El juez Serrano, fuera de foco

“Para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada”. Esta frase de Martin Luther King es a la que Francisco de Asís Serrano suele referirse para explicar su decisión de entrar en política. Una determinación que adoptó en 2014 cuando se afilió a Vox, entonces una formación de extremaderecha residual y que no atisbaba la proyección que alcanzaría cinco años después a nivel nacional, y que ha termidado este martes 1 de septiembre de manera abrupta casi dos meses después de que hubiera renunciado a su acta de diputado por Vox, pero manteniendo su condición de parlamentario no adscrito, tras conocerse que la Fiscalía Superior de Andalucía se había querellado contra él por un presunto delito de fraude en subvenciones. El juez Serrano, como se le conoce popularmente, se ha despedido de la política activa a través de las redes sociales -un entorno en el que siempre se ha sentido muy cómodo para compartir sus polémicas opiniones- con un mensaje lleno de resentimiento hacia su antigua formación.

“Si yo no me hubiera presentado por Vox en las elecciones andaluzas de 2018 no hubiéramos obtenido 12 diputados, entonces el partido no era una marca. En este tiempo me he sentido ninguneado y utilizado”. Así resume Serrano en conversación telefónica su periplo en el Parlamento andaluz, donde empezó como líder absoluto y ha ido perdiendo presencia e influencia de manera paulatina. Con el líder de la formación ultra, José Abascal, asegura que no se habla desde poco después de la investidura, en enero de 2019. “Vine a luchar por cambiar la vieja política, pero mi formación se ha convertido en un partido más y me he hartado”, asegura. El juez en excedencia tomó la decisión de renunciar a la política en agosto, pero no la ha hecho pública hasta el arranque del mes de septiembre, apenas una semana antes de tener que comparecer ante el TSJA en su condición de aforado, que desde hoy ya no le ampara. De su decisión ha hecho partícipe a alguno de sus antiguos compañeros de partido con los que, asegura, mantiene buena relación, pero no al portavoz parlamentario, Alejandro Hernández, la cabeza visible del partido en Andalucía.

Serrano concurrió como cabeza de lista por Vox a las elecciones andaluzas de 2015. Entonces solo arañó 18.017 votos y ningún escaño. Su perfil polémico e implacable contra el feminismo, la política territorial o la inmigración -puesto de manifiesto a través de los diarios digitales XYZ y SevillaInfo, fundados por él, mientras estaba inhabilitado como juez- encajaban a la perfección con el tipo de candidato que el partido de Abascal necesitaba para iniciar su particular reconquista, y repitió como cabeza de lista en las autonómicas de 2018. Con una campaña diseñada al milímetro en la que se azuzaba el miedo al migrante o las medidas arancelarias europeas en las zonas agrícolas de la comunidad y se aireaban los mensajes a favor de “la España que madruga”, la familia tradicional o la regeneración democrática y en contra del feminismo y la ley de violencia de género en los núcleos urbanos, y siempre flanqueado por Abascal o Javier Ortega Smith, el juez en excedencia conquistó casi 400.000 votos y 12 diputados. Unos resultados que asombraron a la propia formación y a muchos de los que resultaron elegidos, con nula experiencia en la política.

El juez había capitalizado en buena medida la irrupción de la extremaderecha en el arco parlamentario español. Serrano era el único de los 12 de Vox que era conocido y en los primeros días de su estreno en la Cámara andaluza, era él quien guiaba al resto del grupo por los patios del Parlamento y les indicaba dónde ponerse y qué hacer. Su partido tenía la llave para apear al PSOE de la Junta por primera vez en 37 años e hizo valer su condición de celador. Él y Ortega Smith acaparaban los focos y aparecían en todas las fotos sentados a la mesa de negociación con el líder del PP, Juan Manuel Moreno, y el secretario general de los populares, Teodoro García Egea.

Ese protagonismo, sin embargo, se fue diluyendo casi desde el arranque de la legislatura. “Él tiene peso propio y en Madrid no gusta que haya figuras territoriales que puedan hacer sombra o restar atención al discurso de sus líderes nacionales”, explica un antiguo asesor. A principios del mes de febrero de 2019, menos de 15 días después del primer Consejo de Gobierno del nuevo Ejecutivo bipartito andaluz, Vox anunciaba una remodelación en el grupo parlamentario que dejaba a Serrano fuera de la portavocía, relegándolo al cargo de presidente.

Serrano pasó de ocupar un puesto central en las mesas de negociación a aparecer como mero convidado de piedra en el primero de los grandes acuerdos fraguados por PP, Ciudadanos y Vox en Andalucía: los presupuestos de 2019. El partido de Abascal consiguió forzar la foto de Cs con su formación y, por primera vez, aparecieron los sellos de las tres fuerzas políticas juntas en un folio. Allí, el líder de Vox estaba situado al margen del cuadro, como un mero notario, junto al portavoz de su grupo parlamentario, Alejandro Hernández, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, en representación del PP, y el de Economía, Rogelio Velasco, por Cs; pero, a diferencia de ellos tres, sin bolígrafo con el que estampar su firma. “Yo no entré en política para servirme a mí, pero qué menos que se nos dé a cada uno nuestro sitio por nuestra capacidad y valía y no por nepotismo”, explica ahora Serrano sobre su paulatino aislamiento.

