El Defensor del Pueblo concluye que Interior incumplió la ley en la tragedia de la frontera de Melilla

El Defensor del Pueblo ha hecho públicas las primeras conclusiones de su investigación sobre los acontecimientos ocurridos el 24 de junio en la frontera de Melilla, cuando cerca de 1.700 personas intentaron atravesar el puesto fronterizo del Barrio Chino, que llevaba cerrado más de dos años. Ángel Gabilondo mantiene en una nota divulgada este viernes que aquel día, en el que murieron al menos 23 migrantes y refugiados, la Guardia Civil ejecutó 470 devoluciones en caliente “sin contemplarse las previsiones legales tanto nacionales como internacionales”. La cifra que aporta ahora el Defensor, transmitida por el propio ministerio a la institución, es muy superior a los 101 rechazos en frontera reconocidos oficialmente tras la tragedia.

Aquella jornada, un enorme grupo de personas, en su mayoría refugiados sudaneses, llegó de forma organizada al perímetro fronterizo con el objetivo de entrar en España. Iban pertrechados con palos para intimidar a los policías y mazos y una radial para forzar la puerta, lo que ha servido a las autoridades marroquíes y españolas para señalar la violencia del grupo y justificar el uso “proporcionado” de la fuerza de sus agentes. En el intento de traspasar la frontera se produjo una avalancha que dejó multitud de muertos y heridos, pero un grupo numeroso (e indeterminado) de personas logró entrar en territorio español. En una colaboración no tan habitual, agentes marroquíes entraron en Melilla para ayudar a la Guardia Civil a llevarse de vuelta a parte del grupo. Algunos de esos jóvenes, entrevistados en Rabat o Casablanca tras la tragedia, denunciaron ante EL PAÍS y otros medios españoles que eran refugiados y que estaban heridos cuando fueron retornados a lado marroquí, donde en ese momento las autoridades agredían a los migrantes y amontonaban personas, vivas y muertas, en una explanada contigua a la valla. Finalmente, 133 personas lograron saltarse el cordón policial y quedarse en España.

Tras conocerse las primeras conclusiones de la institución, Interior ratifica la cifra inicial de devoluciones, que llama “rechazos en frontera”, e insiste en que todas ellas se realizaron dentro de la más estricta legalidad. El ministerio vuelve a mostrar su respaldo al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en concreto, por los efectivos de la Guardia Civil, entre los que hubo 50 heridos aquel día. El departamento de Grande-Marlaska añade que “todas las solicitudes de protección internacional cursadas por las personas que accedieron a territorio nacional se están tramitando por los cauces legalmente establecidos en procedimientos con todas las garantías”.

Respecto a las devoluciones en caliente, Marruecos, que es quien debe aceptarlas, señala a España. “Marruecos no asume ninguna responsabilidad en las llamadas devoluciones en caliente. La responsabilidad es de las autoridades españolas y Marruecos no hace más que someterse a las consecuencias de un fenómeno cuya gestión ha demostrado sus limitaciones”, señalaba la diplomacia marroquí en una misiva enviada al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU el 9 de septiembre. La carta asegura que Marruecos —que en los últimos tiempos ha aceptado el retorno de grupos de migrantes que cruzaron irregularmente la frontera terrestre— se opone a la expulsión colectiva de extranjeros.

Faltan imágenes

La nota del Defensor, que no ha publicado su escrito original, señala que sus trabajos aún no ha terminado y sugiere que Interior no facilitó todas las imágenes disponibles sobre los hechos. La institución ha solicitado a la Secretaría de Estado de Seguridad la remisión de más vídeos grabados en el perímetro fronterizo que podrían ayudar a “aclarar algunos extremos”. Gabilondo llegó a quejarse públicamente el 12 de julio de que, más de un mes después del suceso, Interior aún no le había enviado las imágenes, que fueron grabadas por las cámaras de seguridad del vallado y un dron operado por la Guardia Civil. Esos vídeos, de hecho, no llegaron a la oficina del Defensor hasta el pasado 20 de septiembre, la víspera de la primera intervención oficial de Fernando Grande-Marlaska en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de los hechos. A pesar de las peticiones de diferentes grupos políticos, del PP a EH Bildu, Interior se niega a hacer públicas estas imágenes.

Tras el análisis de la documentación, el Defensor del Pueblo ha hecho varias “recomendaciones y recordatorios de obligaciones legales” a Interior “para que se evite la repetición de episodios similares en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla”. En primer lugar, ha recomendado al ministerio de Grande-Marlaska que desarrolle “con carácter urgente” un reglamento para realizar las devoluciones en frontera conforme a la ley. Aunque el Tribunal de Estrasburgo y el Constitucional no han condenado las devoluciones en caliente como un todo, el tribunal español sí estableció que debían ejecutarse de forma individual, bajo pleno control judicial y cumpliendo las obligaciones internacionales suscritas por España, que incluyen, entre otras, la no devolución de refugiados. En ese sentido, precisamente, la institución recomienda que se deje constancia escrita de que al extranjero se le ha facilitado información sobre protección internacional y de que se ha verificado que no es menor de edad o víctima de trata de seres humanos.

Más recomendaciones

Gabilondo, que inició esta investigación tras recibir la queja de varias ONG, pide también que se impulse la revisión de los protocolos de actuación que se activan con las autoridades marroquíes cuando se producen intentos de entrada irregulares en Ceuta y Melilla. Se refiere, en concreto, a que se refuerce un enfoque de derechos humanos “mejorando el trato que se dispensa a las personas que cruzan o tratan de cruzar las fronteras que separan los dos Estados”. Esto, entre líneas, viene a decir que cuando se reciba un aviso de un intento de cruce de estas características no solo se potencie la seguridad, sino que se refuercen los dispositivos de asistencia humanitaria y sanitaria.

Entre los recordatorios de deberes legales, la fórmula que usa el Defensor para advertir de que hay que cumplir la ley, se vuelve a insistir en que debe garantizarse el derecho a la integridad física y moral de los migrantes en la gestión fronteriza. Recuerda también que las fuerzas de seguridad del Estado deben impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, “cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral” y que sus agentes deben estar siempre identificados. En su comparecencia en el Congreso, Grande-Marlaska insistió en la actuación “serena”, “proporcionada” y “oportuna” de los agentes desplegados.

Además de futuras aportaciones del Defensor, la Fiscalía, la otra institución que tuvo acceso a las imágenes, también debe concluir su investigación sobre los hechos. Fuentes de esta institución reconocen desde hace tiempo las dificultades para avanzar en sus pesquisas, entre otros motivos, porque no se cuenta con el contenido de las autopsias supuestamente llevadas a cabo por las autoridades de Rabat a los fallecidos, pieza clave para determinar la causa y el lugar en el que se produjeron las muertes.