El control policial en África impide la emigración hacia Canarias de 8.000 personas

La cooperación entre España y sus principales socios africanos ha frustrado la llegada de unas 8.000 personas a las islas Canarias, según fuentes policiales. El control en los países de origen y tránsito de los migrantes es más intenso y Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia han frustrado en conjunto y de media casi un 40% de los intentos de alcanzar el archipiélago. La presión migratoria en estos países, sin embargo, es fuerte y creciente y las salidas no se han detenido ni siquiera durante el invierno, cuando las condiciones meteorológicas son más adversas. En lo que va de año, según el balance de Interior a 31 de octubre, las islas han recibido casi 17.000 personas, prácticamente el doble que el año pasado en las mismas fechas. Casi 900 han muerto, según las cuentas más prudentes de la Organización Internacional para las Migraciones.

Las fuerzas de seguridad españolas, que colaboran en el terreno con las locales, celebran que en un año las redadas en tierra y bloqueos en el mar hayan aumentado en todos los países con los que trabajan. Cada socio, sin embargo, tiene un desempeño diferente: Mauritania está a la cabeza, mientras Marruecos está a la cola.

Rabat, que controla su territorio y el del Sáhara Occidental, las regiones de donde parten casi la mitad de las pateras, consigue bloquear en torno al 33% de los emigrantes, según se recoge en un informe reservado de la Comisión Europea al que ha tenido acceso EL PAÍS. El año pasado ese porcentaje se quedó en torno al 16%. Mauritania, por su parte, segunda en volumen de salidas hacia Canarias, aborta casi el 50% de los intentos ante el 32,5% de 2020.

Las fuentes consultadas no detallan los porcentajes de intervenciones de Senegal y Gambia, aunque señalan que también han crecido considerablemente respecto al año pasado cuando frustraron, respectivamente, el 25% y el 5% de los viajes. “Estos dos países también están haciendo un gran trabajo, aunque de allí salen muchísimas menos embarcaciones”, mantiene una fuente de seguridad.

Las cuentas son aproximadas y contrastadas con fuentes dedicadas al control de fronteras e informes reservados porque, de manera oficial, el Ministerio del Interior solo facilita cada 15 días el número de entradas irregulares, sin concretar el país de salida ni nacionalidad.

El destino de los emigrantes interceptados es incierto y España ni interviene ni garantiza que se respeten sus derechos. En Marruecos y el Sáhara, por ejemplo, son comunes las redadas y lo más habitual es que o se traslade a los detenidos en autobús al sur de la región, donde se les abandona a su suerte, o se les expulse a sus países de origen gracias a los convenios bilaterales de Rabat. En Mauritania, hay dos centros de detención sobre los que la ONG Human Right Watch ha denunciado las condiciones precarias, la falta de alimentos y la detención de refugiados y niños. El centro de Nuadibú es conocido hace más de una década como Guantanamito.

Marruecos, un socio particular

El caso de Marruecos es siempre controvertido y las fuentes consultadas se debaten entre elogiar los esfuerzos y exigir más diligencia en los puntos calientes de tránsito de inmigrantes.

A pesar de los temores, la crisis diplomática entre España y Marruecos desatada en mayo no ha resentido la cooperación contra la inmigración irregular. Más allá del episodio de Ceuta, cuando la gendarmería marroquí permitió la entrada de más de 10.000 personas a la ciudad autónoma, la colaboración no se interrumpió. Marruecos, por un lado, sigue manteniendo el cerrojo migratorio que impuso en 2019 en el norte del país y que redujo drásticamente las cifras de llegadas por el Estrecho, y, por el otro, lleva meses reforzando el control de algunos puntos de salida de la ruta atlántica. Involucrar a los marroquíes en la vigilancia en esta región era un objetivo prioritario de las fuerzas de seguridad españolas, que el año pasado vivieron con impotencia cómo de las 23.000 personas que alcanzaron las islas, casi 15.000 habían salido del sur de Marruecos y del Sáhara Occidental, a pesar de ser una región totalmente militarizada.

La menor eficiencia de Rabat respecto a otros países se explica, según fuentes de seguridad, no solo por la extensión de costa a vigilar y la falta de medios que están concentrados en el norte. Los marroquíes afrontan un modus operandi diferente y deben controlar las salidas de muchas más embarcaciones —y más pequeñas— que los cayucos que salen de Mauritania, Senegal o Gambia, que son más fáciles de interceptar. Otro factor que tener en cuenta, añaden, es que el modelo de despliegue permanente de patrullas mixtas y de buques y medios aéreos que Guardia Civil y Policía mantienen en Mauritania, Gambia y Senegal no existe en Marruecos.

La cooperación policial con los países de origen es una de las prioridades del Ministerio del Interior. Aun con los presupuestos prorrogados, Fernando Grande-Marlaska multiplicó por más de tres las subvenciones a países africanos para contener la inmigración irregular, un modelo implementado por José Luis Rodríguez Zapatero tras la llamada crisis de los cayucos de 2006. En 2019, Interior entregó a Marruecos, Mauritania, Senegal, Guinea-Conakry, Malí, Costa de Marfil y Gambia 45,9 millones en subvenciones, frente a los 13,3 millones de 2017, un aumento del 243%. Marruecos se llevó el grueso de las transferencias, un total de 32,3 millones de euros. En los presupuestos de 2022, esa cifra sigue creciendo e Interior destinará más de 47 millones de euros entre transferencias directas y compra de material.