El nuevo fiscal general del Estado promete paridad de géneros en los futuros nombramientos

El futuro fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, era consciente de que la oposición lo atacaría por lo que considera su pecado original, haber ejercido de principal colaborador de su antecesora, Dolores Delgado, quien llegó al cargo tras haber sido ministra de Justicia y diputada del PSOE. Y a pesar de todo, las primeras palabras de García Ortiz en su examen de este jueves ante la Comisión de Justicia del Congreso fueron un reconocimiento al trabajo de Delgado. A diferencia de esta, el nuevo fiscal no tiene un pasado político. Ambos estrecharon relaciones personales por su pertenencia a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que el ahora elegido por el Gobierno fue presidente y portavoz. García Ortiz anunció que se ha dado de baja en la asociación porque pretende “ser el fiscal de todos, cualquiera que sea su adscripción”, no sin antes destacar que, representando a UPF, fue el más votado de España en unas elecciones al Consejo Fiscal.

En su presentación inicial, García Ortiz ignoró las acusaciones de que ha sido objeto en los últimos días, a la espera de que, como luego sucedió, estas fuesen lanzadas por la oposición en su réplica. Hasta entonces, el fiscal explicó cuáles serán sus prioridades e hizo algunos anuncios. Entre ellos, que a partir de ahora los nombramientos que haga respetarán la paridad entre sexos.

García Ortiz defendió además la necesidad de revisar el papel de la Audiencia Nacional para reforzar su función de juzgado “especializado” en delitos como los financieros, el crimen organizado, la corrupción, el “tráfico de personas” o el narcotráfico. Con respecto a esto último, propugnó que sea la Audiencia la que centralice las competencias. También abogó por impulsar una ley contra la trata de seres humanos, una de las cuestiones que incluyó entre las prioridades de su agenda.

Entre los asuntos en los que García Ortiz anunció que pondrá su foco citó también la violencia de género, la protección de los derechos de los menores inmigrantes por su situación de “terrible vulnerabilidad” o la lucha contra la corrupción, que “socava los principios básicos de los sistemas democráticos”. También puso mucho énfasis en las actuaciones para frenar el cambio climático. En este punto aludió a su trayectoria como fiscal de medio ambiente de Galicia, labor en la que se hizo conocido por su actuación en el juicio del Prestige o sus investigaciones sobre los incendios forestales. Para resaltar su vocación ambientalista, subrayó: “Es un compromiso vital al que he dedicado mi vida profesional”.

La oposición pasó de puntillas sobre estos asuntos, pese a que algunos —como los menores inmigrantes o el cambio climático— eran susceptibles de abrir debate con formaciones como Vox. Sus intervenciones se centraron en denunciar la supuesta falta de imparcialidad de García Ortiz y a plantearle un sinfín de preguntas. El popular Luis Santamaría lo conminó a contestar si “ya ha recibido instrucciones para indultar” a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a quienes el Tribunal Supremo acaba de ratificar sus condenas por el caso de los ERE. También le interpeló sobre si va a ascender a Delgado cuando esta regrese a la carrera judicial. Javier Ortega Smith, de Vox, le preguntó qué va a hacer contra “los grupos de extrema izquierda que promueven actos violentos en las calles de España” o para proteger a “los niños que son señalados por hablar español en los patios de los colegios”.