La elección de Juan Carlos Campo para el Tribunal Constitucional, una vida entre el juzgado y la política

La designación de Juan Carlos Campo (Osuna, Sevilla, 61 años) como magistrado del Tribunal Constitucional levantará a buen seguro polvareda en un proceso ya de por sí controvertido, por lo que supone nombrar a los dos miembros que corresponde elegir al Gobierno sin que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya elegido a los suyos. Campo llega al tribunal de garantías desde la Audiencia Nacional, a la que se incorporó en septiembre de 2021 tras ser cesado como ministro de Justicia dos meses antes. Un viaje de ida y vuelta de la política a los tribunales que ha marcado la carrera de este juez que ahora desemboca en el tribunal de garantías por designación del Gobierno del que formó parte.

Campo accedió a la judicatura hace 35 años y ha ejercido en diversas plazas de la provincia de Cádiz hasta que, en 2019, consiguió la que ahora ocupa en la Sala Penal de la Audiencia Nacional. Pero su trayectoria jurídica ha estado más que salpicada por puestos políticos, siempre de la mano del PSOE, donde lo ha sido casi todo en el ámbito de la justicia. Director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía (1997-2001), secretario de Estado de Justicia (2009-2011), secretario general de Relaciones con el Parlamento de la Junta de Andalucía (2014-2015), diputado por Cádiz (2015 a 2020) y ministro de Justicia (2020-2021). En medio, entre 2001 y 2008, ocupó otro de esos puestos a mitad de camino entre lo jurídico y lo político: vocal del CGPJ.

Campo ya estuvo a punto de acceder al Constitucional en 2010, cuando fue designado candidato por Andalucía en el cupo correspondiente a los Parlamentos autónomos. Pero ese ir y venir entre lo político y lo jurídico le acabó pasando factura. La Mesa del Senado lo vetó porque no cumplía el requisito de atesorar 15 años de ejercicio profesional como juez, al decidir que no podían computarse los siete años que había pasado como vocal del Consejo. Junto a él, se quedó fuera por la misma razón Enrique López, actual consejero de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

Campo y López son una especie de álter ego uno del otro en el PSOE y el PP, respectivamente. Jueces de la misma generación (López es dos años menor que Campo) con intensa vocación política, fueron compañeros en el CGPJ y conservan una buena relación personal que ayudó a dar cierta fluidez a las relaciones entre los dos partidos durante el tiempo en el que el primero estuvo al frente de Justicia.

El salto que ahora da Campo ya lo dio López en 2013, cuando fue designado magistrado del tribunal de garantías por el Gobierno del PP, igual que ahora Campo lo dará por el del PSOE y Unidas Podemos. El cupo de cuatro magistrados en el que accedió López hace nueve años es precisamente el que ahora cesa para ser sustituido por los que nombre el Gobierno y los pendientes de elegir por el CGPJ, pero el actual consejero de Ayuso apenas estuvo un año en el cargo porque dimitió tras ser pillado conduciendo su moto sin casco y ebrio.

Las trayectorias paralelas entre López y Campo, o los precedentes de otros magistrados del tribunal de garantías como Andrés Ollero (diputado por el PP durante 16 años), no servirán para amortiguar, previsiblemente, las críticas que arrecien desde la oposición al Gobierno por la designación de nuevo magistrado del Constitucional. Una situación a la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya se enfrentó tras nombrar fiscal general del Estado a Dolores Delgado, antecesora de Campo en el Ministerio de Justicia. Hasta que dimitió en julio pasado por motivos de salud, el mandato de Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado estuvo siempre bajo la lupa de la oposición, que sembró de sospechas de parcialidad cada una de sus decisiones al frente del ministerio público.

Junto a Campo, el Ejecutivo va a proponer a Laura Díez Bueso (Barcelona, 52 años) catedrática de Derecho Penal y jurista con amplia trayectoria académica, pero que tampoco es ajena a la política. Desde mayo es vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, para el que fue elegida miembro a propuesta del Parlamento catalán. Antes, había sido asesora del Gobierno de la Generalitat para la reforma del Estatuto de Cataluña (2002-2004), adjunta al Síndic de Greuges de Cataluña (2004-2010), directora del Gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad (2018-2020), y directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (2020-2022).