Una docena de señalados por corrupción tratan de usar a su favor las maniobras de Villarejo

El alcance judicial de las maniobras del comisario José Manuel Villarejo sobrepasa los límites de la propia causa que se instruye contra él en la Audiencia Nacional, donde se le investiga desde 2017 por encabezar una macrotrama de corrupción policial. Sus años de artimañas en las sombras han quedado reflejados en las grabaciones que hizo durante décadas, en las anotaciones que apuntaba en sus agendas, en informes de inteligencia... Toda una ingente cantidad de material donde se mezclan mentiras con verdades e insinuaciones, que el propio Villarejo se esfuerza en alimentar para enmarañar más las pesquisas. Pero no es el único. Hasta una decena de señalados por corrupción intentan usar a su favor los tejemanejes del comisario para desinflar o anular los casos abiertos contra ellos en los tribunales.

Este listado lo engordan nombres otrora insignes, pero que han protagonizado algunos de los principales escándalos del país en los últimos años. El clan familiar del expresidente catalán Jordi Pujol, su homólogo madrileño Ignacio González o el exministro Eduardo Zaplana se encuentran entre los imputados que se presentan como víctimas de Villarejo para tratar de esquivar las instrucciones judiciales que acumulan pruebas contra ellos.

Zaplana. El propio PP se encargó de poner el balón botando a Villarejo para que sembrara dudas sin aportar pruebas sobre el caso Erial, donde Zaplana permanece imputado por el supuesto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. El diputado valenciano Luis Santamaría lanzó la siguiente pregunta al comisario el pasado 20 de octubre, durante la comisión abierta en el Congreso para investigar Kitchen, la operación de espionaje sin control judicial urdida contra el extesorero popular Luis Bárcenas para arrebatarle supuestamente documentos comprometedores para altos cargos de la formación.

—¿Participó usted en alguna operación contra el PP siguiendo las instrucciones del PSOE? —le inquirió el parlamentario, que ya ha tratado antes de desacreditar las pesquisas judiciales sobre el caso Gürtel, donde su partido acumula dos condenas.

—Creo recordar que había un interés, no sé por qué, de destruir al señor Zaplana, y se utilizó a un informador sirio, un confidente del CNI del que no recuerdo su nombre, para ver las fórmulas sobre cómo hacerlo —contestó Villarejo.

Esas palabras resonaron con fuerza y Zaplana, expresidente de la Generalitat Valenciana y exlíder autonómico del PP, no dudó en recoger el guante y mover ficha. Su defensa pidió de inmediato que el comisario fuese citado a declarar en el caso Erial e insistió en que el procedimiento acumula “irregularidades”, pero la juez lo rechazó. Todo ello, pese a que el exministro había temido en un primer momento acabar involucrado en el caso Villarejo a medida que se fueran desencriptando los archivos interceptados al policía, como admitía en una carta que forma parte del sumario y que envió desde prisión a una exdiputada del PP, Elvira Suanzes, que fue estrecha colaboradora suya.

El clan Pujol. Aún no hay una fecha fijada para el juicio contra el expresident y sus siete hijos (Jordi Jr., Marta, Josep, Pere, Oriol, Mireia y Oleguer), pero ellos ya han empezado a mostrar sus cartas. Según fuentes de su entorno, los integrantes del clan esgrimirán en la vista las maniobras de Villarejo y la policía patriótica, activada en el Ministerio Interior durante la etapa de Jorge Fernández Díaz (PP), para tratar de anular la causa. Una baza que ya dejaron ver en sus escritos de defensa, donde vincularon el origen del caso Pujol a la Operación Cataluña, la campaña de intoxicación informativa supuestamente gestada en Interior para, mediante presuntos informes policiales con graves acusaciones de corrupción, desacreditar a los principales dirigentes del independentismo catalán. “En ella destaca la intervención del comisario Villarejo Pérez”, destacaba la familia.

Los siete hijos, para quien la Fiscalía pide penas que oscilan de los 29 a los 8 años de cárcel, incidieron en que “un grupo de funcionarios” de la Policía actuaron “al margen de toda legalidad procesal” para “activar el relato de denuncia” que los pondría contra las cuerdas. De hecho, el sumario del caso Villarejo evidencia que este comisario se hizo pasar por abogado para hablar con el empresario Javier de la Rosa y con Victoria Álvarez, la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, quienes acabarían relatando a la Policía las presuntas irregularidades del clan. Por ello, la familia ha pedido que Villarejo declare como testigo en el juicio. Además, el primogénito del expresidente de la Generalitat intentó personarse como acusación en el caso Villarejo, pero el juez lo rechazó con el argumento de que los Pujol eran un objetivo de interés policial y no constaba que se hubiera usado medios ilegales contra él o su familia.

