El sindicato que lidera las protestas policiales contra el Gobierno dirime su liderazgo en los tribunales

Justicia Policial (Jupol), el sindicato de agentes de la Policía Nacional que lidera las protestas contra la reforma de la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, vive tiempos convulsos. La destitución, en junio, del que entonces era su secretario general, José María García —acusado de realizar una gestión personalista y cargar a las cuentas del sindicato gastos personales—, y la elección a finales de octubre como su sustituto de uno de los dirigentes que promovió su salida, Aarón Rivero, no ha puesto fin a la batalla interna por el liderazgo de la organización. Natan Espinosa, uno de los policías que fundó y dirigió la plataforma Jusapol, que aglutinó en 2017 a policías y guardias civiles para reclamar la equiparación salarial con los Mossos d’Esquadra y de la que surgió Jupol, ha anunciado a EL PAÍS su intención de recurrir esta elección ante el Tribunal Supremo después de que la Audiencia Nacional, con el voto discrepante de una magistrada, la haya avalado en primera instancia. Como trasfondo de la pugna aparecen discrepancias internas por la estrategia de protestas en la calle contra el Gobierno.

Espinosa, que inició su batalla legal el pasado julio al impugnar el proceso electoral por considerar que se le exigían unos requisitos para presentar su candidatura no recogidos en los estatutos, asegura que su intención es dar un giro a la actual deriva del sindicato, incrementada en su opinión por las movilizaciones contra el Gobierno. En conversación telefónica con EL PAÍS, Espinosa se muestra crítico con el protagonismo adquirido tanto por Jupol como por Jusapol y la asociación profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) en estas protestas: “Jupol y Jusapol están para conseguir la equiparación real, no para cambiar una ley. El sindicato debería haber quedado en un segundo plano en las movilizaciones, y Jusapol, ni implicarse”, añade. El agente también censura que, en la manifestación celebrada en Madrid el pasado 27 de noviembre contra la reforma de la ley mordaza “únicamente los partidos de la derecha” tuvieran protagonismo, en referencia a la presencia en la misma de Pablo Casado, Santiago Abascal e Inés Arrimadas, líderes de PP, Vox y Ciudadanos. Espinosa ha demostrado que mantiene un peso importante dentro del movimiento, al haber obtenido durante el proceso previo a la asamblea en nueve provincias más avales del actual secretario general y empatar con él en otras tres.

Pablo Pérez, portavoz de Jupol, rechaza estas críticas e insiste en que la implicación del sindicato en la organización de estas protestas está más que justificado “porque la reforma de la ley de seguridad ciudadana afecta a nuestro trabajo diario como policías”. Pérez, que considera que la sentencia de la Audiencia Nacional que ratifica la elección de Rivero como secretario general “demuestra que lo estamos haciendo bien”, se muestra convencido de que la actual dirección de Jupol cuenta con “el apoyo de una amplia mayoría” de los 25.000 afiliados en su estrategia de oposición frontal al Gobierno por la reforma de la ley mordaza. Como ejemplo de ello, asegura que el número de agentes que se afilia al sindicato “no ha dejado de crecer” desde que se iniciaron las protestas.

Jupol, con su discurso duro frente al gobierno, arrasó en las elecciones sindicales celebradas en junio de 2019, al conseguir ocho de los 14 puestos reservados a los representantes de los agentes en el Consejo de la Policía, el órgano paritario de negociación entre estos y el Ministerio del Interior. En la Escala Básica, que es la que engloba más policías, recibieron 26.000 votos de los cerca de 41.000 emitidos (un 63,4%). Pese al éxito, menos de dos años después surgieron las primeras discrepancias en el seno de la organización que desembocaron en la destitución de su líder y la posterior elección del actual secretario general en un proceso interno salpicado de acusaciones. Seis afiliados que pretendían aspirar al cargo, entre ellos Espinosa, presentaron dos demandas ante la Audiencia Nacional en las que pedían que se impidiera la celebración de la asamblea al considerar que dos de los requisitos que se les imponían a sus candidaturas (conseguir el aval del 2% de los afiliados en cada una de las provincias y llevar un año ininterrumpido de afiliación) eran contrarios a los estatutos de la formación.

El fallo de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, fechado el pasado 2 de diciembre y conocido este martes, ha rechazado sus pretensiones en primera instancia, al considerar que el desarrollo de la Asamblea que desembocó en la elección de Rivero se ajustó al reglamento aprobado por Jupol y, por tanto, fue legal. Sin embargo, uno de los miembros del tribunal ha emitido un voto particular en el que asegura que tanto la exigencia del aval como el del tiempo de afiliación ininterrumpido contravienen la ley y los estatutos, y, en consecuencia, “en las elecciones no se han cumplido los principios tendentes a garantizar la transparencia y objetividad del proceso electoral y del principio de igualdad”. En opinión de la magistrada, en el proceso se registraron “excesos y abusos debidos al mal ejercicio o ejercicio arbitrario por posiciones de dominio” y el resultado de la asamblea debía ser anulado para iniciar de nuevo el proceso de elección.

Es el contenido de este voto particular el que ahora esgrime Espinosa para anunciar el recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El exdirigente de Jusapol asegura que con ello pretende poder aspirar a la secretaria general y cambiar la gestión del sindicato. “Se han olvidado para lo que nació Jusapol y Jupol, que era conseguir la equiparación salarial”. Pérez, portavoz de la actual dirección del sindicato niega estas acusaciones. “Por supuesto que el objetivo sigue siendo la equiparación y seguimos trabajando para ello, pero a los afiliados también hay que darles otros servicios”, señala. E insiste en que, precisamente, “esa gran unión” que han conseguido con otras organizaciones y asociaciones policiales para oponerse a la reforma de la ley mordaza, “puede servir para dar un empujón más” a su reclamación económica.