El segundo juicio de Púnica marca el camino de 34 altos cargos del PP ya procesados por la trama

La Operación Púnica, la red corrupta en torno al exconsejero madrileño Francisco Granados, todavía reserva importantes quebraderos de cabeza al PP. Pese a que el partido salvó el mayor contratiempo con la desimputación en octubre de los expresidentes autonómicos Esperanza Aguirre e Ignacio González, la causa sigue adelante. Y, a partir del próximo jueves, la Audiencia Nacional prevé celebrar el segundo juicio de las pesquisas, que sentará en el banquillo a dos antiguos dirigentes populares, además de a un exalcalde socialista. Ellos marcan así el camino a otros 32 ex altos cargos del PP que ya se encuentran procesados por las diferentes líneas de investigación del caso, una macrotrama de mordidas y desvío de dinero que anidó principalmente en administraciones en manos de la formación conservadora, que contaba también con una caja b.

Irregularidades en León. El primer juicio del caso Púnica se celebró hace ya cinco años, pero no versó sobre la trama en sí. Entonces, el tribunal condenó a dos años de cárcel a Francisco Granados por el chivatazo que recibió de un guardia civil, quien avisó de la existencia de la investigación a quien fuera secretario general del PP madrileño y hombre de confianza de Aguirre, presidenta de la Comunidad entre 2003 y 2012.

Ahora, más de un lustro después de esa vista oral, la Audiencia Nacional comenzará a profundizar realmente en la red corrupta, y empezará por las presuntas irregularidades detectadas en León. El tribunal enjuiciará a partir del próximo jueves a Marcos Martínez Barazón, ex presidente de la Diputación por el PP y actual alcalde independiente del municipio de Cuadros; y a Pedro Vicente Sánchez, quien fuera regidor de la localidad de Puebla de Lillo bajo las siglas de los populares. También se sientan en el banquillo otros cuatro presuntos integrantes de la trama: el exinterventor de la Diputación; el empresario informático Alejandro de Pedro y su socio José Antonio Alonso Conesa, exalcalde socialista de Cartagena; y una empleada de De Pedro.

En esta parte del sumario —bautizada como Pieza Separada 2—, los investigadores concluyeron que se desviaron fondos públicos para pagar trabajos privados de reputación online en beneficio de políticos del PP, y que se intentó amañar la adjudicación de una estación de esquí de la provincia. Martínez Barazón, para quien la Fiscalía pide ocho años de cárcel, accedió al cargo de presidente de la Diputación tras el asesinato de su antecesora, Isabel Carrasco —tiroteada en mayo de 2014—. Según el juez instructor, Barazón entonces requirió los servicios de De Pedro, que ofrecía trabajos para mejorar la reputación online, con el objetivo de “consolidar” su nuevo puesto, ya que se encontraba muy “discutido” por otros cargos del partido. Esos servicios se pagaron presuntamente con dinero público.

Financiación irregular del PP. La celebración del juicio sobre las irregularidades en León, cuya duración está prevista hasta diciembre, abrirá el camino a que otra treintena de altos cargos del PP se sienten en el banquillo por Púnica. Una de las líneas de investigación que ya se ha dado por finalizada versa sobre la caja b de los populares madrileños, llamada Pieza 9. El magistrado Manuel García-Castellón dejó fuera de esta parte de la causa a Aguirre y a González, pero propuso juzgar por ella a seis personas vinculadas directamente con la formación conservadora: entre ellos, a Granados; a Beltrán Gutiérrez, ex gerente del partido en Madrid; al exconsejero Borja Sarasola; y a Isabel Gallego, antigua jefe de prensa de la expresidenta autonómica. Una lista que aún no se ha cerrado y que podría aumentar, pues se han presentado recursos para que se amplíe y se incluya, por ejemplo, al también exconsejero Salvador Victoria.

Alcaldes, concejales y un senador. Las otras tres partes del sumario que se han enviado ya a juicio son las Piezas 3, 6 y 7, que abordan respectivamente presuntas ilegalidades en la provincia de Murcia; irregularidades en la adjudicación de contratos en la Comunidad de Madrid a la compañía Waiter Music, encabezada por José Luis Huerta, amigo de Granados; y el amaño de contratos concedidos en esta misma autonomía a la empresa energética Cofely. En ellas, la presencia de altos cargos del PP es abrumadora: además de Granados, hay una decena de antiguos alcaldes populares; otros tantos exconcejales, directores generales, jefes de gabinete... y el exsenador David Erguido.

Otras seis líneas de investigación. Este largo listado todavía puede crecer más. Existen otras seis piezas del caso Púnica por las que el juez debe decidir aún si envía a alguien al banquillo.