El Gobierno dará 10 millones de euros a Canarias para la atención de los menores no acompañados

El Gobierno ha aprobado este martes una subvención de 10 millones de euros a la comunidad autónoma de Canarias para la atención de los menores migrantes no acompañados. El Ejecutivo canario tutela a más de 2.000 menores migrantes, la inmensa mayoría llegados en los últimos meses como consecuencia del repunte migratorio en el archipiélago. La crisis que viene agravándose desde el verano ha desbordado al Gobierno regional que tiene la competencia de tutelar a los niños que migran solos. El desbordamiento y las demandas de solidaridad territorial y apoyo económico han llevado al Ministerio de Derechos Sociales a crear un fondo para respaldar a las islas.

La ayuda programada por la vicepresidencia de Derechos Sociales, dirigida por Pablo Iglesias, sufragará los gastos imprevistos asumidos por el Gobierno canario desde el 1 de enero de 2020 y hasta el 30 de junio de 2021. Asimismo, la iniciativa, que será discutida en el Consejo de Ministros de este martes, detalla las normas bajo las que el Ejecutivo canario podrá recibir esta subvención. Los fondos estarán destinados al mantenimiento y mejora de los servicios de atención y acogida de menores extranjeros no acompañados, así como a la asistencia social, protección y la formación de los niños y jóvenes migrantes. También buscan garantizarles apoyo psicosocial, escolarización, inclusión social e inserción profesional.

El Gobierno de Canarias podrá a su vez realizar subcontrataciones para llevar a cabo los programas necesarios para la protección de los migrantes menores no acompañados. Las cantidades que no sean justificadas o que incumplan con algunas de las obligaciones tendrán que ser reintegradas. El gasto de los 10 millones de euros correrá de la asignación de los Presupuestos Generales del Estado de este año al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

La crisis de llegadas de migrantes a las islas ha obligado al Gobierno autonómico a abrir de urgencia 21 centros de atención de menores en lo que va de año. El gasto para cubrir este esfuerzo asciende a unos 18 millones de euros de acuerdo a la consejería regional de los Derechos Sociales. La falta de un plan concreto ha obligado al Ejecutivo regional a actuar de forma reactiva como lo ha hecho en pasadas ocasiones. En octubre de 2019, Observatorio de la Infancia, un grupo de trabajo del Ministerio de Sanidad, con las comunidades, ministerios con competencias migratorias, la Fiscalía y las ONG diseñaron una iniciativa para la creación de centros de financiación estatal en los principales puntos de llegada para, desde allí, derivarlos a otras comunidades en función de su población, ingresos fiscales o su índice de desempleo.