Destierros forzosos tras un crimen

No se había cumplido ni un mes desde los altercados del pasado mes de julio en Peal de Becerro (Jaén) por el asesinato de Álvaro cuando, el pasado martes, una turba de ciudadanos de Íllora (Granada) siguió los mismos pasos de los habitantes de la localidad jiennense. Enfurecidos, arremetieron contra las distintas casas en las que residía la familia del presunto culpable de la muerte de Juan Trujillos, de 19 años, durante una pelea en las fiestas del pueblo. A pesar de que el supuesto autor, de etnia gitana, se entregó a la policía, sus padres, hermanos, abuelos, tíos y primos —15 de ellos menores— se vieron obligados a huir el pueblo y abandonar sus hogares sin apenas tiempo para recoger sus pertenencias. Pero no son casos aislados. Sara Giménez, presidenta del Secretariado Gitano, señala un patrón en las agresiones a esta comunidad —que suma alrededor de 800.000 personas en España—, y reclama un protocolo único del Ministerio del Interior para frenarlas: “No son hechos puntuales, de modo que se necesita un plan de prevención específico. Cuando el presunto autor de un delito es una persona gitana, sabemos que se producen repulsas de este tipo”.

Los dos altercados racistas de este verano han obligado a gran parte de la población gitana a abandonar el municipio. Muchas de ellas no tenían relación siquiera con la familia del presunto autor de los hechos. En Peal de Becerro, siete familias han abandonado sus casas por miedo a las represalias de sus vecinos. Aun así, las amenazas continúan: “Reciben audios de WhatsApp en los que se les dice que van a ir a por ellos”, cuenta Mari Carmen Cortés, coordinadora del servicio de asistencia a víctimas de discriminación racial o étnica del Secretariado Gitano. La experta ha trabajado estas semanas con las personas desterradas y explica que se encuentran desamparadas: “Las personas que han tenido que salir de sus casas no tienen alternativa habitacional. Se están buscando la vida, hay quienes han ido a la playa a dormir. Esperamos que en los próximos días los servicios sociales de Íllora se pongan en contacto con ellos”, comenta con esperanza Cortés.

La experta señala que ha habido más casos de asaltos violentos contra poblaciones gitanas. “En Jaén, además de Peal de Becerro, ha habido agresiones en Torredonjimeno, en Martos o en Castellar. En Cortegana (Sevilla) o en El Pozo (Madrid). Es un comportamiento que hemos identificado porque venimos analizándolos”, señala la coordinadora, que apunta a un problema social y político en la animadversión hacia las personas de esta etnia. “Cuando una persona gitana comete un hecho delictivo, inmediatamente se culpa a la familia del presunto agresor y a todas las personas gitanas del lugar”, argumenta. Patricia Caro, psicóloga especializada en discriminación hacia la población gitana, apunta la inacción de las instituciones y el papel de los representantes políticos en Peal de Becerro como semilla de los disturbios en Íllora: “Si cometes un acto violento y no existe ninguna medida que lo prevenga ni lo castigue, se promociona que vuelva a suceder. Se traslada el mensaje de que quemándole la casa a los gitanos consigues que se vayan y, encima, no pasa nada”.

Este viernes, la Sociedad Gitana Española y la Asociación Hermandad Andaluza se han reunido con técnicos del Defensor del Pueblo para solicitar una investigación de las actuaciones en los hechos sucedidos en las dos localidades andaluzas antes de que estas conductas “se extiendan como la pólvora”, ha asegurado Sinaí Giménez, presidente de la primera de las agrupaciones: “¿Por qué la diputación y la comunidad autónoma no han hecho nada y dejan a las familias tiradas debajo de un puente?”. Además, estas organizaciones han presentado una denuncia contra el alcalde de Íllora por incitación al odio con sus declaraciones tras el asesinato de Juan Trujillos. “Vamos a intentar el destierro, lo tenemos clarísimo”, afirmó el regidor, Antonio Salazar, del Partido Socialista, en la televisión regional. En la misma línea, el portavoz del Partido Popular en el ayuntamiento, José Manuel Muñoz, aseveró: “A esta gente hay que ponerlos fuera del pueblo, no pueden seguir ni un día más”.

La coordinadora del servicio de asistencia a víctimas de discriminación racial o étnica del Secretariado Gitano deposita parte de la responsabilidad de lo sucedido en las declaraciones “inoportunas” y “desafortunadas” del alcalde (de Íllora): “En vez de calmar, lo que hizo fue alentar esas agresiones y actos violentos”. La psicóloga también hace hincapié en la importancia que tienen los mensajes de los responsables políticos: “En psicología, lo colectivo es política. Los líderes deben reconducir la situación y no deben alimentar nunca los deseos de una población de tomarse la justicia por su mano”. El alcalde de Íllora afirma por teléfono que se ha reunido con las familias que han tenido que salir de pueblo. Salazar asegura que se ha visto con ellas “para garantizarles su seguridad en caso de que decidan recoger enseres de sus hogares o volver a los mismos”.

La escolarización de los menores es uno de los problemas a los que se enfrentan estas familias. No tener lugar de residencia ni empadronamiento complica las posibilidades de inscribirse en un centro para continuar con su formación. Las dificultades económicas para empezar de cero empujan a las familias desterradas a la fuerza a querer volver a sus hogares, pero no sin esperar a que la situación se calme. “Hace poco me dijeron: ‘créeme, si pudiera me iría, pero no puedo”, concluye la coordinadora de asistencia a las víctimas del Secretariado Gitano.