Cinco ONG denuncian la expulsión de dos menores marroquíes cuya repatriación suspendió un juzgado de Ceuta

Cinco organizaciones que asisten a menores extranjeros no acompañados han denunciado que la Guardia Civil de Ceuta expulsó a Marruecos el pasado 28 de noviembre a dos chicos de 15 y 16 años. Las ONG consideran este caso especialmente grave no solo porque se habría incumplido el procedimiento que marca la ley para devolver a menores inmigrantes a su país, sino porque los dos expulsados formaban parte del grupo de 12 chicos cuya repatriación suspendió un juzgado de Ceuta a mediados de agosto, cuando la ciudad autónoma, la delegación de Gobierno y el Ministerio del Interior pusieron en marcha repatriaciones sin seguir el protocolo legal. Entonces, fueron devueltos a Marruecos 55 chicos, pero las medidas cautelares del juzgado en favor de los menores acabaron forzando a las autoridades a interrumpir las devoluciones.

Las ONG califican esta expulsión de “sumaria” e “ilegal”. Lourdes Reyzábal, presidenta de Fundación Raíces, una de las organizaciones que han hecho pública la denuncia, mantiene: “Lo que ha ocurrido es gravísimo. Una vez más, en España, prevalecen las políticas de extranjería frente a las leyes de protección a la infancia. De nuevo, nuestros gobiernos incumplen el procedimiento establecido por la legislación española para la repatriación de menores extranjeros”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al ser interrogado sobre las devoluciones, ha defendido el escrupuloso respeto en materia de Extranjería. “Se ha cumplido, se cumple y se cumplirá siempre la ley en cualquier ámbito de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, ha afirmado en Bruselas, adonde ha acudido a un encuentro con los ministros de Interior del bloque comunitario. Grande-Marlaska ha expresado “tranquilidad” en este asunto y ha ofrecido cooperación en la investigación: “Daremos la información que sea requerida por las autoridades judiciales o las autoridades competentes”, informa Guillermo Abril.

En un comunicado posterior, el Ministerio de Interior señala que el día de la expulsión denunciada por las ONG, a las 17.15 de la tarde, guardias civiles destinados en la aduana del Tarajal detectaron la presencia de tres personas a nado desde aguas de Marruecos que alcanzaron la costa española y fueron interceptados en la playa del Tarajal. Se trataba, según la versión ofrecida por el ministerio, de tres varones marroquíes, mayores de edad, que fueron devueltos y puestos en manos de la policía de su país.

La versión de las ONG difiere mucho de la de Interior. Según la denuncia, los dos chicos y otro amigo estaban en el agua, en el puerto, intentando subir como polizones en un barco de Transmediterránea cuando una lancha de la Guardia Civil los interceptó. Los menores facilitaron sus datos personales y se negaron a volver a Marruecos. A continuación, según la denuncia, los agentes los llevaron a la frontera y, aún con la ropa mojada, los entregaron a los gendarmes marroquíes. Una de las abogadas de los chicos, Patricia Fernández Vicens, explica: “La versión de la Guardia Civil es incompatible con el relato de los niños. O Interior se refiere al rechazo de tres personas distintas o está adulterando los hechos, que suceden en el puerto de Ceuta mientras buscan cómo subirse a un ferri y no en la playa del Tarajal intentando entrar en la ciudad”.

Los adolescentes ahora expulsados llegaron a Ceuta en mayo, entre la más de 10.000 personas que en aquellos días cruzaron sin control la frontera. Hacía meses que vivían en la calle y eran parte del numeroso grupo de jóvenes que busca en el puerto de Ceuta su oportunidad para colarse en un ferri que los lleve a la Península. Habían pasado por las naves del polígono del Tarajal, donde al principio se hacinó a los niños en pésimas condiciones. Más tarde, fueron hospedados en un polideportivo convertido en centro de acogida.

El caso de estos dos chicos llegó al juzgado porque en esos días en los que las autoridades comenzaron a repatriar a niños sin seguir el escrupuloso procedimiento que dicta la ley, las abogadas de Fundación Raíces y Coordinadora de Barrios viajaron a Ceuta para cerciorarse de lo que ocurría en la frontera. Las letradas acabaron asumiendo la defensa de 80 menores y el pasado 16 de agosto solicitaron a los Juzgados de Ceuta la adopción de medidas cautelares en favor de 12 de ellos, entre los que estaban los dos expulsados. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Ceuta les dio la razón y ordenó que se suspendiese su repatriación, una resolución que fue confirmada por otro auto del 24 de agosto. “El procedimiento judicial sigue su curso, y en tanto no exista una resolución sobre el fondo de la controversia, la medida cautelar sigue en vigor y debe ser escrupulosamente respetada”, advierte Reyzábal.

Tras conocer la expulsión de los dos menores, Fundación Raíces y Coordinadora de Barrios se dirigieron el pasado viernes al Juzgado de Ceuta, al Ministerio del Interior, al Área de Protección de Menores de la ciudad, al Fiscal de Menores de Ceuta, al fiscal de Sala Coordinador de Menores de la Fiscalía General del Estado y al Defensor del Pueblo. Piden una investigación y que se practiquen “las diligencias necesarias” para el “inmediato” regreso de los menores a territorio español.

La denuncia trasciende este caso concreto y advierte de que, según los testimonios de otros menores y de las entidades que trabajan en el terreno, esta no sería una expulsión aislada. “En los últimos meses, se han podido producir otras devoluciones sin garantías de menores por distintos miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en circunstancias similares”.