Los negociadores del Poder Judicial volverán a reunirse el miércoles con nombres para el Constitucional

Los interlocutores designados por los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para negociar los nombramientos de los dos magistrados del Tribunal Constitucional han mantenido un primer encuentro por videoconferencia este viernes del que ha salido un acuerdo de mínimos sobre cómo va a desarrollarse la negociación. Los cinco vocales que participan en estas conversaciones (dos conservadores y tres progresistas) han quedado en encontrarse de nuevo el miércoles 21, pero esta vez de forma presencial. En esa reunión habrá ya nombres de candidatos sobre la mesa, aunque, por ahora, solo los aportados por el sector progresista, ya que en la reunión de este viernes se ha acordado que la elección se hará, como es habitual, sobre magistrados del Tribunal Supremo y los conservadores aseguran que ningún miembro del alto tribunal afín a sus preferencias se ha dirigido a ellos para ofrecerse como candidato. En la lista que presentarán los progresistas, según fuentes de este sector, sí figura al menos un magistrado de tendencia conservadora que se ha postulado para el tribunal de garantías.

La primera reunión entre conservadores y progresistas para negociar la designación de los dos magistrados del Constitucional que les corresponde elegir se ha celebrado tres días después de que, el martes, se cumpliera el plazo legal para hacer esas designaciones. Los conservadores ya advirtieron de que plantearían varias condiciones antes de empezar a negociar los nombres de los candidatos, y ninguno de los dos bloques llegaba con expectativas de que este viernes se pudiera cerrar un acuerdo para la designación. La previsión se ha cumplido y en el encuentro no se ha hablado todavía de posibles aspirantes, aunque sí se han pactado unas pautas básicas para buscarlos. Entre otras, que los nombramientos han de realizarse por una amplia mayoría y que la selección de los candidatos se lleve a cabo tras una “minuciosa evaluación” de sus currículos, como ha exigido el sector conservador. Ambas condiciones apuntan hacia una negociación larga, un temor expresado antes y después del encuentro de este viernes por los progresistas, cuyos intentos por agilizar las conversaciones se están topando con las trabas de los conservadores.

Los vocales propuestos por el PP, representados por Carmen Llombart y José Antonio Ballestero, han insistido en que al estudiar los nombramientos se tenga en cuenta “la repercusión” de los seleccionados “en los órganos judiciales de procedencia”. Los conservadores justifican esta petición en que el Supremo, el tribunal del que saldrán los candidatos, tiene actualmente 14 de sus 79 plazas vacantes como consecuencia de la reforma legal que vetó al Consejo que realizara nombramientos discrecionales mientras siguiera con el mandato caducado (lo está desde diciembre de 2018), por lo que los vocales propuestos por el PP alegan que el CGPJ no debe contribuir a empeorar esta situación. El dilema tiene difícil solución porque todas las salas del alto tribunal presentan puestos vacantes, salvo la Sala Segunda (Penal), de la que no ha trascendido por ahora el nombre de ningún aspirante al Constitucional. No obstante, la sala más afectada por la imposibilidad de cubrir las bajas es la Tercera (Contencioso-Administrativo), a la que pertenecen cuatro de los cinco candidatos de partida de los progresistas: Pablo Lucas, José Manuel Bandrés, Ángeles Huet y Eduardo Espín. El quinto, Jacobo Barja de Quiroga, es el presidente de la Sala Quinta (Militar), también afectada por las vacantes, pero en menor medida.

Con esta advertencia, los conservadores pretenden presionar para que se exija al Gobierno que devuelva al Consejo las competencias para hacer todos los nombramientos discrecionales o, al menos, los del alto tribunal. Los conservadores no han rechazado en el encuentro de este viernes votar a cualquier magistrado que proceda de la Sala Tercera, pero el condicionante de estudiar la repercusión del nombramiento puede atascar la negociación porque el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, advirtió en su discurso de apertura del año judicial que tanto en la Sala Tercera como en la Cuarta (de lo Social) habrá problemas en las próximas semanas para constituir las secciones de enjuiciamiento.

Los vocales conservadores aseguran, además, que no están en condiciones de hablar todavía de nombres porque ningún magistrado del Supremo se les ha ofrecido para que lo presenten como candidato al Constitucional. Ante este argumento, los progresistas (representados por Álvaro Cuesta, Roser Bach y Rafael Mozo) han acordado durante el encuentro remitir a todos los vocales del Consejo una lista con nueve nombres en orden alfabético de magistrados que han comunicado a este grupo o al presidente Lesmes su disposición a dar el salto al tribunal de garantías. Además de los cinco conocidos hasta ahora, en esa lista figuran Isabel Perelló (Sala Tercera), María Luisa Segoviano (presidenta de la Sala Cuarta), Rosa María Virolés (Cuarta) y Rafael Fernández Valverde (magistrado jubilado de la sala Tercera). Este último era hasta marzo ―cuando se jubiló de forma forzosa al cumplir 72 años― magistrado del Supremo y miembro del CGPJ, al que accedió a propuesta del PP y en el que fue parte activa del sector conservador. Se ha postulado para ir al tribunal de garantías, donde no existe edad tope, pero su nombre no ha sido propuesto por ahora por sus antiguos compañeros de bloque.

Los dos sectores se han comprometido a que las negociaciones se lleven a cabo con “lealtad” y a que los nombramientos se realicen con una “amplia mayoría”, según fuentes de ambas corrientes. La designación de los magistrados del Constitucional necesita 12 de los 19 votos del pleno (un quórum que se puede reducir a 11 si entre los candidatos está el magistrado Pablo Lucas, cuyo hermano Enrique forma parte del bloque progresista del Consejo y deberá abstenerse en la votación). Los progresistas suman 8 (7 sin Lucas); y los conservadores, 11. La intención, según lo pactado este viernes, es lograr candidatos de consenso (uno progresista y otro conservador) que sumen más de los 12 votos necesarios, un planteamiento que el actual Consejo mantuvo también cuando podía hacer nombramientos discrecionales y que casi siempre se cumplió. No obstante, en este caso, fuentes de ambas corrientes vaticinan que lograr ese consenso va a ser más difícil y nadie descarta que, si se entra en un callejón sin salida, se acabe cerrando una candidatura por la mínima: bien con el bloque conservador al completo y algún vocal progresista o con el bloque progresista y el ala más moderada de los conservadores, entre ellos el presidente Lesmes.