado que se permita el turismo activo en la naturaleza, como el senderismo, y favorecer la actividad educativa presencial.

La Rioja ha informado que está preparando un proyecto piloto, los Comités para Cuidados Rurales, que estarán formados por representantes de Salud, Servicios Sociales, Educación, Administración Local, Tejido Socioeconómico y Tejido Social y Cultural. Estarán en contacto y coordinados con equipos de identificación precoz de casos sospechosos de coronavirus y de seguimiento de contactos.

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