La Fiscalía pide archivar la querella de Vox contra el Gobierno por el gasto sanitario al inicio de la pandemia

La Fiscalía ha solicitado el archivo provisional de la querella presentada por Vox contra tres altos cargos del Gobierno, a quienes acusaba de haber cometido una serie de irregularidades para la adquisición de material sanitario al inicio de la pandemia. El criterio de la Fiscalía es coincidente con el del informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión que hizo Sanidad ante el estallido de la crisis sanitaria en materia de compras de material para hacer frente a la extensión de la covid-19, en especial mascarillas y guantes. El Tribunal de Cuentas analizó la existencia de “incidencias” en esas contrataciones, debido a la situación de emergencia, pero sin dar relevancia penal a ninguna de las detectadas, como retrasos en las entregas o falta de publicidad para llevar a cabo los contratos. En su informe, la Fiscalía considera que Vox no ha concretado de forma “suficiente” los indicios “mínimos” para llevar a cabo una investigación. Los fiscales estiman que la querella tiene una escasa fundamentación, en la medida en que se sustenta en “meras conjeturas y sospechas”, sin que pueda apreciarse la concurrencia de los elementos que integran los supuestos delitos denunciados.

La querella iba dirigida contra tres personas: el director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, la directora general de Racionalización y Centralización de la Contratación y la directora general de Cartera Común del servicio de Sistema Nacional de Salud y Farmacia. La formación política ultra sostenía que entre el 13 de marzo y el 30 de abril de 2020 se suscribieron 56 contratos por parte del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) sin ningún tipo de publicidad y al margen de cualquier procedimiento administrativo. Además, aludía a que una docena de adjudicaciones se hicieron a empresas de “dudosa” existencia puesto que solo se conocía una denominación social.

Todos estos aspectos ya fueron analizados por el Tribunal de Cuentas, que atribuyó los procedimientos de emergencia empleados por el Ingesa a la necesidad de actuar con urgencia para obtener el material sanitario. Ahora bien, el propio informe subrayaba que se dieron circunstancias muy llamativas, como que el precio de las mascarillas se multiplicara por diez en una semana al inicio de la crisis sanitaria.

La Fiscalía, a su vez, explica que los indicios aportados por los querellantes sobre la posible irregularidad en la contratación administrativa se apoyan a conjeturas relativas a las dudas que les genera el procedimiento utilizado y las entidades adjudicatarias, “pero sin concretar qué tipos de incumplimientos en materia de contratación administrativa incurrió la entidad pública en dichas contrataciones”. Esa falta de concreción, a su juicio, no justifica la petición de investigar unos hechos “por razón de su importancia y notoriedad”. Para los fiscales, una investigación de este tipo tendría “carácter prospectivo”, sin indicios sólidos de la existencia de delitos.

El informe se centra en la adecuación a la normativa vigente de los contratos celebrados por la entidad pública Ingesa entre los meses de marzo y abril del año 2020. En primer lugar, expone que existió un hecho “notorio” e “incuestionable” como fue la pandemia “y que hubo que adaptar la forma de contratar a dicho acontecimiento”. Por ello, se remite al informe del Tribunal de Cuentas realizado con todos contratos celebrados por Ingesa entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, incluidos los que son objeto de la querella, y concluye que dicho informe “no puede llevar a otra conclusión que la de que los contratos fiscalizados fueron practicados con pleno cumplimiento de la normativa administrativa”.

La mera confrontación de los indicios relatados en la querella con el informe “conciso” y “detallado” elaborado por el Tribunal de Cuentas sobre los contratos celebrados es lo que lleva a la Fiscalía a solicitar el sobreseimiento de la causa. Además, precisa que en lo que se refiere a los contratos recogidos en la querella, la prueba documental aportada por la Abogacía del Estado, “apreciando la existencia de fiscalización suficiente relativa tanto a la forma de contratación como a la exigencia de cumplimiento de las obligaciones contraídas por el adjudicatario, conllevan a instar también el sobreseimiento y archivo de la investigación penal”.