Héctor Melero, el primer ciego que aprueba las oposiciones de las carreras Judicial y Fiscal: “Cada vez hay menos barreras gracias a la tecnología”

Héctor Melero estudió cuatro años la carrera de Derecho en Valladolid pero nunca vio el majestuoso edificio del siglo XV que alberga las aulas donde se forman los futuros juristas. Tampoco pudo observar las columnas con leones ubicadas frente a la catedral y que, según la superstición, condena a quien ose contarlas a un eterno suspenso. Si lo hizo, no fue con los ojos, sino con las manos, acariciando la piedra igual que los caracteres en braille que le daban relieve a las páginas de los gruesos manuales de Derecho. Héctor es ciego de nacimiento y se ha convertido en el primer invidente que aprueba las oposiciones a las carreras Judicial y Fiscal.

Este vallisoletano de 26 años que reside en Cullera (Valencia) asegura que siente una “profunda responsabilidad” para demostrar su valía ante una “función muy importante”. Ha culminado con éxito cinco años de oposición, uno de los cuales lo compaginó con el último curso de Derecho, meses que pasó “hasta arriba”. El mayor problema que le ocasionaba su discapacidad procedía de que ciertos manuales no se podían digitalizar, pero contaba con grandes aliadas: sus amigas Lucía y Carmen, cuyos apuntes de Procesal y Administrativo le sacaron de más de un apuro. “He tomado más cafés que apuntes”, confiesa divertido. Pero las horas estudiando no se las quita nadie en su afán por combatir la violencia machista y la droga, especialidades a las que quiere dedicarse. Tampoco el agradecimiento constante hacia la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que ha facilitado su integración: “Cada vez hay menos barreras gracias a la tecnología”.

Fernando Riaño, director de relaciones institucionales y sostenibilidad de la organización, confiesa que se emocionó cuando le llegó la noticia de Melero. Para él se trata de un caso de referencia en el mundo: “Esto ha sucedido en una provincia de España pero tiene un impacto global”, asegura. El también vicepresidente de la Unión Mundial de Ciegos tenía 26 años cuando, en 2003, empezó a preparar la oposición de la carrera Fiscal y Judicial. Sin embargo, el tribunal de la oposición le comunicó que era “incompatible funcionalmente con el puesto debido a su discapacidad visual severa”.

Riaño no se rindió. Contactó con el tribunal y le aseguró que “no había nada dentro de la actividad de un juez y un fiscal que una persona con discapacidad no pudiera hacer”. El vicepresidente reconoce que en aquella época había un gran desconocimiento, tanto de las reales capacidades de las personas con minusvalía, como de los medios tecnológicos que mejoraban la accesibilidad. Desgraciadamente, nunca pudo acudir al examen: un desprendimiento de la retina lo obligó a ser ingresado al hospital y perdió esa posibilidad. No obstante, la experiencia de Melero lo llena de orgullo, convencido de que motivará a más personas a superar los obstáculos que existen en casi todas las oposiciones a la función pública.

Melero ha alcanzado este hito gracias al acuerdo logrado en mayo de 2014 por el Consejo General del Poder Judicial que permitía a los ciegos ejercer como jueces. Por primera vez se establecía que, en caso de aprobar las oposiciones, se deberían hacer las adaptaciones oportunas en el puesto de trabajo. El acuerdo supuso un paso adelante para el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, incluidos en el artículo 49 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a impulsar mayores políticas de integración para proteger sus derechos.

La senda la abrió el también ciego Gabriel Pérez Castellanos, licenciado en Derecho y aspirante a juez, porque consultó si podría entrar en la carrera judicial si se demostrasen las capacidades pertinentes durante los trámites establecidos. Y así lo hizo Melero. De sus palabras se aprecia agradecimiento hacia Isabelino Pérez, padre de Gabriel, que le ayudó a traducir al lenguaje virtual esos eternos temas que debía defender en el Tribunal Supremo. El joven vallisoletano disponía de un programa que le decía cuánto tiempo tenía disponible para responder oralmente a los cinco temas que debía exponer en una hora. Una vez superado este reto le toca asistir a un curso teórico-práctico, hacer sus prácticas en la Fiscalía y, por fin, acudir al destino que le corresponda y ponerse a trabajar desde allí.

El camino hacia el mundo de las leyes comenzó en Laguna de Duero (Valladolid) y prosiguió en el colegio San Agustín. Su excompañero Héctor Rayaces recuerda que ya tenía muchos intereses: “Era sobresaliente y muy listo”. Comenta entre risas alguna anécdota en las aulas, como cuando le pedía al profesor de Matemáticas, Ángel Arias, si podría adelantar su pupitre porque no veía bien la pizarra. Rayaces y su hermana Paula, que le acompañaba siempre en el ascensor del colegio, recuerdan episodios como aquel frustrado viaje a Italia, al que no pudo asistir. El joven rememora también aquellos exámenes en los que tenía que irse a otra aula para no hacer tanto ruido con la máquina que utilizaba. Melero insiste en que gracias al respaldo del profesorado ha logrado sus objetivos. Las primeras personas a las que llamó cuando conoció el aprobado fueron Sonsoles y Margarita, sus maestras de Educación Infantil. Ellas vieron que Héctor era capaz.