El bloque de investidura orilla los artículos más polémicos de la ‘ley mordaza’ para avanzar en su reforma

La negociación parlamentaria para la reforma de la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza, ha llegado este martes a la orilla de su particular río Rubicón que les impide cerrar un acuerdo. Los seis partidos que llevan cerca de un año negociando en la sombra ―PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, EH Bildu y Junts― han mantenido un nuevo encuentro, esta vez de manera telemática, para cerrar los cambios en una quincena de artículos de la polémica ley que aprobó el PP con su mayoría absoluta en 2015, pero han evitado abordar los seis puntos que provocan mayores discrepancias, según coinciden en detallar fuentes parlamentarias conocedoras del desarrollo de la reunión. Son los últimos en los que no hay acuerdo y, por tanto, el escollo final para cerrar un acuerdo. Pese a estas diferencias, para PSOE, Unidas Podemos y PNV, los avances alcanzados hasta ahora son “suficientes” para sacar adelante la reforma. ERC, EH Bildu y Junts creen, sin embargo, que el acuerdo está “muy lejos”.

Este martes, el caso más significativo de ese intento de soslayar los puntos polémicos para avanzar en la negociación ha sido el artículo 37, que detalla qué infracciones son catalogadas como leves. Los representantes de los seis partidos han acordado cambios en cinco de los apartados del mismo, entre ellos el que pone fin a la obligación de comunicar con carácter previo cualquier manifestación. Sin embargo, han evitado abordar el punto cuarto, que fija las sanciones por faltas de respeto a los agentes, uno de los más utilizados por las Fuerzas de Seguridad para sancionar. Hasta ahora, los socialistas se muestran intransigentes en este punto y han rechazado las dos propuestas planteadas para reformarlo. Una, la de Unidas Podemos, que quiere limitar estas sanciones a los “insultos o injurias”, como ya recogía en las enmiendas que presentó en solitario cuando se inició el debate. La otra, la del PNV, propone castigar las “expresiones o conductas” que desacrediten el ejercicio de la función de los agentes.

Tampoco han abordado los apartados que recogen la utilización por parte de la Policía del material antidisturbios y, en concreto, de las pelotas de goma para hacer frente a las algaradas callejeras (artículo 23); el que avala los rechazos en frontera, conocidos como devoluciones en caliente, de migrantes en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla (disposición adicional décima); el que sanciona “la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes”, que fue masivamente utilizado por la policía para castigar los que se saltaron el confinamiento durante la pandemia (artículo 36.6); el que determina la responsabilidad subsidiaria de los convocantes de una manifestación por los incidentes que se puedan producir en el transcurso de la misma (artículo 30.3), y el que permite a las Fuerzas de Seguridad instalar controles en lugares públicos para identificar y cachear personas, y registrar vehículos (artículo 17.2). No obstante, las mismas fuentes detallan que en este último punto hay un principio de acuerdo que los seis partidos intentarán cerrar en los próximos días.

En el resto de artículos abordados este martes ―y que los seis partidos llevarán a la reunión de la ponencia parlamentaria que se celebrará el próximo jueves con la presencia ya de PP, Vox y Ciudadanos, que se oponen a la reforma―, destacan algunos que provocan recelos entre los sindicatos y asociaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que salieron a la calle en noviembre de 2021 para protestar por la reforma y que han mostrado recientemente su disposición a repetir las movilizaciones. Así, los seis partidos han pactado incluir la exigencia de que tanto las declaraciones de los agentes como los textos de sus actas y atestados “resulten coherentes, lógicos y razonables” para que conserven la presunción de veracidad que hasta ahora les daba la ley sin ningún condicionante. Los sindicatos policiales creen que estos requisitos pueden dejar sin cobertura legal muchas de sus actuaciones.

Otro punto acordado ha sido la reducción del importe de las multas para las infracciones leves y graves, y la modificación de la cuantía inferior de las muy graves. Así, las leves se situarían, si es aprobada la reforma, entre los 100 y los 500 euros (ahora llegan a los 600) y las graves, entre 501 y 25.000 euros (están entre los 600 y los 30.000 euros). Finalmente, las muy graves irían desde los 25.001 a los 600.000 (en la actualidad se mueven en la horquilla entre los 30.001 y los 600.000 euros).

También, se contempla la posibilidad de eludir en algunos casos el pago de las mismas mediante la reparación del daño causado, así como sustituirlas por “actividades de reeducación” en determinadas infracciones, entre ellas las que se impongan por consumir droga en la calle. Donde todavía hay algún fleco pendiente es en la redacción del nuevo artículo 53 bis de la ley, sobre el fraccionamiento o suspensión de las sanciones en función de la capacidad económica del infractor. El PSOE, que junto a Unidas Podemos había propuesto la modificación de este punto, ha pedido ahora esperar a un informe del Ministerio de Hacienda para cerrarlo, coinciden en señalar varias fuentes consultadas.

En la reunión también se ha acordado incorporar al texto una disposición adicional, a partir de una enmienda de EH Bildu, para incluir en los programas de formación de las Fuerzas de Seguridad del Estado, “nuevos módulos formativos sobre mediación y empleo de métodos adecuados como vía alternativa de solución de conflictos”. Según el texto, la mediación deberá ser el “estándar de trabajo [de los policías] ante la ciudadanía”.