Puig pide que no se plantee un “enfrentamiento territorial” por el agua del Tajo y reclama diálogo, “no imposiciones”

El desencuentro a cuenta de la continuidad del trasvase Tajo-Segura crece entre los gobiernos valenciano y central. El proyecto de decreto del plan hidrológico del Tajo mantendrá el aumento paulatino de los caudales ecológicos del río sin posibilidad de revisarlos en 2025 como pactó el Ejecutivo valenciano y murciano con el Ministerio para la Transición Ecológica en noviembre. “Lo que se acordó tiene que mantenerse”, ha dicho el presidente valenciano Ximo Puig este miércoles en una entrevista en Onda Cero. “Y si no se mantiene porque el Gobierno español quiere cambiarlo, debería hacerse en el Consejo Nacional del Agua; pero no se tiene que plantear un enfrentamiento territorial”, ha sostenido el presidente autonómico, quien se ha mostrado dispuesto a “hablar y a mejorar el acuerdo pero desde el diálogo, no desde la imposición”. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha replicado que Puig defiende “el interés de su comunidad y el Ejecutivo, el del conjunto del país”.

El pacto con el Miteco se consiguió, según Puig, en el Consejo Nacional del Agua, con la incorporación de la disposición adicional novena al proyecto de decreto que revisará los planes hidrográficos de varias cuencas donde se incluye el Tajo. “Ahí se hablaba de que en 2025 se actualizara el estado del río y poder tomar decisiones respecto al caudal ecológico del Tajo, que nadie pone en duda, pero hay que hacerlo desde la racionalidad y haciendo posible la agricultura mediterránea, que crea empleo y es fundamental para nuestra soberanía alimentaria”, ha sostenido el presidente de la Generalitat Valenciana.

Puig ha asegurado que el uso del agua es un asunto complejo, que viene de lejos y donde se ha dado una confrontación territorial durante años. “Mi posición ha sido siempre huir del enfrentamiento porque no produce ningún beneficio”, ha defendido sobre un conflicto que salpica, a cuatro meses de las elecciones autonómicas, a Castilla-La Mancha, comunidad cedente, presidida por el socialista Emiliano García-Page, y a las autonomías receptoras: la Comunidad Valenciana, en manos del PSOE, y a Murcia y Andalucía, ambas gobernadas por el PP. El Gobierno murciano, que preside Fernando López Miras, ultima este miércoles sus alegaciones contra el recorte del trasvase.

La Generalitat pide al Gobierno que se mantenga lo pactado y si no es posible, “porque hay alguna cuestión que quiere cambiar”, debe buscarse un nuevo acuerdo en el propio Consejo Nacional del Agua, propone el Ejecutivo valenciano. “El Tajo tiene que estar en plenas facultades, aunque está sometido a mucha presión, y no se tiene que plantear un enfrentamiento territorial”, ha subrayado. Puig confía en que la depuración de aguas en Madrid contribuya a la revitalización del río e insiste en que el conjunto de recursos hídricos debe facilitar agua para siempre a la cuenca mediterránea y no solo el agua del Tajo, en alusión a la desalinización, la depuración y la regeneración de las aguas.

Sobre las versiones contrapuestas que ofrece el Miteco y el propio Gobierno valenciano acerca de la redacción debatida el pasado 29 de noviembre en el Consejo Nacional del Agua, Puig ha asegurado que la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, “sabe lo que pasó en el Consejo”. Según el presidente valenciano, el ministerio llevó una propuesta de proyecto de decreto y “en esa primera votación nos abstuvimos”. Fue en la segunda votación, una vez incluida la disposición adicional novena, cuando la Generalitat votó a favor. “Más que el camino, me importa la meta. Queremos agua para los regantes y como somos gente de orden, vamos a acudir al Consejo de Estado”, ha apostillado.

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, se ha referido a las declaraciones del presidente Puig. En declaraciones a los medios de comunicación en Ciudad Real, Rodríguez sostiene que lo que trata de hacer el Gobierno Central es poner al río Tajo un nivel de caudal ecológico que no tenía hasta ahora “para dar cumplimiento a la normativa europea y a las sentencias del Tribunal Supremo”, ha explicado. “El presidente de la Generalitat valenciana defiende el interés de su comunidad autónoma y el Gobierno, del conjunto de nuestro país”, ha respondido, informa Europa Press.

El proyecto de decreto se encuentra en el Consejo de Estado antes de que pase al Consejo de Ministros y Puig ha pedido audiencia a este organismo consultivo y anuncia alegaciones a los cambios introducidos en el texto legal. El órgano jurídico recaba la opinión de todos los organismos e instituciones que considera relevantes, en su trámite de observaciones.

El plan de cuenca del Tajo —con unas reservas hídricas del 40,1%, por debajo de la media de los últimos 10 años (46%)— contempla que el caudal ecológico a su paso por Aranjuez (Madrid) suba a de seis a siete metros cúbicos por segundo desde el 1 de enero de 2023, que pase a ser de ocho desde 2026 y que se eleve a 8,65 en 2027. “Esto haría inviable la agricultura de la zona que depende del trasvase”, pronosticaba a principios de diciembre Javier Berenguer, vicepresidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS); “si se cumplen nuestros temores habrá movilizaciones importantes y el PSOE se habrá montado una guerra del agua, también interna entre la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha”, apuntó entonces.