Seis meses de conspiración para una victoria amarga

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva caducado cuatro años por el bloqueo del PP, ha vivido los últimos seis meses enredado en una conspiración contra el Gobierno de Pedro Sánchez a cuenta de la renovación del Tribunal Constitucional.

De los 18 vocales actuales del gobierno de los jueces, solo ocho (todos ellos designados en su día por el PP) decidieron desde el principio incumplir la reforma legal aprobada por el Gobierno y que daba de plazo al CCPJ hasta septiembre para acordar la designación de los dos magistrados que le corresponden en el Constitucional.

Esos ocho vocales conservadores impidieron durante casi seis meses cualquier acuerdo porque los nombramientos tenían que reunir el apoyo de tres quintos del pleno (12 votos). Su resistencia a entablar una negociación seria con el sector progresista causó incluso la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, Carlos Lesmes.

Ese movimiento dejó el pleno con 18 vocales. La salida de Lesmes, cansado del bloqueo e impotente para solucionarlo, reactivó las conversaciones entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Pero Alberto Núñez Feijóo decidió romper negociaciones en el último minuto tras comprobar que el Ejecutivo estaba dispuesto a reformar el delito de sedición para favorecer a los independentistas catalanes.

Mientras tanto, los ocho vocales conservadores seguían con sus excusas para bloquear el acuerdo sobre los dos magistrados del Constitucional que tenía que elegir el Consejo General del Poder Judicial. Primero no encontraban candidatos conservadores del Tribunal Supremo dispuestos a ser magistrados del Tribunal Constitucional. Después no les gustó el candidato elegido por el sector progresista, sin que ellos acabaran de encontrar uno. Pasó septiembre, y los ocho conservadores seguían bloqueando los nombramientos sin importarles demasiado el incumplimiento de los plazos legales.

Cambiaron de estrategia hace solo dos semanas, cuando supieron que el Gobierno se disponía a aprobar de urgencia otra reforma legal que desactivaba su poder de veto dentro del CGPJ mediante un sistema de elección que eliminaba el requisito de la mayoría de tres quintos e imponía que saldrían elegidos los dos magistrados más votados en el pleno.

Ese cambio legal habría permitido que los progresistas eligieran a su candidato y los conservadores al suyo. Además, la reforma impedía la capacidad de bloqueo por falta de quórum, porque se eliminaba ese requisito.

Fue entonces cuando los conservadores, que hasta entonces no encontraban a nadie del Supremo que quisiera ser magistrado del Constitucional, sacaron candidatos de urgencia y empezaron a pedir al presidente suplente del CGPJ convocatorias de plenos extraordinarios para celebrarlos antes de que la reforma legal del Ejecutivo se aprobase, el 22 de diciembre en el Senado.

Para garantizar el éxito de su estrategia se encontraron con un aliado circunstancial: el Tribunal Constitucional suspendió la pasada semana, por seis votos a cinco, la tramitación legislativa de la reforma que el Senado tenía previsto aprobar el 22 de diciembre.

Eso dio más tiempo a los conservadores para imponer el nombre de sus dos candidatos y poder rechazar al magistrado que proponían los progresistas. El argumento para esa estrategia era complejo. Los conservadores jugaban una doble partida y no la ocultaban. Por un lado, colocar a los dos magistrados de su gusto (aunque uno de ellos fuera de tendencia progresista), y por otro, evitar que los elegidos votaran en un futuro a Cándido Conde-Pumpido como nuevo presidente del Constitucional. Si ellos apoyaban al candidato progresista, este votaría a Cándido Conde-Pumpido, según contaban.

Además, algunos de los vocales conservadores repetían los argumentos del PP para justificar su resistencia: era inaceptable el “asalto” del Gobierno al Tribunal Constitucional, sostenían. Por asalto entendían que hubiera en ese órgano, por puro cumplimiento de la ley, una mayoría de magistrados progresistas que sustituyera a la mayoría conservadora que tenía el Constitucional desde hace nueve años.

Pero aunque los conservadores del Poder Judicial han logrado que prosperen, por primera vez en la historia de este organismo, los dos candidatos al Tribunal Constitucional propuestos por ellos, uno de ellos pertenece al sector progresista. Se trata de la magistrada del Supremo María Luisa Segoviano, que se jubiló hace solo unos meses y que fue la primera mujer que ocupó una presidencia de sala en ese órgano judicial.

El sector progresista no habría votado nunca a dos candidatos conservadores. El voto del martes respondió a lo que denominaron “respeto institucional” y al temor a que el voto de un vocal elegido a propuesta del PNV diera la victoria al sector conservador igualmente. Después de todo lo ocurrido, el sector progresista no podía permitir que esos nombramientos salieran con su voto en contra, porque eso habría dado a entender que querían bloquear la renovación, según contaba el martes uno de ellos.

Con estos nombramientos, el Constitucional estará integrado en solo unas semanas por siete magistrados de tendencia progresista y cuatro conservadores. El tribunal de garantías abre así una nueva etapa que puede durar hasta nueve años, cuando el Gobierno de 2031 tenga que nombrar a los dos sustitutos de los magistrados que llegan ahora. Eso, contando con que en las dos próximas renovaciones por tercios, que se tienen que votar en el Congreso y en el Senado, sigan los dos bloques de izquierdas y derechas con parecidos apoyos a los de ahora. Ello obligará a aprobar los nombramientos por una mayoría de tres quintos y, por tanto, a un reparto equitativo que no cambiará las mayorías en el Constitucional.

Si los conservadores pretendían evitar el “asalto” al Constitucional para que hubiera una mayoría progresista, su maniobra no ha funcionado. La del martes fue su victoria más amarga.