La Fiscalía pide más de 16 años de cárcel para una de las hermanas Cereceda en el ‘caso Villarejo’

El caso Villarejo no para. La Fiscalía Anticorrupción y Podemos, personado como acusación popular, han presentado ya sus peticiones de penas contra los implicados en la línea de investigación bautizada como pieza Land, sobre la guerra familiar de los Cereceda, impulsores de la urbanización de lujo La Finca (Pozuelo de Alarcón). Según consta en los escritos de ambos, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, el ministerio público se muestra mucho más contundente y solicita en esta parte de la trama una condena de 38 años y 10 meses para el comisario jubilado José Manuel Villarejo; 16 años y 10 meses para una de las promotoras del complejo inmobiliario, Susana García-Cereceda; y 19 años y cuatro meses para su socio, Francisco Peñalver. El juez les atribuyó presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.

Las acusaciones toman así la iniciativa en esta parte de la Operación Tándem después de que Manuel García-Castellón, magistrado instructor de la Audiencia Nacional, procesase el pasado 11 de mayo a un total de siete personas por estos hechos. Además de los tres principales señalados, también sigue adelante la causa contra la mujer de Villarejo, Gemma Alcalá, para la que la Fiscalía pide 36 años y 4 meses; contra su socio, Rafael Redondo (36 años y 4 meses); contra el comisario Enrique García Castaño, alias El Gordo (30 años y 10 meses); y contra David Fernández, jefe de Seguridad de García-Cereceda y Peñalver (19 años y 4 meses).

Podemos pide, en cambio, penas más bajas: 13 años de cárcel para Villarejo; 10 y medio a García-Cereceda, Peñalver y Redondo; 9 años para García Castaño; 8 años para Alcalá; y 5 para Fernández. En la causa hay otras tres personas jurídicas procesadas, empresas herederas de Procisa, la promotora del complejo: La Finca Global Assets S. L., La Finca Somosaguas Golf S. L. y La Finca Promociones y Conciertos Inmobiliarios S. L.

Según señaló el juez en un auto sobre esta parte de la investigación, Susana García-Cereceda y Francisco Peñalver, junto a David Fernández, contrataron a Villarejo para recabar información de forma irregular sobre el resto de herederos de Luis García Cereceda, expresidente de Procisa y muerto en 2010. Según el magistrado, la hija del fallecido y su exsocio encargaron al comisario jubilado que espiara a Yolanda García-Cereceda, hermana de Susana; a su exmarido Jaime Ostos; al arquitecto Joaquín Torres; y a Silvia Gómez-Cuétara, viuda del empresario que levantó el grupo inmobiliario que generó la riqueza de la familia.

Obtuvieron así información de su vida privada. El objetivo era “conocer sus vínculos de carácter estrictamente personal e íntimo” para divulgar después los datos y usarlos “como instrumento de presión a su favor en las controversias económicas sobre el patrimonio social y familiar existentes”, explicaba el magistrado. Información, incluso, sobre “su vida sexual”, detalla también la Fiscalía en su escrito, que incide en que la idea era “presionarlos” a través de su difusión entre sus allegados y en los medios de comunicación.

Las pesquisas han permitido desvelar seguimientos a las víctimas, registros de llamadas e informes sobre la vida privada de los espiados. Según destaca Podemos, la trama organizada por Villarejo funcionaba como una organización criminal dedicada a la “resolución de conflictos y actividades de inteligencia, con la ventaja ilícita añadida de obtener información confidencial de bases de datos solo accesibles a funcionarios públicos por su cargo”.

“El precio de los servicios [prestados en Land] se habría fijado en 275.000 euros, más otros 150.000 euros en caso de rentabilización de los resultados. De ellos, Procisa habría pagado la cantidad de 340.252 euros entre el 10 de julio de 2013 y el 12 de febrero de 2014 de forma opaca, a través de facturas creadas ex profeso para simular la legalidad de dichos pagos bajo la apariencia de servicios ficticios”, apuntó García-Castellón en su escrito del 11 de mayo, donde apostilló que la promotora ya había contratado antes a Cenyt: en 2012 le abonó 21.830 euros por un informe sobre otras compañías con las que se encontraba enfrentada judicialmente. La Fiscalía añade otro encargo ese año para elaborar un informe sobre una magistrada.

Segunda petición de pena

Land es la segunda línea de investigación de la Operación Tándem donde se han presentado peticiones de penas. Anticorrupción y Podemos ya lo hicieron también la pasada semana en la pieza Iron, sobre la contratación de Villarejo por parte del despacho de abogados Herrero y Asociados para conocer los secretos de un bufete rival, Balder IP, formado por antiguos socios de aquel. En este caso, la Fiscalía solicitó 57 años de cárcel para el comisario jubilado; y la formación de izquierdas, 13 años.

García-Castellón también ha procesado a 14 personas en otra línea de las pesquisas conocida como pieza Thew-Pintor, por la contratación de Villarejo por parte del empresario Juan Muñoz Tamara, marido de la popular presentadora de televisión Ana Rosa Quintana, y su hermano Fernando. En esta parte aún no se han presentado los escritos con la petición de penas.