Felipe VI, un rey sin objeción de conciencia

Tres días después de involucrar al Rey en el debate político de los indultos a los independentistas condenados por sedición y malversación, la polémica por las palabras de la presidenta madrileña continúa: lejos de rectificar, Isabel Díaz Ayuso incluyó los conceptos de “trampa” y “humillación” y arrastró en sus declaraciones al líder del PP, Pablo Casado — “piensa lo mismo que yo”—. Los expertos consultados explican por qué Felipe VI no puede negarse a firmar una decisión del Gobierno y advierten del riesgo de introducir en la sociedad la posibilidad de lo contrario. No es el primer intento de presionar al Monarca por el desafío soberanista catalán, señalan, pero sí la primera vez que se hace desde dentro de un partido que ocupó el Gobierno (aunque el PP se ha apresurado a corregir públicamente a Ayuso).

“El Rey”, dice Juan José Solozábal, catedrático de Derecho Constitucional, “no expresa su voluntad cuando sanciona una ley o firma un decreto. Se limita a cumplir con su papel en una monarquía parlamentaria. Tampoco es responsable de lo que firma. Plantear otra cosa es un absurdo y una falta de cultura constitucional”, añade.

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Ayuso interpela a Felipe VI sobre los indultos: “¿Qué va a hacer, los va a firmar?”

José Antonio Zarzalejos, especialista en monarquía y autor de Felipe VI, un rey en la adversidad, no cree que Ayuso haya realizado esas declaraciones por desconocimiento. “Es una utilización dolosa y tramposa de la figura del Rey para introducirlo en términos emocionales en un debate político y eso es muy peligroso, porque cuestiona uno de los pilares de nuestro sistema constitucional, la monarquía parlamentaria. Firmar no es una humillación, es el cumplimiento de su deber; y, lejos de humillarle, le engrandece porque podemos suponer que no es de su total agrado”, sostiene. “Ayuso está jugando con la emocionalidad de lo que representa el Rey, que no tiene objeción de conciencia, y con la ignorancia de parte de la sociedad sobre lo que comporta exactamente una monarquía parlamentaria para desorbitar el debate, que es lo que suele hacer. Desde 1978 no recuerdo un caso en el que se haya planteado algo de esta naturaleza”, señala.

El Rey no tiene poderes ejecutivos, actúa bajo la dirección política del Gobierno. Sus intervenciones —salvo el discurso de Nochebuena, el más personal— se redactan en los ministerios competentes. El Rey puede personalizarlos, pero no cambiar el mensaje, y, de hecho, PP y PSOE se han acusado mutuamente en la oposición de cargar esas intervenciones en un sentido favorable al Ejecutivo.

La Constitución, recuerda Solozábal, atribuye al Monarca el papel de árbitro y moderador y “símbolo de la unidad y permanencia” del Estado. A esto último se agarró Felipe VI para pronunciar, el 3 de octubre de 2017, dos días después del referéndum ilegal en Cataluña, un discurso sobre el desafío independentista. En aquella ocasión fue el Rey quien tomó la iniciativa. Lo hizo, relata Zarzalejos, “al observar el fracaso de la gestión del Estado y al ver que el presidente [Rajoy] parecía no reaccionar ante la gravedad de los acontecimientos”. Don Felipe consultó, entre otros, a Pedro Sánchez y a Miquel Iceta, que sugirieron incluir la palabra “diálogo” en su intervención, y al propio Rajoy. “Con mayor o menor renuencia, el presidente le dio su respaldo. Si no lo hubiera hecho, no habría podido pronunciar un discurso de ese calado”, añade Zarzalejos.

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Mensaje del Rey sobre Cataluña | España

Críticas al discurso

Aquella intervención fue muy criticada por el nacionalismo catalán y por Unidas Podemos y el PNV. “Como presidente de un grupo parlamentario que representa a más de cinco millones de españoles”, declaró Pablo Iglesias, “le digo al Rey no votado: no en nuestro nombre”. Un año después, el entonces líder de Podemos celebró lo que consideró un “cambio de tono” del Monarca en su discurso de Nochebuena: “Habla de convivencia y respeto a la diversidad. Reconoce así implícitamente que se equivocó asumiendo las tesis de la derecha”, opinó.

Para Zarzalejos, “es normal que haya roces” de vez en cuando en la relación entre el Gobierno y la jefatura del Estado. Y cita los célebres encontronazos entre Isabel II y Margaret Thatcher. El especialista no cree que haya habido verdaderas presiones a la Corona. Pero el desafío soberanista ha caldeado los ánimos. Un grupo de militares retirados envió una carta al Rey el pasado noviembre acusando al Gobierno de poner en peligro la unidad nacional. Los promotores buscaban provocar una cascada de misivas similares para presionar al jefe del Estado. “El Rey es el jefe de las Fuerzas Armadas, pero no tiene mando operativo”, recuerda Zarzalejos.

Uno de los ejemplos de esa tensión fue la ausencia de Felipe VI en el acto de entrega de despachos a nuevos jueces en Barcelona en septiembre del año pasado. “El Rey quería asistir y en este caso no estaba tan claro que el Gobierno pudiera prohibir la circulación del Monarca por el territorio nacional, pero, sin ese refrendo, don Felipe no acudió al acto”, recuerda Zarzalejos.

El PP también ha acusado al Gobierno de presionar a Felipe VI para que rompiera con su padre y el rey emérito abandonara el país. Las decisiones fueron consensuadas en un grupo muy reducido de La Moncloa (Carmen Calvo e Iván Redondo) y La Zarzuela (Jaime Alfonsín), y Zarzalejos opina que “fue un acierto que no se gubernamentalizaran”. Un día antes se comunicó al líder de la oposición la salida del rey emérito de España.