El juez imputa a Cospedal y a su marido, el empresario López del Hierro, por el espionaje a Bárcenas

Manuel García-Castellón, juez del caso Villarejo, ha imputado a María Dolores de Cospedal, exministra de Defensa, expresidenta de Castilla-La Mancha y ex secretaria general del PP, y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, por la Operación Kitchen, la trama urdida en 2013 para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas con el supuesto objetivo de arrebatarle documentación comprometedora para altos cargos del partido conservador tras estallar el escándalo de los papeles de Bárcenas. El magistrado de la Audiencia Nacional ha tomado esta decisión después de tener sobre la mesa durante meses la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó interrogar a ambos en septiembre del pasado año. Entonces, la medida fue rechazada por el instructor por “precipitada”, pero luego ha ido recibiendo nuevos indicios.

A través de un auto dictado el martes —que se ha conocido este miércoles, apenas unas horas antes de la comparecencia de Cospedal en la comisión de investigación del Congreso, fijada para las 15.30—, García-Castellón atribuye a hasta tres delitos a la que en 2013 era secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha: cohecho, malversación y tráfico de influencias. El juez ha señalado su interrogatorio para las 10.00 del próximo 29 de junio. El 30 de junio le tocará el turno a López del Hierro, que justo se encontraba en el Parlamento cuando se ha difundido su imputación. Segundos antes de saberse, ante el silencio del marido de la exdirigente popular, el diputado Felipe Sicilia (PSOE) le ha preguntado: “¿Qué pasa?, ¿que teme usted ser imputado?”, informa Óscar López-Fonseca.

La investigación del caso Kitchen da así un salto mayúsculo, al apuntar ya de forma clara a la pata política del supuesto entramado. Hasta ahora, las pesquisas del magistrado se habían centrado en el Ministerio del Interior y en la Policía Nacional, donde se urdió el operativo “parapolicial” que siguió al entorno de Bárcenas y que captó a su chófer como confidente sin ningún tipo de control judicial. Como máximos responsables del despliegue, el magistrado mantiene imputados a Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior; Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad; y Eugenio Pino, ex director adjunto operativo del Cuerpo. También al comisario jubilado José Manuel Villarejo, epicentro de este macrosumario de corrupción.

A este listado se suma ahora la ex secretaria general de los populares. De hecho, en el escrito enviado en septiembre de 2020 por la Fiscalía para pedir su imputación, donde también se solicitaba la de Fernández Díaz que sí se aceptó a los pocos días, el ministerio público ya destacaba que Cospedal también “tendría un interés personal” en el éxito de la Operación Kitchen “desde una doble perspectiva”. “Directa: como afectada por documentación supuestamente comprometedora para ella misma. E indirecta: como secretaria general del partido, de existir material comprometedor respecto de otros altos dirigentes del mismo”, incidía el documento de Anticorrupción.

Cospedal ocupó el puesto de secretaria general del PP entre 2008 y 2018. Durante su etapa como número dos del partido, compaginó sus funciones orgánicas con cargos públicos: ostentó la presidencia de Castilla-La Mancha entre 2011 y 2015; y la cartera de Defensa entre 2016 y 2018.

El juez también cita como imputado por primera vez a José Luis Ortiz, exjefe de gabinete de Cospedal: su interrogatorio está fijado para el mediodía del 30 de junio. Por su parte, García-Castellón quiere volver a escuchar a Villarejo y a Francisco Martínez, a quienes llama el 1 de julio. Estos dos últimos ya tenían previsto comparecer ante el magistrado este mismo miércoles, pero el instructor decidió aplazar sus declaraciones.

Las 13 nuevas agendas de Villarejo

Tras negar la imputación de Cospedal y su marido hace meses, el instructor da ahora un paso al frente: “Cuando la pieza se vislumbra con la madurez necesaria para encarrilar la fase preparatoria”, justifica en su resolución. Según el auto, la investigación ha permitido descubrir que la trama captó como confidente a Sergio Ríos, chófer de Bárcenas. En esa maniobra participó el comisario Andrés Gómez Gordo, asesor de Cospedal, y todo un “círculo de policías implicados”, bajo la dirección de Pino. Gómez Gordo era una “persona de máxima confianza” de la dirigente del PP, subraya el juez.

La instrucción ha acumulado nuevos indicios contra Cospedal y su entorno en las últimas semanas. El juez destaca un informe policial del 8 de abril sobre las 13 nuevas agendas manuscritas intervenidas a Villarejo en el último registro de su domicilio, acometido el 20 de octubre del pasado año. “La relevancia de estas agendas radica, especialmente, en su virtualidad para reflejar datos de los que se tiene noticia a través de otras diligencias de investigación”, explica el juez: “Su exposición ordenada de forma sucesiva permite conformar un cronograma temporal de determinados acontecimientos y coadyuvan a situar en una concreta fecha los incidentes más relevantes que tuvieron lugar en el desarrollo de la llamada Operación Kitchen”, remacha.

