Suspendidos los vuelos de devolución de marroquíes desde Canarias

Los cuatro vuelos semanales de la Royal Air Maroc que permitían al Gobierno español deportar cada semana hasta 80 marroquíes desde Canarias están suspendidos hasta nuevo aviso. La interrupción responde a la decisión de Marruecos de cancelar todos los vuelos comerciales con España y Francia desde la medianoche del pasado 30 de marzo para frenar el avance del coronavirus. Tras el repentino cierre, solo ha partido un vuelo de Gran Canaria a El Aaiún que ya estaba programado, pero, desde entonces, el dispositivo está cancelado, según han confirmado fuentes marroquíes y españolas.

Las autoridades españolas trabajan para retomar las devoluciones “lo antes posible”, según fuentes policiales, aunque el cierre del espacio aéreo con los dos países con más rutas abiertas con Marruecos estará vigente al menos hasta el 21 de mayo. En un primer momento, tras el anuncio marroquí, fuentes del Ministerio del Interior afirmaron que los vuelos de deportación continuaban su programación, pero tras ese único vuelo la planta baja del aeropuerto de Gran Canaria, donde de martes a viernes se congregaban alrededor de la comisaría decenas de policías encargados de escoltar a los migrantes, vuelve a estar desierta.

La suspensión de los vuelos de deportación supone para el Ministerio de Interior prescindir de la que considera una de sus principales herramientas para contener la inmigración irregular al archipiélago. De las 23.000 personas que llegaron a Canarias el año pasado, algo más de la mitad procedían de Marruecos. En pleno repunte migratorio en las islas, con miles de personas hacinándose en un muelle, sin recursos de acogida suficientes y caos en la gestión, activar las devoluciones suspendidas por la pandemia fue una prioridad del Gobierno que envió comitivas a Mauritania, Senegal y Marruecos.

El cierre de fronteras debido a la pandemia dejó coja la estrategia que habría seguido el Ejecutivo ante el fuerte repunte migratorio en las islas. En la llamada crisis de los cayucos, que en 2006 llevó al archipiélago más de 31.600 personas, el Gobierno socialista de entonces promovió las derivaciones masivas de migrantes a la Península, pero también puso en marcha una potente maquinaria de devolución, la semilla de los acuerdos migratorios con países africanos que se mantienen hasta hoy. Aquel año, fueron devueltas a sus países casi 10.000 personas, según datos obtenidos a través del portal de transparencia. En 2007, cuando llegaron a las islas casi 12.500 migrantes, 6.146 fueron obligados a tomar un avión de vuelta. Casi los mismos que en 2018, cuando se registraron más de 9.000 entradas. En 2020, con 23.000 llegadas, han sido devueltos a sus países 509 inmigrantes.

En noviembre, el mes en el que se batió un récord histórico de llegadas con más de 8.000 desembarcos, el ministro Fernando Grande-Marlaska viajó a Rabat con el objetivo de abrir un canal de expulsión de marroquíes desde las islas. Aunque se especuló mucho sobre el éxito de aquella cita, el pasado 7 de diciembre partía el primer vuelo de la Royal Air Maroc. Pocos días después del inicio de las devoluciones, Interior comenzó a impedir los viajes a la Península de todos los inmigrantes irregulares llegados a las islas con el pretexto de las restricciones sanitarias.

El trato con Rabat se firmó bajo la condición de que se usasen los vuelos de la compañía nacional y que el destino final fuese El Aaiún, capital del Sahara Occidental. El máximo de 20 inmigrantes que pueden viajar a bordo, acompañados del doble de agentes de policía, deben realizarse una PCR y tienen que estar documentados. A pesar de que el acuerdo no permite al Gobierno devolver a tantos migrantes como le gustaría (son como máximo 320 por semana), fuentes policiales consideran que el mensaje disuasorio que se envía a los que están pensando en marcharse es fundamental para frenar las salidas.

La suspensión de los vuelos da un respiro temporal a los miles de marroquíes a los que desde diciembre no se permite viajar a la Península con el objetivo de deportarlos y que viven en campamentos o en la calle. En los últimos meses se han intensificado las patrullas policiales en Gran Canaria para identificar precisamente a aquellos que se han quedado fuera de los centros de acogida y que son el perfil prioritario para llenar los vuelos de deportación. Supone, no obstante, un problema para el Ejecutivo que ha fiado su estrategia de mantener bloqueadas en campamentos a más de 3.600 personas (y otros cientos sin techo) a mantener un ritmo sostenido de deportaciones, sobre todo a Marruecos y a Senegal, adonde aún no ha partido un solo vuelo.

La opacidad gubernamental en este tema no permite saber con exactitud adónde se dirigen los vuelos y de qué países son los retornados. A diferencia de los Ejecutivos anteriores de Mariano Rajoy, el Gobierno de Pedro Sánchez se niega a detallar las nacionalidades de los expulsados porque argumenta que puede perjudicar sus relaciones bilaterales. Solo el control que hace el Defensor del Pueblo de algunos de estos dispositivos permite concretar que de los 509 deportados, al menos 139 volvieron a Mauritania, un país que acepta inmigrantes irregulares que pasaron por su territorio para llegar a las islas y adonde se enviaron decenas de malienses que no tuvieren acceso a pedir asilo antes de ser retornados. Junto a Marruecos, Mauritania es el único socio que ha recibido vuelos de deportación desde las islas en el año en el que estalló la pandemia.