La Audiencia Nacional archiva la investigación sobre la presencia de espías rusos en Cataluña durante el ‘procés’

La investigación iniciada por la Policía Nacional sobre la presencia de agentes del espionaje ruso en Cataluña en los meses previos al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y sus supuestos contactos con personas vinculadas al proceso independentista ha sido archivada por la Audiencia Nacional por falta de indicios sobre la existencia de delito, según ha adelantado eldiario.es y han confirmado a EL PAÍS fuentes cercanas a la investigación policial. La Operación Volka (lobo en ruso) se inició a finales de octubre de 2019 tras constatar agentes de la lucha antiterrorista el paso por Barcelona del general Denís Serguéiev, alias Sergei Fedótov, solo 48 horas antes de que se celebrara la consulta convocada por el Ejecutivo de Carles Puigdemont, como adelantó este diario en noviembre de aquel año. Serguéiev es un destacado miembro del Departamento Central de Inteligencia de las Fuerzas Armadas rusas (GRU, en sus siglas en ruso), una unidad de élite del ejército ruso a la que, en los últimos años, los servicios de inteligencia de varios países vinculan con supuestas maniobras de desestabilización en Europa.

Durante nueve meses la investigación estuvo abierta en el Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, sin avances significativos, hasta que, en junio del año pasado, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, presentó un escrito para que se archivase. El juez lo hizo un mes después. En dicho escrito, según detalla eldiario.es, Carballo criticaba la labor de la policía al considerar que se había limitado a aportar el testimonio de un informante y enlaces de internet a noticias de prensa, la mayor parte de Bellingcat, un portal creado en 2014 por un grupo de periodistas de investigación especializado en técnicas de verificación de datos y en el uso de fuentes de código abierto para sus informaciones. Este portal ha destapado, en los últimos años, la presunta implicación de agentes del GRU en varios sucesos de repercusión mundial, entre ellos, el envenenamiento en marzo de 2018 del exespía ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia en el Reino Unido. El pasado abril, República Checa vinculó a esta unidad con una enorme explosión en un depósito de municiones en 2014 en el que murieron dos personas, en Vrbetice. Numerosas aportaciones de Bellingcat a estos y otros casos han sido utilizadas por la justicia de varios países para actuar legalmente contra integrantes de este grupo ruso.

La policía aportaba información de un confidente que, a los datos ya conocidos por haberse publicado en Bellingcat, añadía información sobre personas cercanas al independentismo catalán y sus supuestos vínculos con los agentes rusos. Esta informante, según señalan ahora fuentes cercanas a la investigación, llegó a aportar la identidad de cinco altos cargos de los servicios de inteligencia rusos, entre ellos una mujer, supuestamente implicados, así como detalles de tres entidades financieras extranjeras desde las que presuntamente se había transferidos fondos para financiar los movimientos de los espías por Europa, así como de tarjetas de crédito empleadas. Este informante también señaló, entre otros, al empresario catalán Oriol Soler. Oriol, que está imputado en la causa que instruye un juzgado de Barcelona por el supuesto desvío de fondos públicos para la celebración de aquella consulta, se le considera parte de lo que se llamó “Estado mayor” del procés, un grupo de personas vinculadas de manera informal al Govern de Puigdemont que trató de realizar, por la puerta de atrás, la coordinación necesaria para que el 1-O fuera realidad.

La policía pidió a partir de esta información autorización judicial para realizar diferentes diligencias, a las que la Fiscalía se opuso al considerar que con ellas los responsables de la investigación únicamente buscaban indicios para confirmar “la tesis de partida, olvidando que en el proceso penal, con todas las garantías, ese tipo de investigaciones están prohibidas”. “Esas afirmaciones quedan ayunas en todo sustrato fáctico en cuanto se intenta ver su enlace o imbricación con el delito investigado. Que sean perfiles de personas cercanas a las tesis independentistas no supone un hecho que se pueda ser objeto de investigación, máxime cuando las actividades realizadas se hacen a la luz pública y a través de medios en modo alguno ilegales”, añadía en su escrito Carballo.

La Guardia Civil también ha investigado estos hechos, en su caso dentro de la causa abierta por el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona por el supuesto desvío de fondos públicos para la celebración del referéndum ilegal del 1-O. En octubre de 2020, cuando la Audiencia Nacional ya había cerrado la causa abierta a partir de la investigación de la Policía Nacional, el instituto armado detuvo a personas del círculo más próximo a Puigdemont, entre ellos Soler, dentro de unas pesquisas que buscaban aclarar cómo se financió Tsunami Democràtic (un movimiento de respuesta a la sentencia del procés) y la estructura que sustenta al expresident en Waterloo (Bélgica). En aquellas pesquisas se apuntaba a las supuestas conexiones de los detenidos con el Gobierno de Rusia por el contenido de unas conversaciones telefónicas que mostraban cómo los detenidos buscaron un acercamiento al Kremlin durante el otoño catalán de 2017 y en los meses posteriores.

Según reveló entonces un auto del juez, uno de los detenidos, Víctor Terradellas, debía viajar a Rusia en mayo de 2018 para reunirse con un grupo creado “en la época de Gorbachov” y desarrollar una plataforma de criptomonedas. Fue él que le trasladó a Puigdemont, el 24 de octubre de 2017, días antes de la consulta ilegal, que Rusia estaba dispuesta a movilizar a 10.000 soldados y pagar la deuda catalana si Cataluña se independizaba. Según el auto, Tarradellas aseguró en una conversación que Puigdemont rechazó esa ayuda. En un informe, la Guardia Civil señalaba estos hechos como prueba de que “la injerencia rusa como medida de estrategia geopolítica de desestabilización fue un hecho durante el otoño de 2017″. El auto del juez también citaba a Oriol Soler, del que destacaba que se reunió con Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres en noviembre de 2017 dentro de “la estrategia de desinformación y desestabilización en la que también habría participado el Gobierno del Kremlim como parte de una narrativa de una Unión Europea al borde del colapso”. Soler, destacaba el auto, viajó en junio de 2017 a San Petersburgo.