Ignacio González. El expresidente de la Comunidad de Madrid, epicentro de la trama de corrupción bautizada como caso Lezo, lleva años interesado en el caso Villarejo. El exdirigente del PP ya pidió en 2019 personarse como perjudicado en la instrucción que cerca al comisario al considerarse víctima de la “red de grabaciones y manipulaciones” del antiguo policía, ya que este lo grabó en 2011 y después filtró la conversación donde hablan sobre su ático de Estepona. Un inmueble que investigó la justicia ante las sospechas de que pudo llegar a manos de González como pago de una comisión a cambio de una adjudicación, pero que acabó archivado en 2020 por falta de pruebas.

Pero el expresidente madrileño no se ha quedado ahí. Su defensa ha pasado a la ofensiva en el caso Lezo para tratar de anularlo, tras calificarlo de “burdo montaje” orquestado por Villarejo “por encargo de terceras personas con la finalidad” de hundirle “política y personalmente”, según el escrito enviado a la Audiencia Nacional y recogido por la agencia Europa Press. Su abogado ha pedido incorporar a la causa todos los archivos, audios y emails que intervinieran al comisario que pudieran tener relación con González, así como una copia de las agendas del policía. En estos cuadernos del agente constan apuntes referidos a “IG”, que la Policía ha identificado como las siglas de Ignacio González: “Según Asturiano, hay que dar caña a IG. Propone seguir el rastro del dinero”, se lee en uno del 18 de febrero de 2013. Asturiano era el alias que usaba Villarejo para referirse a Mariano Rajoy, según los investigadores.

El caso Lezo ha desvelado el presunto saqueo de las arcas de la Comunidad de Madrid y de la empresa pública Canal de Isabel II. Tras acumular indicios contra el expresidente —que dibujan a un político dedicado al cobro de comisiones y a trampear adjudicaciones—, la Fiscalía ha pedido 18 años de cárcel para González por tres líneas de investigación del sumario: por los amaños en el campo de golf de Chamberí; por repartirse una mordida de 1,8 millones de euros a cambio de adjudicar la obra del tren de Navalcarnero por 360 millones a OHL; y por idear un plan para que Canal comprara la empresa brasileña Emissao entre 2012 y 2013 por un importe superior a su valor real.

Francisco Martínez. El que fuera secretario de Estado de Seguridad del Gobierno de Rajoy, procesado por el juez como “coordinador” de Kitchen, intenta también anular los audios de Villarejo sobre sus conversaciones con el chófer de Bárcenas, que constituyen una de las principales pruebas en la instrucción sobre el espionaje al extesorero del PP. Martínez, antigua mano derecha de Fernández Díaz, ha recurrido la propuesta del magistrado de enviarlo al banquillo y ha alegado que estas “pruebas” se obtuvieron “violentando los derechos o libertades fundamentales”. A su petición se ha unido el comisario José Luis Olivera, ex jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y también procesado por su presunta participación en la trama.

En un escrito del pasado 20 de octubre —fechado el mismo día que Público difundió el audio de una charla entre Villarejo y Martínez—, el ex secretario de Estado acusa al comisario de guardar “un gigantesco archivo de grabaciones subrepticias”, que acumuló “mientras se encontraba en activo en el Cuerpo, sin que ninguna fuese autorizada por el órgano judicial competente”. “Se realizaron sin el consentimiento del resto de los interlocutores”, añade. El expolítico del PP mantiene que, por tanto, los audios deben expulsarse de la investigación al suponer, en su opinión, “una vulneración del derecho fundamental a la protección de datos personales” y “del derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, pues tales grabaciones se han realizado desde una posición de superioridad institucional (agentes de la autoridad o superiores jerárquicos) para obtener una confesión extraprocesal arrancada mediante engaño”.

Luis Pineda. La Audiencia Nacional condenó en verano de 2021 a ochos años de cárcel al presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda. El tribunal, presidido por la juez Ángela Murillo (la misma magistrada que dirige actualmente el primer gran juicio a Villarejo), consideró probado que extorsionó a empresas y bancos para que le pagasen a cambio de no emprender acciones judiciales o campañas de desprestigio contra ellos. Los magistrados dictaron la sentencia, recurrida al Tribunal Supremo, tras una larga vista oral donde Pineda pidió la nulidad del proceso al definirlo como un complot urdido por el BBVA y Villarejo.

Pineda sostiene que el banco pagó al comisario para elaborar una denuncia que dio origen a la causa contra él. “[El proceso] deviene de una causa espuria montada por el BBVA sirviéndose de estructuras policiales y parapoliciales, en las que el papel de Villarejo es muy determinante”, dijo su defensa. Los agentes del caso Villarejo encontraron documentación y anotaciones en poder del comisario sobre el presidente de Ausbanc, que se personó como perjudicado en las pesquisas sobre los contratos firmados entre el BBVA y Villarejo, que permanecen abiertas.

Pero la Audiencia Nacional ya valoró algunos de esos indicios y, en su sentencia contra Pineda, descartó que la denuncia embrionaria contuviera “vicio alguno que suponga la vulneración de derechos fundamentales” y que los agentes de la UDEF, encargados de las averiguaciones sobre Ausbanc, se “aprovechasen” de una “investigación ilícita llevada a cabo por Villarejo”. Es decir, según concluyeron los jueces, las pruebas se encontraron al margen de cualquier maniobra del comisario.