Interior aplicará las devoluciones en caliente por el aval del Constitucional

El Tribunal Constitucional respaldará en el pleno que se inicia mañana las devoluciones en caliente o rechazos en frontera regulados en la Ley de Seguridad Ciudadana que aprobó el Gobierno del PP en 2015. El Ministerio del Interior aplicará esta medida pese a que los dos partidos que forman el Gobierno la rechazaban. El PSOE recurrió la ley ante el Constitucional por entender que “vulneraba el derecho de los inmigrantes a la tutela judicial efectiva”. Unidas Podemos prometió impulsar la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, para prohibir las devoluciones en caliente.

El Gobierno quiere esperar a conocer la redacción final de la sentencia al tratarse de un asunto muy delicado que ya enfrentó a los dos socios, PSOE y Unidas Podemos. Fuentes del Ministerio del Interior sostienen que las sentencias del Constitucional están para cumplirse y, por tanto, se seguirá aplicando esta medida con normalidad. Estas fuentes recuerdan, además, que el fallo llega avalado por un pronunciamiento similar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “La política migratoria”, señalan en Interior, “es comunitaria y, por tanto, es difícil adoptar una medida sin contar con el consenso europeo”. La medida a la que se refieren sería una reforma legal para prohibir las devoluciones en caliente, algo que no parece entrar en la agenda del Ejecutivo.

Fuentes de la dirección de Unidas Podemos admiten que para ellos es un tema “muy importante” pero no han tomado una decisión sobre cómo responderán a un fallo del Constitucional que todavía no conocen. En el pasado hubo enfrentamientos entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Pablo Iglesias por este asunto. El acuerdo al que llegaron fue esperar a la sentencia. Una vez publicada, solo quedaría el margen de cambiar la ley. Pero Interior prefiere aplicar el fallo sin más.

El Constitucional avalará en su pleno de esta semana las expulsiones en caliente con algunas excepciones que afectan a los menores y personas o colectivos vulnerables. El texto ha sido acordado en una comisión compuesta por tres magistrados: Ricardo Enríquez, Antonio Narváez y Juan Antonio Xiol. Los dos primeros pertenecen al sector conservador, mayoritario, y el tercero, al progresista. El pacto alcanzado supone un giro radical respecto al texto que había elaborado el anterior encargado de la ponencia, Fernando Valdés, quien renunció a su puesto en el tribunal el mes pasado tras ser procesado por el Supremo por un supuesto delito de maltrato en el ámbito familiar.

Lo que proponía Valdés en su proyecto de sentencia era que solo se consideraran legales las expulsiones en caliente cuando las personas afectadas hubieran entrado en España mediante un asalto masivo y de forma violenta. Valdés entendía que esta era la lectura más correcta de la sentencia dictada en febrero pasado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ese fallo dio un aval al Estado español respecto a las devoluciones en caliente al considerar que las autoridades de Melilla no violaron la legalidad cuando acordaron la expulsión inmediata de dos inmigrantes de Mali y Costa de Marfil que saltaron la valla fronteriza en agosto de 2014.

La sentencia pactada en la comisión tendrá un amplio respaldo en el pleno del Constitucional, según fuentes del tribunal. Hasta ahora, lo había impedido la persistencia de Valdés en defender que se pusieran condiciones a estas devoluciones. De hecho, en junio pasado se discutió un proyecto de sentencia que fue rechazado al entender la mayoría conservadora que el fallo de Estrasburgo no requería que solo pudieran acordarse legalmente las devoluciones en caliente para los asaltos masivos y violentos a las vallas de Ceuta o Melilla. De ahí que se formara una comisión paritaria entre conservadores y progresistas de la que, aparte de los tres mencionados, formó parte el propio Valdés hasta su renuncia.

Al producirse la dimisión de este magistrado, el asunto quedó formalmente asignado al presidente del tribunal, Juan José González Rivas, quien como ponente de la resolución asumiría el criterio de la comisión. Ahora bien, este punto fue incluido a mediados de la semana pasada, mediante una adición al orden de día del próximo pleno, ya sobrecargado de materias. Ello provocó gran malestar en un sector minoritario del Constitucional, opuesto a debatir con prisas los aspectos más sensibles de la Ley de Seguridad Ciudadana, entre ellos el de los derechos de los inmigrantes.

Dos factores han influido en las prisas con las que ahora se quiere ventilar un recurso que lleva cinco años pendiente. En primer lugar, el consenso existente sobre la cuestión. El tribunal no quiso hincarle el diente al asunto hasta que se pronunciara Estrasburgo, pero desde febrero, en que falló el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hubiera podido abordarlo. La urgencia que se quiere dar a este fallo deriva del interés del presidente del tribunal por dejar despejado el asunto antes de la posible renovación de los mandatos caducados en la institución, entre ellos el de la propia presidencia.

Dos décadas de rechazos en frontera

Las devoluciones en caliente llevan realizándose desde que se concluyó la construcción de las vallas de Ceuta y Melilla a finales de los años noventa. Al principio, las fuerzas de seguridad lo ocultaban, pero esta práctica comenzó a ser ampliamente documentada por diversas ONG a partir de 2002. Desde que el Gobierno de Mariano Rajoy las amparó con la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, tanto el PSOE como Unidas Podemos han prometido desde la oposición que acabarían con ellas, pero la realidad es que se han mantenido independientemente del color de quien gobierne.

La sentencia del 20 de febrero del Tribunal de Estrasburgo, en la que se absolvía a España de haber vulnerado los derechos de dos migrantes cuando fueron entregados a las autoridades marroquíes inmediatamente después de saltar la valla de Melilla en agosto de 2014, generó las primeras tensiones en el Gobierno de coalición apenas seis semanas después de conformarse.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, recibió con agrado la decisión que justificaba la devolución en el uso de la violencia de los inmigrantes y ya sugirió que la aplicaría, una postura que generó malestar entre los miembros de Unidas Podemos. “Elogiar sentencias que avalan la violación de derechos humanos no solo es lo contrario a lo que figura en el acuerdo de coalición, es además lo contrario de lo que desean la inmensa mayoría de los votantes del PSOE y de Unidas Podemos”, afirmaron entonces a EL PAÍS fuentes del grupo parlamentario de la formación. La polémica, sin embargo, acabó enterrada rápidamente por otras batallas y la emergencia sanitaria.

Las entradas irregulares por tierra a Ceuta y Melilla (que incluyen los saltos, pero también otras vías como el ingreso con documentación falsa o escondidos en vehículos) apenas superan este año las 1.500 personas (la inmensa mayoría en Melilla) frente a las casi 5.000 del año anterior, según datos del Ministerio del Interior. La caída en picado de los intentos de colarse en ambas ciudades autónomas responde a las restricciones de movimientos y el cierre de fronteras impuesto por la pandemia. El foco se ha desviado de las vallas, pero las devoluciones se han seguido realizando, según el veterano activista de Melilla, José Palazón, fundador de la ONG Prodein.

“No ha habido un cambio en la forma de actuación. Ni antes, ni después de la sentencia. En un intento de salto, los que pillan entre vallas han continuado siendo devueltos en caliente a Marruecos”, mantiene Palazón. “Lo conocemos por declaraciones de los que entran o por testimonios de los propios afectados, pero no son expulsiones documentadas”. Desde Ceuta, fuentes de la Guardia Civil, afirman que con la pandemia han dejado de detectarse movimientos de subsaharianos en torno a la valla, por lo que no se han ejecutado devoluciones.

Con información de María Martín