El curso político empieza como terminó, con el Gobierno confiado en sacar adelante otra votación clave, en esta ocasión el real decreto ley de medidas de ahorro energético por la guerra de Ucrania, sin que la coalición de PSOE y Unidas Podemos tenga los apoyos garantizados —necesita una mayoría simple— a menos de 48 horas de que se vote. El PP está instalado en el no, mientras partidos como ERC y PNV, dos de los principales aliados del Gobierno, apuran los tiempos a la espera de fijar cuál será su posición. En esta tesitura, los negociadores del Ejecutivo han multiplicado los contactos con la mayoría de formaciones representadas en el Parlamento —anoche no descartaban hacerlo con el PP— con el fin de salvar el decreto obteniendo el respaldo más holgado posible. La manera de conseguirlo sería abriéndose a la tramitación del decreto como proyecto de ley, una vez se apruebe este jueves en el Congreso el texto tal y como está redactado.

El Gobierno se muestra, por tanto, dispuesto a estudiar enmiendas de otros partidos y a incorporarlas una vez convalidado el decreto. No sería la primera vez: la coalición ya accedió a finales de abril a tramitar como ley el decreto anticrisis a menos de 12 horas de una votación que no tenía asegurada y terminó siendo de infarto. El PP puso esta condición para considerar su voto, que terminó siendo negativo. El Gobierno salvó por la mínima el decreto de medidas anticrisis con 176 votos a favor, 172 en contra y una abstención. El apoyo de EH Bildu fue decisivo para que el Congreso aprobase medidas como las subvenciones al litro de gasolina o el aumento del ingreso mínimo vital. En cambio, el Gobierno no accedió a la tramitación de la reforma laboral. ERC y el PNV votaron en su contra, molestos por no haber incorporado medidas al acuerdo previo del Ejecutivo con patronal y sindicatos. El Gobierno salvó el decreto en febrero gracias al error de un diputado del PP.

Seis meses después, en La Moncloa parten de la siguiente premisa: la relevancia del paraguas multimillonario que el decreto energético contiene, y que incluye desde becas a estudiantes, subvenciones a los usuarios del transporte público y ayudas a sectores tan agraviados por el alza de precios como el de los camioneros, hace muy difícil oponerse a su convalidación en el pleno extraordinario del Congreso. El vértigo porque decaiga, en un contexto marcado por la incertidumbre y una inflación del 10,8%, trascendería al Gobierno y le pasaría factura a los partidos responsables de que el decreto no prosperase, reflexionan en el Ejecutivo. Las fuentes gubernamentales consultadas reconocen que el revés que recibirían sería muy severo. Pero el Gobierno se cobraría su vendetta particular recordando los meses siguientes quiénes votaron en contra de las ayudas. Toda una advertencia implícita al PP a menos de nueve meses de las elecciones autonómicas y municipales. El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, criticó precisamente este martes que el Ejecutivo haya agrupado en el mismo decreto medidas sobre energía como los límites fijados al aire acondicionado en verano y a la calefacción en invierno, que el PP no comparte, con otras como ayudas al transporte o la concesión de becas. “Hacemos un llamamiento a todos los grupos políticos, ninguno puede decir no a las ayudas a los sectores más afectados [por la crisis] o a las becas. Es tan de sentido común que no se entiende la negativa de ningún grupo político”, recalcó la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, tras el Consejo de Ministros de este martes.

La imposibilidad de votar en contra de una parte del decreto reduce las opciones de los partidos que reclaman al Gobierno un mayor diálogo. Y provoca situaciones paradójicas, como que la dirección del PP dé “libertad absoluta” a sus presidentes autonómicos para recurrir el decreto energético al Tribunal Constitucional “si consideran que se invaden sus competencias”, según señaló Bravo. Una opción que contempla la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que la semana anunció que ampliará hasta el 50% la rebaja en el precio de los abonos de transporte impulsada por el Gobierno para el periodo que va del 1 de septiembre al 31 de diciembre. Si el decreto no se aprueba, estas medidas no entrarán en vigor. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, destacó este martes que más de 300.000 personas ya se habían registrado en la página web de Renfe para adquirir los abonos gratuitos y darles uso a partir del próximo jueves. “Con estas medidas ayudamos a familias y jóvenes a que esta situación sea más asumible, y se contribuye a contener la espiral inflacionista en que nos encontramos”, resaltó.

Los apoyos

Entretanto, el cronómetro no se detiene mientras el Gobierno incrementa la presión sobre el resto de partidos. El Ejecutivo necesita más síes que noes para que las restricciones, que entraron en vigor el 10 de agosto, sigan siendo efectivas después del pleno de este jueves. La coalición parte con los 153 votos a favor que suman los diputados del PSOE (120) y Unidas Podemos (33). El socio minoritario del Gobierno tenía 35 escaños, pero el asiento de Alberto Rodríguez continúa sin reemplazo y la diputada Meri Pita se marchó al Grupo Mixto. En cualquier caso, Pita suele seguir el sentido del voto de su antiguo grupo.

El Gobierno tiene garantizado el respaldo del escaño de Compromís. José María Mazón, único diputado del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), también comunicó este martes al Gobierno que votará a favor: “Saben que tenemos matices y esperamos que ofrezcan flexibilidad”. Más País, con dos escaños, admite conversaciones con el Gobierno y, aunque el voto no es definitivo aún, se muestra favorable al sí.

El suspense era la tónica entre el resto de socios parlamentarios habituales del Gobierno. ERC, con 13 diputados, guarda silencio, mientras en el Gobierno destacan que la relación se ha reconducido tras la crisis por las escuchas de Pegasus. La prueba sería que Esquerra facilitó en julio el segundo paquete de medidas anticrisis. La reunión de la mesa de diálogo a finales de ese mes es otro elemento que hace ser optimista al Gobierno sobre el respaldo de los republicanos en el Congreso. Pero el sí del resto de los socios parlamentarios se le sigue resistiendo al Gobierno. La previsión es que el PNV no desvele su voto hasta última hora. Desde que el Consejo de Ministros aprobó el decreto el 1 de agosto, los nacionalistas vascos han criticado la “falta de consenso y negociación” para redactar el contenido del decreto. Bildu, con cinco parlamentarios, parece que se inclinaría por el sí y se muestra receptivos a la presentación de enmiendas.

Los 86 diputados populares apretarán, salvo sorpresa, el botón del no. En el Gobierno hay quienes ven posible que el PP se termine absteniendo, como ya hizo en el último decreto anticrisis antes del parón del verano. Pero esa posibilidad solo ganaría enteros, según estiman estas fuentes, en el caso de que el partido principal de la oposición esté seguro de la aprobación del decreto. En el supuesto de que peligrase, su conclusión es que votarían en contra, pese a los reproches que recibiría desde PSOE y Unidas Podemos los meses siguientes. El voto en contra de Vox (52 escaños) es seguro, lo mismo que el del diputado de Foro Asturias y los dos de Coalición Canaria.

Otros partidos que no han determinado cómo orientarán su voto son PDeCAT, con cuatro escaños, los mismos que Junts. Su portavoz, Miriam Nogueras, se refirió la semana pasada al decreto como “una macedonia de propuestas”. La CUP (dos) tampoco ha definido su posición, como Teruel Existe (uno).