Las oficinas antifraude urgen al Gobierno a cumplir la normativa europea para proteger a los denunciantes de corrupción

La Red de Oficinas y Agencias Antifraude de España urge al Gobierno a que adapte ya la directiva europea sobre protección de las personas que denuncian casos de corrupción. Según esta red, el plazo para la transposición de esta norma finaliza en diciembre de este año, por lo que consideran que se deben establecer ya las medidas necesarias para facilitar que los funcionarios denuncien todo acto de corrupción cuando tengan conocimiento de ello. La directiva marca además cierto blindaje a los empleados, tanto del sector público como del privado, si aportan información que viole la legislación comunitaria sobre blanqueo de dinero, seguridad alimentaria, protección ambiental, impuesto de sociedades o licitación pública, por ejemplo. Las oficinas españolas sostienen que se ha de proteger tanto a estos como a sus familias, en el caso de que sea necesario y que se debe “prohibir su menoscabo profesional y personal, los daños a su reputación y cualquier acción represaliadora ejercida como consecuencia de la denuncia para amedrentar o perjudicar”.

Esta red está formada por un conjunto de organismos nacionales de lucha contra la corrupción, entre los que se encuentran entidades de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares, además de los ministerios de Hacienda y Función Pública. En una declaración institucional, tras su VIII encuentro, celebrado en Alicante, han reclamado no solo proteger a los denunciantes sino también que se reconozca su ejemplaridad. Y que, en el caso de que exista algún tipo de venganza contra ellos, esté castigada con “accesiones correctoras sobre las personas físicas o jurídicas represaliadoras, que presionan a las personas denunciantes y alertadoras y que obstaculizan las investigaciones impidiendo que lleguen a su buen fin, incluso tratando de amedrentar a las personas que investigan los hechos en cumplimiento de la ley”. Entre esas medidas están la imposición de sanciones, efectivas y disuasorias, y la obligación de reparar los daños, incluidos los morales.

Facilitar el acceso a los órganos de lucha contra la corrupción para que el público denuncie, incluso de manera anónima, incidentes de corrupción es otra de las medidas que reclaman estas oficinas que trabajan desde 2018 en la lucha contra la corrupción desde una perspectiva administrativa y no penal. En este sentido la red incide en la necesidad de garantizar la confidencialidad de los datos, documentos e informaciones que se aporten a la investigación de casos de fraude y corrupción para lograr que no se revele la identidad de las personas denunciantes o alertadoras, ni cualquier información de la que pudiera deducirse su identificación.

Una de las oficinas que forman parte de la red es la de la Comunidad Valenciana, que recibió 226 denuncias en 2020. En el primer semestre de 2021 se han registrado 187. En el 45% de los casos, las denuncias tienen relación con la gestión de recursos humanos en diferentes administraciones públicas en procesos selectivos y de provisión de personal así como a cuestiones relacionadas con derechos y deberes del personal e incompatibilidades.

Pese a que la directiva aún no está transpuesta, los juzgados han empezado a esgrimirla como norma vulnerada. El primero fue un juzgado de Elche, en diciembre de 2020, que la aplicó por primera vez en un caso de un policía local que denunció hechos presuntamente delictivos y fue sometido a un sistemático acoso laboral o mobbing.