El Gobierno pide explicaciones a Ayuso por su decisión de crear un registro propio para la atención de refugiados ucranios
El secretario de Estado de Migraciones escribe al consejero de Presidencia para advertir de que la medida induce a “confusión” e “inseguridad jurídica”
El secretario de Estado de Migraciones, Jesús Perea, ha enviado una carta en la noche de este jueves al consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, para pedirle explicaciones sobre el anuncio de habilitar en el hospital Enfermera Isabel Zendal un punto de referencia para recibir y registrar desplazados de la guerra en Ucrania. El Ejecutivo ya tiene un centro en Madrid, en Pozuelo de Alarcón, en el que los refugiados de Ucrania pueden tramitar su documentación y con ella acceder a todos los servicios, como educación y sanidad, en diferentes puntos de la región, sean centros de salud o colegios.
En la misiva, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, Perea hace especial hincapié en el “Registro Único de Desplazados” que el Gobierno regional va a implementar en el Zendal y en el que, según la Comunidad, “será necesario inscribirse” para acceder a los servicios de las diferentes consejerías. El secretario de Estado le recuerda que los refugiados “gozan de una serie de derechos inherentes a su condición sin necesidad de inscribirse en ningún registro”. En ese sentido, añade, “desearíamos conocer si el mencionado registro que se va a crear desde la administración autonómica tendrá carácter constitutivo, como parece advertirse, dado que en tal caso se estaría creando un requisito adicional”. El resultado de la iniciativa regional, afirma Perea, es “imponer una carga burocrática añadida que pueda dificultar, sin fundamento normativo alguno, el ejercicio pleno de estos derechos”.
El procedimiento por el que se reconoce la protección temporal a los que huyen de Ucrania, explica Perea en la misiva, se caracteriza “por su máxima agilidad y mínimo coste personal”. Y añade: “La creación de un registro separado adicional no hace sino perjudicar a un colectivo especialmente vulnerable con una carga burocrática añadida de dudosa utilidad”
La misiva reconoce el desafío de gestionar un flujo sin precedentes de personas, especialmente en la Comunidad de Madrid, que acoge la mayor diáspora de ucranios en España con más de 23.000 personas. Pero advierte de que las medidas no pueden fomentar “nuevas cargas administrativas, que puedan inducir a la inseguridad jurídica y confusión” en un colectivo especialmente vulnerable.
La carta responde a la iniciativa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de habilitar el hospital Enfermera Isabel Zendal para recibir allí también a refugiados. La Comunidad había ofrecido a la Delegación de Gobierno varias veces el hospital para que la Policía documente a los refugiados, como ya ocurre en el centro de Pozuelo de Alarcón y en otros tres habilitados por el Gobierno en Alicante, Barcelona y, próximamente, en Málaga. La oferta de Díaz Ayuso incluía también centralizar en el hospital otros trámites, así como control sanitario y posibilidad de vacunación, pero el Gobierno declinó el ofrecimiento por no considerarlo necesario.
A pesar del rechazo a la propuesta, la Comunidad anunció el miércoles un teléfono de información, un “Registro Único de desplazados” en el que “será necesario inscribirse” para acceder a determinados servicios y un punto de atención para hacer trámites en el propio hospital. El Gobierno regional anima así a los desplazados a acudir al Zendal para registrarlos y ofrecer allí gestiones que pueden hacerse por otras vías. Entre ellos está la emisión de la tarjeta sanitaria, que ya se tramita en los centros de salud o la matriculación de los niños, que también puede hacerse directamente en los colegios, ayuntamientos o en la propia consejería. La Comunidad ofrece también la gestión de la tarjeta de transporte.
En cualquier caso, quien ha ido este jueves por la tarde al hospital no ha encontrado la atención anunciada. Tres mujeres ucranias se han quedado sorprendidas cuando a las 19.30 los guardias de seguridad del recinto no les han permitido la entrada porque allí no se estaban gestionando trámites, informa Berta Ferrero. Las mujeres, dos desplazadas recientemente desde Ucrania y una compatriota que las acompañaba, no querían vacunarse, pero sí poder moverse por Madrid con el abono transporte y realizar todos los trámites oportunos, pero los guardias las han mandado al CECOM, el Centro de Comunicaciones del Ministerio de Defensa. “Pensábamos que era aquí y nos mandan ahora al Paseo de la Castellana”, decía un chico español que las acompañaba. La Comunidad ha explicado que el servicio de atención de 24 horas no estará implantado hasta el lunes.
El ministro Escrivá ya se había referido efusivamente a esta iniciativa al responder al diputado popular José Ortiz Galván quien le reprochó este jueves en el Congreso haber rechazado el hospital “por connotaciones políticas”. El ministro leyó en voz alta la nota de prensa de la Comunidad de Madrid e indignado arrancó: “De lo que se trata es de que cuando llega un refugiado no les carguemos de trámites. No le hagamos ir también al Zendal a que se registre cuando ya se han registrado. Se les está poniendo un trámite adicional y ¿para qué? ¿Para hacerse una foto en el Zendal? ¿Para qué? ¡No hace falta!”. El ministro, elevando el tono, ha concluido: “Lo que tienen que hacer es engrasar su sistema sanitario y de educación para que cuando vayan llegando les den los derechos que tienen”.
El hospital está a 20 minutos en transporte público del aeropuerto de Barajas, pero a 48 minutos de la Puerta del Sol o a 1 hora y 17 minutos (y tres transbordos) del centro de recepción de Pozuelo, parada imprescindible para cualquier refugiado que busque instalarse en España vía la capital. Está aún más lejos de algunos lugares, como Cercedilla, en los que se han instalado ya a decenas de refugiados. “Estamos tratando de evitar desplazamientos innecesarios, que salgan de allí con los servicios facilitados”, explica.
La Comunidad también ha habilitado un servicio de información en el 012 y un número específico para los ucranios (900 822 833). Los dos teléfonos, gratuitos y con intérpretes, están disponibles 24 horas al día, exactamente igual que el número habilitado la semana pasada por el Gobierno central (91 047 44 44).
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