El cabreo del juez Pablo Ruz

Apenas unos meses después de hacerse cargo de la investigación del caso Gürtel, en marzo de 2012, el juez Pablo Ruz fue testigo de operaciones “extramuros del procedimiento judicial”, según dejaría constancia en uno de sus autos. En aquellos meses, el extesorero del Partido Popular y exsenador Luis Bárcenas no era un personaje relevante en los hechos investigados. Estaba pendiente una comisión rogatoria solicitada a Suiza desde el Tribunal Supremo. Pero Bárcenas se convertiría en ese personaje en enero de 2013, cuando llegaron los primeros datos de su fortuna en Suiza.

Los abogados Miguel Bajo y Alfonso Trallero eran entonces defensores de Bárcenas. El extesorero sostenía que, contra los informes de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), redactados o supervisados por el inspector Manuel Morocho, él no era Luis el Cabrón, según aparecía en las anotaciones contables de la trama de Francisco Correa como destinatario de una entrega de 72.000 euros.

Tras hablar con dirigentes del PP, previamente consultados por Bárcenas, Trallero decidió seguir los consejos recibidos y escribió, el 27 de agosto de 2012, una carta al director de la Policía, Ignacio Cosidó, al que le pedía una rectificación de los informes de la UDEF.

Esa carta era la continuación de una estrategia procesal puesta en marcha con una reunión que Trallero había mantenido con el comisario José Luis Olivera, exjefe de la UDEF, y su sucesor, el comisario Manuel Vázquez López, una reunión que tuvo lugar en julio de 2012 en el pub Milford, en la madrileña calle de Juan Bravo. Ni el encuentro ni la carta fueron comunicados al juez Ruz.

El juez, como el entonces presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, ya estaban molestos con Bárcenas, quien había conseguido el 15 de mayo de 2012 que su esposa Rosalía Iglesias, citada a declarar como imputada, entrara en la Audiencia Nacional por el garaje para evitar a periodistas, fotógrafos y cámaras de televisión, con la complicidad del cuerpo de Seguridad.

La Comisión General de Policía Judicial, al recibir la carta que le trasladó Cosidó, se la envió al juez Ruz el 13 de septiembre de 2012. El 18, tras tomar declaración al extesorero, el instructor dictó un auto sobre la carta, sin conocer el encuentro que habían tenido Trallero, Olivera y Vázquez López en el mes de julio.

Señala Ruz que la carta “se cursa directamente ante el director general de la Policía, invocando su condición de superior jerárquico de los funcionarios policiales, sin que el juez pueda valorar la pertinencia, necesidad y posibilidad de la diligencia interesada”. Esa conducta, puntualiza, “se sitúa extramuros del procedimiento judicial, privando al instructor de la dirección del mismo que legalmente tiene conferida”.

Según el juez “la iniciativa no tiene encaje, cabida o justificación alguna en nuestro vigente sistema procesal apartándose de las reglas de la buena fe” y califica la maniobra como una “patente irregularidad procesal cuando a la autoridad policial se le solicitan determinadas diligencias que, de forma palmaria y evidente, tienen indudable afectación en relación con el objeto del proceso pudiendo llegar a constituir abuso o fraude procesal en caso de admitirse y perpetuarse tal proceder”.

El juez ordena a la UDEF “abstenerse de practicar cualquier diligencia relativa a la solicitud presentada”. ¿Cómo llega Bárcenas a convencer a sus abogados de una estrategia que acaba mal? El propio extesorero escribe en prisión, en papel cuadriculado, la historia de esas gestiones. Bárcenas ha hablado con María González Pico, directora de gabinete de Soraya Sáenz de Santamaría, para pedir ayuda en una época en la que sus relaciones con Mariano Rajoy seguían siendo muy buenas. El extesorero también ha llegado al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a través del presidente del diario La Razón, Maurici Casals. Se urde, pues, la operación sobre Cosidó y la UDEF, a espaldas del juez instructor Ruz.

El nuevo informe solicitado por Trallero a Cosidó, a los comisarios Olivera y Vázquez López, estaba de camino… pero se cruza, en enero de 2013, la comisión rogatoria llegada desde Suiza, donde Bárcenas aparece con una fortuna de 22 millones de euros (más tarde una ampliación de la comisión rogatoria cifrará la fortuna en 48,2 millones de euros a primeros de 2008). Luis el Cabrón seguirá siendo según la Fiscalía Anticorrupción Luis Bárcenas.

La Operación Kitchen, pues, empieza antes de su fecha oficial de la primera quincena de julio de 2013, cuando Bárcenas está citado a declarar ante el juez Ruz y señalará a los receptores de sobresueldos y donantes del PP, según consta en sus papeles.