Feijóo mantiene el bloqueo del Poder Judicial aferrado a su propuesta de elección de vocales

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a poner sobre la mesa este lunes su propuesta de reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), presentada la pasada semana y con la que pretende que los propios jueces y magistrados elijan directamente a 12 de los 20 vocales de este órgano —actualmente, las Cortes designan a todos ellos—. El partido intenta sacudirse así las críticas por el bloqueo del CGPJ, cuya renovación se encuentra pendiente desde hace más de cuatro años con diferentes excusas de los populares. Mientras, la izquierda intensifica sus reproches. Y la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia alerta de que la actitud del PP amenaza con postergar cualquier posibilidad de renovación hasta al menos 2024, una vez constituidas las cámaras tras las elecciones previstas para finales de este año.

A lo largo de este lunes se han sucedido las arremetidas contra Feijóo, que se aferra a su propuesta tras romper de nuevo en octubre las negociaciones con los socialistas. Dos miembros del Ejecutivo se han pronunciado en el acto de toma de posesión de los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha pedido al líder del PP “un ejercicio de autoridad en la derecha” para proceder a la renovación. En esa misma línea, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, ha añadido: “La deslegitimación de la justicia se produce cuando un partido como el PP es rebelde y no respeta los mandatos constitucionales”.

No han sido las únicas críticas. El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, se expresó con mayor dureza y ha calificado el bloqueo del PP como un “golpe judicial” y un “secuestro” que se prolonga desde hace cuatro años. “Lo que hace Jair Bolsonaro con su turba de fanáticos es lo que hace Feijóo con los togados”, aseguró el representante del partido minoritario de la coalición de Gobierno, en referencia al asalto a las instituciones brasileñas perpetrado este domingo por los seguidores del expresidente sudamericano. IU también ha definido la actitud de los populares como una “estrategia ultra”, que responde a la visión “patrimonialista” que tienen de las instituciones, que les lleva a “torpedearlas” cuando no consiguen ganar los comicios.

Una carrera de mayoría conservadora

El PP presentó la pasada semana una reforma para “despolitizar” la justicia. Esta iniciativa, que ya llevó en el programa electoral de 2011 y que no aplicó pese a que ganó los comicios con mayoría absoluta, implica volver al sistema previsto en la ley de 1980, que establecía que los 12 vocales de extracción judicial —los otros ocho son juristas de reconocido prestigio— debían ser elegidos directamente por jueces y magistrados. La propuesta registrada ahora en el Congreso contempla que cada uno de estos pueda votar a seis de los candidatos que se presenten al CGPJ, y dejaría en manos de la carrera judicial, de mayoría conservadora, la designación de la mayoría de componentes del Consejo.

Los datos del CGPJ revelan la siguiente composición. De los 5.408 jueces y magistrados que ejercen en España, más del 47% se encuentran afiliados a una asociación de corte conservador o moderado (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente). Solo un 8% pertenecen a la progresista Juezas y Jueces para la Democracia. Por su parte, el 45% no se encuentra asociado.

Esta situación provocó, precisamente, que el Gobierno de Felipe González (PSOE) modificase la ley en 1985, ya que la candidatura de la Asociación Profesional de la Magistratura copó al 100% los 12 puestos de vocales de extracción judicial del primer Consejo. La reforma de los socialistas dejó entonces en manos del Congreso y el Senado el nombramiento de los 20 vocales, un sistema que fue avalado por el Tribunal Constitucional en 1986. Al respaldar ese cambio, el tribunal de garantías ya dejó claro que el CGPJ no es un “órgano de representación de la carrera”, como expone el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas Murillo en el libro Comentario mínimo de la Constitución, aunque también advirtió del riesgo de que la lucha partidista derivase en abusos —en los últimos lustros, PP y PSOE se han repartido los vocales por cuotas, en función de sus resultados electorales—.

Este reparto de cromos ha generado un intenso debate en el mundo jurídico en los últimos años, y todas las asociaciones judiciales están de acuerdo en estudiar la reforma del sistema. Eso sí, Juezas y Jueces para la Democracia insiste en que ahora urge proceder a la renovación del CGPJ, pues es un mandato constitucional que se lleva incumpliendo desde hace cuatro años. “No se puede tirar la toalla. No se puede dar por supuesto que no se va a renovar hasta, al menos, marzo de 2024, una vez se constituyan las Cortes tras las elecciones”, explica Ascensión Martín, portavoz de la asociación progresista.