Un policía destripa la trama de Villarejo: chantajes, audios y cientos de miles de euros

El funcionario número 111.470 bebe un breve sorbo de agua para refrescar la garganta. Lleva ya hora y media destripando la trama de José Manuel Villarejo cuando la magistrada Ángela Murillo, presidenta del tribunal de la Audiencia Nacional que juzga al antiguo comisario desde el pasado octubre, decide concederle un descanso. Son apenas 30 minutos, que sirven realmente más a las defensas para coger aire tras una declaración desastrosa para sus intereses. Porque a la vuelta, el agente 111.470 no pierde fuelle. Ha encabezado durante un lustro las pesquisas sobre la presunta red de corrupción encabezada por Villarejo; y, este lunes, aprovecha la oportunidad de desgranar las numerosas pruebas acumuladas en el sumario. Lo hace durante tres horas y media más, a preguntas de la Fiscalía y acusaciones. Hasta bien caída la tarde.

El minucioso relato del funcionario, inspector de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía, ha irrumpido con enorme fuerza en el primer gran juicio a Villarejo. Ya arrancó el 27 de enero, cuando comenzó a testificar y a contestar al ministerio público, ofreciendo durante tres horas una visión general de la trama tejida por el comisario para enriquecerse. Pero este lunes entra al fondo. A los detalles. A los encargos de espionaje ejecutados para empresas y particulares a cambio de cientos de miles de euros, a las grabaciones que hacía de sus encuentros con sus clientes y colaboradores, al acceso a bases de datos confidenciales para recabar información de las víctimas (como tráfico de llamadas), a la falsificación de facturas para ocultar el motivo real de las contrataciones..., según relata el funcionario.

“Hay un abuso de la condición policial”, resume el inspector en un momento dado, y explica al tribunal los recovecos de los tres proyectos que se juzgan en esta vista: Iron, Land y Pintor. El primero versa sobre la contratación del comisario por parte del bufete Herrero & Asociados para espiar supuestamente a otro despacho de abogados. Land se centra en la guerra familiar de los herederos de Luis García-Cereceda, el promotor que levantó la urbanización de lujo La Finca en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Y Pintor investiga si el empresario Juan Muñoz Tamara, marido de Ana Rosa Quintana, fichó a Villarejo para obtener ilegalmente datos de un exsocio, M. M. N., al que reclamaba una deuda.

Unos encargos que, según ha insistido el agente 111.470, incluían la obtención de información sensible de las víctimas para después chantajearlas en beneficio de los clientes del comisario. Así, por ejemplo, el juez instructor del caso Land concluyó que Susana García-Cereceda quería obtener datos de su hermana Yolanda y del exmarido de esta, Jaime Ostos, para divulgarlos después y usarlos “como instrumento de presión a su favor en las controversias económicas sobre el patrimonio social y familiar existentes”. En Pintor, facilitaron vídeos comprometedores de M. M. N. y su abogado (con prostitutas y cocaína) para “presionarlos” en la batalla judicial que mantenían con Muñoz Tamara.

Pero los tejemanejes no se quedaban ahí. Según ha añadido este lunes el investigador, el encargo de Iron también pasaba por usar la influencia de Villarejo en la policía para, tras obtener datos de forma ilegal sobre el rival de Herrero & Asociados, iniciar una investigación policial que propiciara el arresto de los miembros de ese bufete. “Había una vinculación entre que hubiera una detención y que Villarejo ganara dinero con Cenyt”, ha comentado el funcionario de Asuntos Internos, que ha contado entonces cómo el acuerdo comercial preveía una prima de éxito si esto se producía: de 300.000 euros.

“Está en todas las decisiones importantes”

El inspector de la UAI ha repasado de memoria multitud de detalles del sumario. Tras cinco años de investigación, no necesita ningún papel para navegar por una ingente causa que conoce al dedillo. Y, con absoluta tranquilidad y precisión, apunta rápidamente al principal objetivo: Villarejo. “Él es el titular real del grupo Cenyt”, ha sentenciado este lunes sobre la red empresarial tejida por el comisario. Las sociedades de la trama se ordenaban en varios niveles: “Todas dependían unas de otras”, ha dicho: “Hasta que se llega a Villarejo, como titular de todas”. “[Rafael] Redondo tiene una participación minoritaria”, ha remachado respecto al socio del antiguo policía.

Quien mandaba era Villarejo. El agente 111.470 no deja lugar a dudas. “Él toma las decisiones. Él capta los clientes. A él le llegan los asuntos. Él participa en prácticamente todas las reuniones con los clientes. Él negocia las condiciones. Él determina los precios. Él es quien se encarga de la ejecución”, ha disparado en apenas unos segundos, acribillando la defensa del comisario jubilado, que se enfrenta en este juicio a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de más de 100 años de cárcel. La última bala del inspector de Asuntos Internos resulta clave: “Él es la única persona en Cenyt que tiene la capacidad para obtener los datos que después se venden a los clientes: información que viene de ficheros policiales o de otras entidades”; y cuya obtención supone la vulneración de “derechos”. “Villarejo está en todas las decisiones importantes”, ha rematado el testigo.

El comisario compatibilizó durante años los negocios privados con sus funciones en el Cuerpo. Villarejo alega que sus empresas le servían como tapadera para desarrollar sus funciones como agente encubierto. Pero, según ha subrayado el investigador de la UAI varias veces, no se ha encontrado ninguna documento que avale esa supuesta condición especial, prevista por la ley. “Entre la documentación intervenida, no se ha localizado ni una sola resolución judicial o del ministerio fiscal que habilite a Villarejo para actuar como agente encubierto. Ninguna”, ha afirmado el inspector. De hecho, la labor del acusado como policía era “diametralmente opuesta a la de un agente encubierto”: “[Él se dedicaba al] manejo de informadores, de colaboradores”, ha añadido el funcionario 111.470.

La estructura empresarial “familiar”

Los archivos de Villarejo —sus agendas, notas internas, audios grabados en secreto...— conforman un complejo puzle lleno de difusas líneas que, desde 2017, los investigadores tratan de trazar y resolver. Tras analizar la inmensa documentación del sumario, Anticorrupción y Asuntos Internos han llegado a una primera conclusión: el comisario desarrollaba, por un lado, sus funciones policiales, principalmente captación de información de “fuentes humanas”; pero, por otro, se aprovechaba de sus contactos para acceder a datos confidenciales que vendía después a empresas y particulares por cientos de miles de euros. Para ello, urdió toda una trama empresarial con una “una estructura de carácter familiar”, en palabras del inspector 111.470.

El agente de la UAI ha ahondado este lunes en esa red societaria. Villarejo se encontraba en la cima, pero situó a su mujer Gemma Alcalá y a sus hijos en cargos de responsabilidad. Ha explicado, por ejemplo, que la esposa figuró como administradora hasta 2015 de varias compañías, cuando dejó paso en el puesto al primogénito del comisario, José Manuel Villarejo Gil. A través de esa estructura, la trama recibió los pagos de los clientes. Pero, el papel de ambos en el desarrollo de los supuestos encargos de espionaje era “secundario”, según el inspector: “Alcalá no tenía capacidad para obtener los datos confidenciales. No participaba en las reuniones...”. La Fiscalía pide más de 83 años de cárcel para la mujer; y 14 años, para el hijo mayor.

La declaración del inspector 111.470 continúa este martes. Las defensas tendrán la oportunidad de preguntarle.