La paz social se resiente a la vez que la mayoría parlamentaria

Una buena parte del análisis del Gobierno para sostener que la legislatura terminará cuando corresponde, al final de 2023, se basa en la disposición y ganas de quienes pueden propiciar que así sea. Pero la complejidad en aumento de la situación política y económica pone en evidencia que el querer no siempre se traduce en poder. Los partidos que apoyan al Gobierno son presas de condicionantes crecientes y la paz social anclada por el entendimiento entre sindicatos y patronal, y de ambos con el Gobierno, no está ya garantizada. Los intereses de cada actor político empiezan a cambiar por sus propias agendas y los alejan del Ejecutivo.

El episodio del pasado jueves, cuando el Gobierno pudo sacar adelante el decreto de medidas anticrisis pese al no de ERC, alivió a la bancada socialista. Nada menos que 176 votos a favor, mayoría absoluta. Eso es lo que cuenta. A por la siguiente. El respiro socialista y de Unidas Podemos no esconde las dificultades que asoman, según valoraciones y previsiones recogidas por EL PAÍS entre fuerzas políticas, sindicatos y patronal. En los foros económicos, de organismos oficiales, las expectativas están lejos de las que sostienen en los ministerios.

El Primero de Mayo ha venido precedido por el parón en la discusión entre sindicatos y patronal sobre la negociación colectiva, que el Gobierno sigue muy de cerca. En medio de la crisis económica, con una fuerte inflación, la consiguiente pérdida de poder adquisitivo, el débil crecimiento y la caída de empleo en el primer trimestre, los sindicatos se sienten obligados a ponerse al frente de la manifestación. Si no hay negociación colectiva, si se mantiene la negativa a subir los salarios, habrá “movilizaciones”. Este fue el aviso de los líderes sindicales de CC.OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, en las calles de Madrid. No solo; el sindicato de los funcionarios, el CSIF, ha realizado el mismo aviso.

El acuerdo de negociación colectiva es la prioridad sindical. Se trata de fijar el porcentaje de subidas salariales para los próximos años, de forma que el deterioro económico que se vislumbra no deje a los trabajadores del todo desguarnecidos. Los sindicatos señalan que los precios suben, producto del encarecimiento de las materias primas, pero no los salarios. La pelea es puramente sindical y de la patronal, pero el Gobierno se siente plenamente concernido y preocupado, con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a la cabeza, por su historial de hacedora de acuerdos. Sobre su cabeza, sin embargo, y más sobre la de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, solo asoman nubarrones.

Los logros de estos años, como la reforma laboral, la subida del salario mínimo, la plasmación de los ERTE, entre otros fueron la carta de presentación que este domingo exhibieron los ministros que acudieron a la manifestación del Primero de Mayo de Madrid. En eso insistieron desde Díaz hasta la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, o la titular de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Pero estos logros pasados no son ya suficientes para los sindicatos ahora que las dificultades van a aumentar. Unidas Podemos no puede hacer oídos sordos a las reclamaciones sindicales y a las demandas de los más desfavorecidos. Ese es el público al que quiere representar, por lo que su grado de exigencia dentro de la coalición de Gobierno, irá en aumento. con Díaz, entre dos aguas. Y al mismo tiempo el Ejecutivo debe buscar margen y capacidad para seguir con las ayudas, subvenciones e incentivos y, por supuesto, sin subir los impuestos, sino bajándolos como ha hecho con la gasolina y el IVA de la electricidad.

A sus propias dificultades, el Ejecutivo no querría añadir la explosión de una conflictividad laboral de ciertas magnitudes. Las subida de las pensiones y de los salarios de los empleados públicos le atañe directamente. Las previsiones económicas más ortodoxas llaman a la contención del gasto público, pero el Ejecutivo constata la inquietud de parte de la sociedad y no está preparado para anunciar restricciones sino que mantiene el discurso de que nadie quedará atrás.

Puede haber base para llamar a la movilización, pero los sindicatos reconocen que no hay razones para invocar ni evocar la huelga general. Los éxitos que se apunta el Gobierno lo son también de los agentes sociales. Las prestaciones a los autónomos, la ley de los riders o los préstamos ICO constituyen otras de las medidas pactadas por sindicatos, patronal y gobierno que una mayoría parlamentaria ha hecho suyas.

Con el peligro de esa agitación social al acecho, el Gobierno se ha encontrado además ante el escándalo del supuesto espionaje a una sesentena de independentistas que le ha colocado en una situación muy comprometida ante sus principales aliados. Hasta dónde llegará la manifestación de enfado de estos últimos es por ahora una incógnita. El Gobierno hace requiebros a ERC para que vuelva al diálogo y encripte el problema del espionaje. A los republicanos no les resulta fácil, en general, entenderse con Madrid al tener a Junts, socios de Gobierno en Cataluña y adversarios máximos en las urnas, siempre prestos a denunciarlos por colaboracionistas. Tampoco las bases de ERC quieren pasar por alto este grave episodio de espionaje.

Sin confianza en el PP

Bildu lo denuncia con igual fuerza, al haber sido uno de sus diputados, Jon Iñarritu, directamente afectado, pero de momento separará su exigencia de responsabilidades de la aprobación de leyes que beneficien a la mayoría de la sociedad. El PNV siempre se ha mantenido en esa línea. Con el PP no cuentan en el Gobierno, que tiene escasa confianza en la línea de su nuevo líder, Alberto Núñez Feijóo. Tras muchas dudas, Feijóo impuso el voto en contras de las medidas anticrisis, aunque ahora el PP volverá a sentarse a hablar con el Gobierno sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, caducado desde hace más de un trienio. Hablar, sí; acordar, ya se verá.

La evolución de los acontecimientos y las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania están siendo muy analizada por el Gobierno, los organismos internacionales, y centros de estudios de entidades financieras. Los augurios son peores de lo que los gobiernos reconocen a sus sociedades aunque el canciller alemán, Olaf Sholtz, sí ha avisado a los alemanes de que deben estar preparados para posibles restricciones.

Ese debate no está en España, donde el difícil panorama no ha hecho más que ensanchar el campo de la discrepancia. Los intereses cruzados de cada partido, de la patronal y de los sindicatos obligarán al Gobierno a redoblar los esfuerzos por convencerlos de la necesidad de entendimiento, aunque sea a costa de ceder en algunas de sus posiciones. Unidas Podemos está obligado a ir dos pasos más lejos que el PSOE en sus demandas sociales. El aviso del auge de la extrema derecha será aventado por el Gobierno, un temor compartido por sus socios, al igual que los sindicatos, a quienes el populismo perjudica en su tarea de representación. Aun así, ninguno de estos actores puede garantizar al Gobierno que permanecerá fieles a su lado.