Un arrinconamiento premonitorio. En el Parlamento sus intervenciones y propuestas han sido más ruidosas que efectivas. Cómodo en su papel de azote del feminismo y flagelo de la aplicación de la ideología de género a la hora de juzgar los casos de violencia machista, solicitó a la Mesa del Parlamento los nombres y apellidos de todos los trabajadores de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género. “Conoce el funcionamiento de los juzgados por su actividad profesional y sabía perfectamente lo que quería hacer con esa petición”, explica una abogada sevillana, que prefiere mantenerse en el anonimato. Serrano alegó que no contaban con las capacitaciones necesarias para ejercer sus funciones en materia de violencia de género o de decisión sobre las custodias de los menores y que, en algunos casos, no estaban ni siquiera colegiados. El líder de Vox defendió que su solicitud se enmarcaba en la necesidad de fiscalizar las ayudas recibidas por algunos organismos vinculados a esa actividad. Su propuesta no fue atendida en esos términos, pero generó una gran controversia entre los colectivos de mujeres y la oposición.

Negacionismo y “paguitas”

El cuestionamiento de la ley de violencia de género en redes sociales había dado notoriedad al juez Serrano, incluso antes de incorporarse a la política de manera activa. En los meses previos a la campaña de las andaluzas publicó un tuit que pretendía ser un mensaje de apoyo a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ante el mensaje publicado por una mujer que deseaba que a la dirigente la violaran en grupo. “A esta desgraciada no creo que nunca la violen ni en grupo ni en cuadrilla, ni con alevosía o nocturnidad. Todo mi apoyo a @Inesarrimadas”, escribió. Sus comentarios en redes sociales han contribuido a ahondar más el distanciamiento con su propio partido, que el verano pasado amenazaba con sancionarlo por sus declaraciones en Facebook tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que elevaba a violación el delito de abuso sexual a La Manada por su agresión en grupo a una joven en los Sanfermines de 2016. “Hasta un gatillazo o no haber estado a la altura de lo esperado por la mujer, podría terminar en prisión” o “se nota que es una sentencia dictada por la turba feminista supremacista”, eran alguna de las frases que publicó en su perfil.

Serrano se tomó una excedencia “ante el linchamiento que estaba sufriendo en redes sociales”, que muchos anticiparon como el preludio de su abandono de la política, pero tras las vacaciones regresó a su actividad parlamentaria. “Siempre voy a ser el mismo”, advirtió. Sin embargo, su grupo también decidió apartarlo de la comisión de Igualdad, que le servía de altavoz a sus alegatos antifeministas, para recolocarlo en la de Justicia. “Allí es donde él se siente realmente más cómodo porque es el ámbito que más domina por su formación”, explicaban entonces desde su círculo más cercano.

El que había sido primer peón de Vox en el tablero de su particular reconquista ha ido diluyendo su perfil político a favor de otros miembros del partido que apenas eran conocidos por los ciudadanos y que son quienes ahora acaparan el foco mediático de la formación, como Hernández, el portavoz parlamentario y líder de facto del partido en la comunidad, o Manuel Gavira, el presidente de la comisión de reconstrucción del Parlamento andaluz. La figura del juez se había vuelto cada vez más incómoda para los suyos, especialmente cuando se conoció la investigación de la Fiscalía sobre el supuesto fraude en subvenciones, que el partido trató de soslayar hasta el último momento restándole importancia.

“Puede sentirse un poco defraudado, pero la política es muy cambiante y él se considera respaldado por las bases y por muchos de los compañeros de su partido en Andalucía”, sostiene su antiguo colaborador, algo en lo que también insiste el propio Serrano. El Ministerio Fiscal lo acusa de haber percibido una subvención en 2016 por parte del Ministerio de Energía para realizar un proyecto de pellets en la localidad onubense de Niebla que jamás se llevó a cabo y no devolver la ayuda. Serrano, que debutó en el Parlamento enarbolando el discurso de la regeneración democrática tras 37 años de gobiernos socialistas y ha sido uno de los adalides contra “las paguitas”, como denomina su partido a los fondos públicos percibidos por lo que también llaman “chiringuitos” ―ONG relacionadas con los migrantes, grupos de mujeres…— debe ahora explicar el destino de una percibida por él. “Ni si quiera hay todavía una causa contra mí”, advierte.

No es su primer tropiezo con la Justicia. El Consejo General del Poder Judicial lo apartó de la carrera judicial, tras ser condenado en 2011 por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de prevaricación dolosa. Serrano modificó el régimen de visitas de un menor para que pudiera salir de nazareno con su padre en la Semana Santa de Sevilla, sin el conocimiento de la madre.

En un primero momento, Serrano mantuvo su acta de diputado con la intención de reintegrarse a Vox si resultaba absuelto, una idea que sus antiguos compañeros de partido consideraron inviable. Mantener el acta de diputado y el aforamiento le otorgaba la protección del aforamiento para ser juzgado. Una estrategia que ha cambiado a lo largo de este verano. “Podría haber vuelto al juzgado, pero creo que no es el momento, ahora voy a defenderme con todas las garantías”, explica. El próximo acto será en los tribunales ordinarios.