Anticorrupción investigará el contrato del hermano de Ayuso, pero la Fiscalía Europea indagará si hubo malversación

La Fiscalía Anticorrupción va a continuar con la investigación sobre la existencia de posibles delitos en el contrato de venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid para comprar 250.000 mascarillas a Priviet, la empresa que pagó al menos 55.000 euros por este trabajo a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Anticorrupción seguirá investigando sin perjuicio de que la Fiscalía europea indague sobre un presunto delito de malversación, al haberse pagado las mascarillas con fondos procedentes de la Unión Europea (UE).

El criterio de la fiscal general, Dolores Delgado, a favor de retener plenas competencias de Anticorrupción en la indagación de los hechos recibió este lunes por la tarde un apoyo unánime de la Junta de Fiscales de Sala —máximo órgano de la carrera—.

La Fiscalía europea, que dirige la fiscal Concepción Sabadell —una de las fiscales del caso Gürtel— había reivindicado plenas atribuciones sobre el conjunto del caso del contrato que favoreció al hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por estimar la posible existencia de un delito de malversación de fondos, que además aparecería en este asunto “indisociablemente unido” a otras supuestas infracciones, como tráfico de influencias, falsedad documental, prevaricación o negociaciones prohibidas a los funcionarios, que son competencia de la Fiscalía Anticorrupción. La Junta de Fiscales de Sala, en cambio, respaldó unánimemente el criterio de la fiscal general y del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, en el sentido de que es esta Fiscalía especializada la que debe proseguir la investigación sin renunciar, por tanto, en favor de la Fiscalía europea, que podrá continuar a su vez con las indagaciones que estime pertinentes sobre la existencia de un uso irregular de fondos europeos.

Fuentes de la Junta de Fiscales de Sala descartan considerar este episodio como un choque de trenes entre ambas instancias del ministerio público, la española y la europea. Más bien lo contemplan como una incidencia derivada de la puesta en marcha, el pasado 1 de junio, de esta última, y las dudas que de ello puedan derivarse para deslindar ámbitos de competencia con respecto a las fiscalías de cada Estado de la UE.

El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, vio claro desde el inicio de la polémica, la semana pasada, que su departamento no debía abandonar el caso, en función de criterios estrictamente técnicos y procesales. El criterio de la cúpula fiscal española es que una cosa es que la UE proteja el buen uso de los fondos que proporciona a los países socios de la Unión, y otra que esa atribución le conceda primacía para la investigación y persecución de delitos cometidos en España, tratándose de infracciones tipificadas en el Código Penal estatal y distintas de la figura concreta de malversación de fondos.

En este sentido, la documentación que varias fuerzas políticas han entregado a la Fiscalía General del Estado —singularmente el PSOE, Más Madrid y Podemos— plantea la posibilidad de que en la gestión de los contratos con la Comunidad de Madrid de los que se benefició el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se hayan cometido delitos que van de la prevaricación al tráfico de influencias, pasando por la falsedad, para cuya investigación la Fiscalía europea carecería de competencias específicas.

La tesis contraría que defiende la fiscalía europea para investigar el contrato sospechoso de la Comunidad de Madrid en su integridad con plenas atribuciones no halló en la Junta de Fiscales de Sala respaldo alguno.

La Junta de Fiscales de Sala es primordialmente un órgano consultivo de la fiscal general. En casos polémicos como el planteado por la Fiscalía Europea, su criterio tiene peso. En este asunto, en todo caso, no ha habido posiciones encontradas. El consenso era claro. La intervención de Luzón fue detallada y generó consenso. Luego, el propio fiscal jefe de Anticorrupción manifestó que la Fiscalía que dirige va a seguir “con la investigación que tiene abierta sobre los delitos que son de su exclusiva competencia sin perjuicio de las facultades de la Fiscalía europea para continuar con la investigación de los delitos que específicamente afectan a los intereses financieros y patrimoniales de la Unión Europea”.