“Llama la atención, de la lectura [de las agendas], la fluida relación que se aprecia entre Villarejo y Francisco Martínez, aun antes de que este fuese nombrado secretario de Estado de Seguridad el 11 de enero de 2013”, incide el magistrado en primer lugar, antes de enumerar varias anotaciones del comisario jubilado sobre los principales implicados en la trama: “Villarejo refleja en una nota del 23 de octubre de 2012 que el entonces jefe de gabinete del ministro, Francisco Martínez, avisa a Pino de que ‘solo informe al N1”, en referencia a Fernández Díaz. “Las agendas contienen también aparentes referencias a [Cospedal y su esposo]”, sigue el juez: “Se puede vincular a Cospedal con las siglas ‘MD’ y ‘Cospe’; y a su marido con las letras ‘ILH”.

A partir de ese momento, el juez detalla una serie de entradas de las agendas sobre los presuntos contactos entre Cospedal y su entorno con la trama. El 22 de abril de 2012, en plena investigación de Gürtel, Villarejo escribe “Le piden ayuda para salvar al tesorero”, que reflejaría un supuesto contacto con el comisario José Luis Olivera, entonces jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que investigaba la trama de corrupción que cercaba al PP. El 23 de abril, detalla el instructor, “hay una entrada de López del Hierro en la que se refiere: ‘Aviso ayuda a Barc’. “Seguidamente, el 24 de abril, hay una nueva entrada de ILH donde se lee ‘charla breve. MD (María Dolores de Cospedal) agradeció aviso de Barc.”.

El auto prosigue enumerando indicios. En 26 de octubre de 2012 se produce un presunto encuentro entre Villarejo y Cospedal donde estaba López del Hierro. Pocos días más tarde, el comisario jubilado apunta la dirección de correo electrónico de la secretaria general y el teléfono móvil de su secretaria: “Sería necesario preguntar a Cospedal si fue ella quien facilitó estos datos a Villarejo y, en ese caso, el motivo por el que lo hizo”.

Hasta ese momento, el PP había protegido a Luis Bárcenas. Pero todo cambia entre finales de 2012 y principios de 2013, cuando llega a la Audiencia Nacional la comisión rogatoria de las cuentas en Suiza del extesorero y EL PAÍS publica los papeles de Bárcenas. Es justo cuando empieza a aparecer en las agendas de Villarejo otro personaje clave: el jefe de gabinete de la exministra, José Luis Ortiz, que consta como JL u Orti. Así, el 8 de enero de 2013, el comisario jubilado escribe junto a las siglas de López del Hierro: “Propone que llame a JL, aunque él recordará a [Cospedal] la conveniencia de vernos lo antes posible”. El 15 de enero añade junto a la palabra Orti: “Aviso de que todo va según lo previsto. Se encarga de transmitirlo a Cospe”.

El juez incide en este vínculo de Cospedal. “Otra anotación que debe resaltarse de Orti se observa con fecha de 29 de abril de 2013, en la que se lee ‘Aviso de problemas sobre el último informe de Moroc”. Morocho era, en aquel momento, el jefe del grupo de la UDEF que investigaba Gürtel de la mano del juez Pablo Ruz, instructor de la Audiencia Nacional. A Morocho, posteriormente, el Ministerio del Interior trató de apartarlo de las pesquisas e, incluso, le puso trabas para que desempeñase su trabajo, según él mismo ha contado en la Audiencia Nacional y en le Congreso.

Las anotaciones sobre Morocho se multiplican en las agendas de Villarejo. Según apuntó el principal imputado en esta macrosumario, López del Hierro le dijo en mayo de 2013 que Cospedal hablaría con Francisco Martínez sobre este tema. E incluso que la entonces secretaria general del PP le echó una “bronca” al ya secretario de Estado. “Sería conveniente pregunta a Cospedal si, como reflejan las agendas, [todo ello] estaba relacionado con el señor Morocho y los ‘problemas’ derivados de su informe [sobre Gürtel]”, detalla García-Castellón.

Las anotaciones más comprometedores para Cospedal llegan a mediados de julio de 2013, cuando Bárcenas se prepara para tirar de la manta ante el juez Ruz —su confesión se produciría el 15 de ese mes—. El 11 de julio, Villarejo escribe junto a las siglas “Chiso”, en referencia a Francisco Martínez: “Charla de 45 minutos. Plan contra LB (Luis Bárcenas). Interv. comunicaciones, registros y citación de mujer e hijo”. El juez carga aquí ya sin paliativos contra la exdirigente del PP: “Se detecta una cadena de anotaciones que permiten inferir su participación y la de su marido”. Y el instructor destaca entonces más apuntes de la trama: “[Chiso] quiere plan estratégico para salir del caso LB”; “Problemática por posibles grabaciones de LB”; “pendiente conductor LB”; “Aviso [a López del Hierro] contacto Sergio [Ríos]. Él se encarga de hablar con Andrés [Gómez] Gordo”; “Cospe: varios contactos y posible cita”.

[Auto del magistrado García Castellón en el que cita a Cospedal como investigada. Si no puede verlo pinche aquí.]