El coronel que visaba los fondos reservados declara que ignoraba a qué se destinaba el dinero

Los algo más de 50.000 euros que, según la investigación judicial, se desviaron para pagar los gastos del supuesto espionaje ilegal en 2013 al extesorero del PP Luis Bárcenas eran, en realidad, una mínima parte de los seis millones de euros que el Ministerio del Interior tenía presupuestados anualmente en fondos reservados. El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, que entre 2011 y 2018 visó esta partida como director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, ha asegurado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que él nunca tuvo conocimiento ni de esta operación ni de otras, y que su misión era, exclusivamente, autorizar la entrega de dinero a las diferentes unidades de la Policía Nacional y el instituto armado para el pago de confidentes y otros gastos previa justificación de las mismas, aunque sin entrar en los detalles pormenorizados de las mismas.

Pérez de los Cobos, que ha declarado como testigo en el caso Kitchen, la séptima de las 25 piezas separadas del macrosumario del caso Villarejo, detalló que su misión era que no se superase el presupuesto anual y, si en algún trimestre se gastaba demasiado, pedir a las unidades policiales que restringieran los gastos para no descuadrar el presupuesto de seis millones, ya que no se autorizaba destinar más dinero a esta partida.

El coronel ―cesado en mayo como jefe de la Guardia Civil en Madrid por orden del ministro Fernando Grande–Marlaska―, ha dedicado buena parte de su comparecencia a explicar el mecanismo del control que existía en Interior sobre los fondos reservados. Pérez de los Cobos ha descrito su papel como el de un “tesorero” al que llegaban una serie de carpetas con informes sobre las necesidades de fondos reservados de las diferentes unidades, que él iba autorizando. Él simplemente revisaba que se cumplían los requisitos de carácter formal exigibles, pero no recibía información del origen o alcance de las operaciones, ya que estas habían sido autorizadas previamente por los responsables de las unidades. También ha afirmado que nunca supo nada sobre la existencia de “una Operación Kitchen, cocinero o similar”, y que las veces que despachó con Fernández Díaz tampoco hablaron de seguimientos sin control judicial a Bárcenas y su entorno.

La comparecencia de Pérez de los Cobos como testigo se ha producido después de que el propio Fernández Díaz y el que fuera su número dos en el ministerio, Francisco Martínez, ambos imputados en la causa, se desmarcaran en sus declaraciones del desvío de dinero para pagar el operativo. Ambos afirmaron ante el magistrado que tenían “una información muy general de los fondos reservados”. Fernández Díaz llegó a remitirse entonces a lo que pudiera señalar el coronel Pérez de los Cobos. “No tengo ninguna duda de que dirá toda la verdad cuando comparezca”, aseguró.

Por su parte, Martínez se escudó en que la legislación para controlar el uso de esos fondos era “muy escueta” y se basaba en “la confianza”, por lo que él se limitaba a avalar con su firma lo que le presentaban los responsables de la Policía y la Guardia Civil sin conocer los detalles de las operaciones en que se habían empleado. Martínez insistió entonces que su única responsabilidad era evitar que se superasen los límites presupuestados. El ex número dos de Interior calificó de “impecable” la labor de fiscalización de Pérez de los Cobos, en quien depositó, dijo, una “confianza absoluta”.

La investigación judicial ha acreditado hasta ahora el gasto de 53.000 euros de los fondos reservados en esta operación, la mayor parte para pagar 2.000 euros al mes como confidente a Sergio Ríos Esgueva, que fue chófer de Bárcenas y de su esposa, Rosalía Iglesias. Las pesquisas han destapado otros gastos en restaurantes (2.574 euros), transporte (496 euros) y abonos de otra naturaleza (195 euros). Los pagos fueron efectuados por el comisario José Manuel Villarejo, y su compañero Andrés Gómez Gordo. También recogen la compra de una pistola por 700 euros para el chófer por parte del comisario Enrique García Castaño, y de un ordenador para que, supuestamente, el ex número dos de Interior pudiera consultar los documentos presuntamente extraídos de los móviles de Bárcenas y su esposa durante la operación clandestina.

Al menos cinco policías imputados en el caso Kitchen cobraron de los fondos reservados durante los años que duró aquel operativo, según confirmó ante el juez el comisario Felipe Lacasa, quien, desde su puesto en la Dirección Adjunta Operativa (DAO), llevaba el control de las cantidades entregadas a agentes y unidades con cargo a estos fondos. Lacasa detalló que Villarejo, uno de los dos agentes que entregaron dinero al chófer de Bárcenas, “era muy meticuloso” a la hora de justificar los gastos que hacía con estos fondos: “Presentaba factura de todo, hasta del parking de allí [al lado de la Dirección General de la Policía, en la madrileña calle Miguel Ángel], que era de cuatro euros”.

Del otro agente que dio fondos al confidente, el también comisario Andrés Gómez Gordo, quien había regresado en 2013 a la policía tras ser asesor de la entonces presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, afirmó que acudía con “regularidad” a retirar dinero de los fondos reservados y que solo firmaba el recibí sin aportar documentos acreditativos del destino que daba a esos fondos. El comisario Lacasa también aseguró que en solo una ocasión el entonces responsable de visar los gastos en el ministerio, el coronel Pérez de los Cobos, le pidió que le ampliara datos sobre el dinero de la partida gastada en dos operaciones “menores”, pero nunca de la Operación Kitchen, que ni siquiera aparecía en la documentación.